TOLUCA, Méx.- Cinco personas, aprehendidas por Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el municipio de Toluca, fueron vinculadas a proceso luego de que el Representante Social de esta Institución acreditó su probable participación en el delito de robo con violencia.
Los probables delincuentes fueron identificados como Erika “N”, Verónica “N”, César Arturo “N”, Ángel “N”, y Luis “N”, quienes fueron asegurados mediante distintas acciones realizadas por personal de esta Fiscalía estatal.
Por lo que hace a Erika “N”, Verónica “N”, y César Arturo “N”, la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez determinó iniciar un proceso legal en su contra, después de que el Ministerio Público acreditó su probable participación en un asalto a los pasajeros y chofer de una unidad de transporte público.
Los hechos se registraron en calles de la colonia Cultural, en la ciudad de Toluca, donde estas personas abordaron una unidad de transporte público, presuntamente amagaron con cuchillos y réplicas de armas de fuego a los usuarios, a quienes despojaron de sus pertenencias.
Luego de cometer el robo, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga, sin embargo fueron detenidos e ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien los vinculó a proceso y les fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación.
De igual forma el Agente del Ministerio Público acreditó la probable participación de Ángel “N” y Luis “N”, en el delito de robo con violencia a transporte público, ilícito por el que la Autoridad Judicial los vinculó a proceso.
Ambos sujetos presuntamente abordaron un vehículo de transporte público, en la Avenida Paseo Tollocan, esquina con isidro Fabela, amenazaron con armas de fuego a los pasajeros y después les robaron sus pertenencias.
Ambos individuos fueron aprehendidos por personal de la Fiscalía estatal e ingresados al Penal de Almoloya de Juárez, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien inició un proceso legal en su contra, y les fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación.
A los detenidos se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
