TOLUCA, Méx.- Más allá del impacto de la tecnología en la investigación de un delito, el verdadero reto de la instancia de impartición de justicia en el país está en cómo procesar esos datos para introducirlos en la vía judicial de manera lícita, consideró el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.
En su ponencia “El Uso de la Tecnología en la Investigación Judicial”, en el marco del Sexto Seminario de Seguridad Interior, Ciberseguridad y Manejo de Emergencias, el Fiscal habló sobre el impacto de la implementación de tecnologías en los procesos judiciales.
Para ello, ejemplificó con dos casos, los saqueos por el llamado “gasolinazo” a principios de 2017 y de extorsión a través de redes sociales, cosas que han apoyado en el tema de prevención, persuasión y la detención en flagrancia de los probables responsables.
“No sólo pensemos en mejorar cada día más la parte tecnológica y la parte de cómo obtener esa información de carácter cibernético, de meternos al tema de ciberseguridad, pensemos también en cómo esa información la podemos introducir lícitamente al juicio y cómo nos va a ser útil en la parte del procedimiento penal”, consideró.
Para Gómez Sánchez también se debe ampliar la competencia de las autoridades locales en casos donde se apoyen del uso de la tecnología, para agilizar procesos y realmente combatir a probables delincuentes que se escudan o utilizan las redes sociales para cometer sus fechorías, pero siempre respetando los estándares de legalidad.
“La obtención de información según los criterios judiciales, de carácter cibernético, debe cumplir ciertos estándares de legalidad. Debe respetar los derechos humanos, si es una fuente abierta o de acceso público se puede extraer por la policía de investigación o por el perito, si se trata de una comunicación privada, incluso en una red social, se debe solicitar una autorización judicial, la debe recabar un experto, debe existir el registro de la forma en que se obtuvo la información y su origen”, agregó.
