WASHINGTON, EU.- Varios gobernadores estadounidenses anunciaron este martes que cancelan sus aportes a la militarización de la frontera con México con la Guardia Nacional ordenada por el Gobierno de Donald Trump por la política de separar familias detenidas.
Aunque la mayoría de estos gobernadores son demócratas, como los de Connecticut, Delaware, Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Virginia o Rhode Island, también hay algunos republicanos, como el de Massachusetts, Charlie Baker, o el de Maryland, Larry Hogan.
Tanto Baker como Hogan, republicanos en estados de tradición demócrata, se presentan este noviembre a la reelección.
“Esta mañana, he ordenado a nuestros cuatro efectivos que regresen con el helicóptero desde donde están en Nuevo México”, indicó Hogan.
“Hasta que esta política de separar a niños de sus familias haya sido rescindida, Maryland no desplegará recursos de la Guardia Nacional en la frontera”, añadió.
El gobernador de Virginia, Ralph S. Northam, también ordenó el regreso de cuatro guardias y un helicóptero mientras que Baker suspendió en envío de un helicóptero y dos militares.
Los anuncios fueron en su mayoría simbólicos, ya que estos estados o no planeaban enviar grandes contingentes a la frontera o ya habían optado por no colaborar con la militarización ordenada por Trump desde antes.
“En circunstancias normales, no dudaríamos en responder a la llamada, pero dado lo que sabemos sobre las políticas en efecto en la frontera, no puedo enviar a los delawereños a colaborar en esa misión”, dijo por su parte el gobernador de Delaware, el demócrata John Carney.
Trump ordenó a principios de abril la militarización de la frontera con México con hasta 4.000 efectivos de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva bajo control de los estados, para combatir la inmigración.
El estado que más ha contribuido a ese esfuerzo ha sido Texas con unos 1.400 uniformados.
Otros gobernadores republicanos también alzaron sus voces para oponerse a la separación de familias en la frontera, como el de Nebraska, Pete Ricketts; el de Florida, Rick Scott; o el de Illinois, Bruce Rauner, que pidió a Trump su suspensión.
El Gobierno de Trump reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo.
