Centralizar todo en la Secretaría de Gobernación debilita la institución y a su titular. Es una condición de alto riesgo. A menos que sea estrategia para provocar el relevo del secretario en el corto plazo. Suena extraño que esto pueda suceder a un hombre con la experiencia del titular, pero sus declaraciones y actuación lo están llevando a un terreno que no tiene límites o, como diría Julio Scherer, a un mar sin orillas. A pesar de su esfuerzo institucional no se observa una diferencia operativa con respecto a los tres anteriores secretarios de Gobernación. Todos terminaron mal.
Sacar de la agenda estratégica el asunto de la inseguridad no mitiga su impacto, más bien muestra al gobierno y al gabinete de seguridad, perdidos en un camino sin brújula, sin rumbo. La responsabilidad no es de una instancia ni de un funcionario en particular, es una acción que obligadamente tiene que ser compartida. Sin embargo, la actuación recae en dos protagonistas: Gobernación y el
Ejército Mexicano.
El saldo de la actuación gubernamental es negativo y no es algo que se pueda revertir con estadísticas, eso hicieron los funcionarios del gobierno anterior y terminaron repudiados por la ciudadanía, al grado que las elecciones las ganaron quienes están ahora al frente del gobierno federal. A qué se refiere el secretario cuando dice que ahí están las estadísticas; será que supone que la seguridad va mejorando porque en diciembre murieron 1,139 personas, en enero 1,104 y en febrero 914 a manos del crimen organizado. Esa es una reacción a la voz de pronto, para salir al paso, pero lo mete en callejón sin salida.
En principio, la estrategia carece de un punto fundamental para que tenga ciertos niveles de certeza, que es tener una estrategia de comunicación hacia la población, que le diga que el problema es profundo y grave y que no tiene solución sencilla ni en el corto plazo. No hacerlo, es asumir los errores del sexenio anterior, cargar con el saldo negativo de seis años de una lucha, tal vez honesta, pero con una percepción que sirvió para nada. Tanta sangre, tantos miles de vidas segadas derrotaron moralmente al país. Los resultados fueron contrarios al gobierno que, según parece, fue vencido por la criminalidad. La falta de estrategia hace que todos declaren, que todos quieran decir algo, salir en la Tele, ser escuchados en la radio o estar citados en la prensa. Eso termina en trivialidad.
La otra acción es combatir al cártel de los gobernadores que se limitan a observar, callar, ver pasar las cosas, venir a las reuniones nacionales, echar rollo, quejarse de que no tienen recursos y volver a sus estados y evitar implementar las medidas que acaban de acordar. Eso lo sabe el secretario y no puede quedarse con las manos cruzadas, cuando aquellos preparan su salida hacia una diputación federal o una embajada. Vendrá otro y harán lo mismo, porque es una estrategia que les funciona. No es una relación de cuates, porque varios de ellos fueron sus compañeros gobernadores o fueron piezas clave en las elecciones para ganar la presidencia de la República; no, está en juego la estabilidad del país, la paz social y evitar un conflicto mayor al que ya se vive.
Quitar a un secretario porque no logró modificar los niveles de seguridad no es únicamente mover a un funcionario; es incrementar la debilidad institucional del gobierno en su conjunto. Paradójicamente, quienes más contribuyen a esta disyuntiva son los gobernadores y sus municipios. Nada se mueve en sus entidades sin que lo sepan, sin que se tenga su venía, y no puede ser diferente en el ámbito de la seguridad.
Mientras el secretario de Gobernación trata de dar certeza a la estrategia de seguridad, en Chihuahua matan a un empresario y cuatro de sus colaboradores, atacan a medios de comunicación, ejecutan a un periodista, otro diario tiene que renunciar a su labor informativa por falta de garantías hacia su trabajo. En consecuencia, surgen las declaraciones justificadamente en contra. Según el director de Amnistía Internacional ((AI), el ataque a los medios no son nuevos, son ataques que se quedan en la impunidad. Es una falta de acción de la autoridad. La policía no está capacitada para llevar a cabo investigaciones efectivas. Y termina diciendo que en
México no hay justicia.
Mientras el secretario declara surgen los grupos de autodefensa ─por no llamarlos paramilitares─ en Michoacán, Morelos y Guerrero. La respuesta en Michoacán fue detener a 51 miembros del grupo armado y enviarlos a penales lejos de su tierra, para evitar la presión de los pobladores y para inhibir a los seguidores de este tipo de acciones. La misma receta con los mismos resultados. Lo malo es que en su equivocada reacción, los civiles están debilitando más la ya deteriorada imagen del Ejército Mexicano que tiene que hacer labores de concertación social, cuando eso es tarea de las áreas de operación política de los estados, los municipios, incluso de la autoridad federal, pero nunca de los militares.
De manera lamentable, los acontecimientos de Michoacán y Guerrero pusieron en evidencia al Ejército, un grupo minoritario de personas los colocó peligrosamente contra la pared, los rebasó y pudo terminar en una desgracia mayor. Vale preguntarse ¿Y los gobernadores? Del estado de Tamaulipas mejor ni hablamos. Es una entidad que desde hace mucho carece de gobierno, de autoridad, y ha inaugurado el cargo de administrador estatal y administrador municipal, porque la función de gobernar la tiene el crimen organizado.
En Jalisco, el gobernador recién llegado pasó su primer trago amargo. El nueve de marzo acribillaron a su secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, cuando circulaba por la avenida Acueducto de la ciudad de Guadalajara; además registró su primera fuga de reos de la cárcel municipal de Colotlán, ubicada en los límites con Zacatecas.
En Coahuila, el gobernador está más preocupado por desvirtuar la atención al endeudamiento que dejó el gobernador anterior que en solucionar los problemas de la violencia. Ya es algo común, reportar asesinatos o ejecuciones; del asombro se ha pasado a la resignación. Uno de ellos se vivió el siete de marzo cuando fueron encontrados los cuerpos de cinco personas asesinadas en Saltillo, tres de ellas colgadas en un puente. Lo más lamentable es la violencia registrada en contra de las mujeres: de enero de 2012 a febrero de 2013 han sido asesinadas 126. En la zona de La Laguna se concentra la mayor cantidad de los homicidios con 88 casos, seguido de Saltillo con 21. Se estima que cada mes fueron asesinadas 9 mujeres en ese periodo. Por si algo faltara, el diario local El Zócalo renunció a publicar información acerca del crimen organizado por carecer de garantías, para ejercer su labor periodística.
Para cerrar el complejo escenario en el que se mueve el secretario de Gobernación si tiene que agregar lo declarado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Según esto, en los primeros cien días de gobierno del presidente Peña, el Ejército Mexicano ha detenido a 2 mil 37 personas, se han asegurado más de 3 mil armas, de las cuales 2 mil 357 son armas largas, mil 106 son cortas. Además se han confiscado 392 granadas, 7 aeronaves, 10 embarcaciones, 2 mil 670 vehículos terrestres. ¿Y esto es mucho, poco, mejora o ha contribuido a la seguridad?
Siguiendo con el conocido guión de la obra de sexenio pasado, el informe continúa con lo mismo: también fueron asegurados más de 4 millones de pesos, más de 580 mil dólares americanos; se destruyeron 29 laboratorios de drogas sintéticas y 58 pistas clandestinas localizadas en diversos puntos del territorio nacional. Las cifras son conocidas, son datos que no dicen nada a la sociedad, misma que sigue lamentando la falta de respuesta de la acción del Estado.
El conjunto de los acontecimientos registrados en el orden nacional no contribuyen a las declaraciones del secretario. Son realidades que escapan a su ámbito de control. La implementación de las acciones están sujetas a al arbitrio de los señores gobernadores, y pueden o no coincidir con lo esperado por la autoridad federal. Ellos tienen una preocupación central que se limita a resolver el problema de la deuda de sus entidades y municipios, lo demás está en veremos y, mientras no afecte su espacio de control y carrera política, se mantendrán en la esquina del disimulo.
En el sexenio pasado tenían un pretexto y una estrategia electoral para no atender el llamado del presidente de la República, pero ahora ¿Cuál es la razón de no actuar?, ¿Será debilitar al Secretario?
