Lo visto en los últimos años en México, sobre la presencia y forma de actuación del crimen organizado, es un reflejo de la ausencia del gobierno o una reacción tardía. De ahí la importancia de tener información comparada, sobre el camino recorrido en países que han luchado contra de esas organizaciones criminales.
En esta ocasión vamos a presentar algunos resultados de las investigaciones realizadas por Jean-Francois Gayrud publicadas en su libro: el G 9 de las Mafias en el Mundo. Geopolítica del crimen organizado. El autor nos dice que “el crimen organizado ha abandonado la marginalidad y se ha instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos. El mundo de las mafias es el mundo del dinero, el poder y el secreto. Este salto cualitativo de la marginalidad al centro nos obliga a plantearnos una revisión desgarradora: el Estado ya no es la única institución que ejerce el poder coercitivo y de influencia en el mundo moderno. Las mafias se han convertido en auténticos poderes”.
Por ello, se pregunta algo que difícilmente se acepta -o se reflexiona en secreto-: ¿No nos encontramos también ante democracias criminalizadas o mafiosas? Por poco, que rasquemos en la corteza de las elecciones celebradas en el sur de Italia, o en Albania o en Japón, descubriremos inquietantes actores criminales, ocultos en la sombra, que manipulan a los candidatos elegidos por el pueblo y, por tanto, la democracia.
No se acepta en México -o el Estado ha sido incapaz de obtener datos duros que así lo demuestren- pero Gayrud puntualiza que: “en algunas regiones del mundo es impensable ganar las elecciones o conseguir un contrato importante si se ignoran las relaciones de fuerza reales. Los tradicionales actores políticos (electores y partidos) y económicos (accionistas y agentes sociales), deben cohabitar con nuevos interlocutores sin escrúpulos, acostumbrados a moverse en la sombra”. La constante parece ser que “el auténtico peligro de hoy es aquello que no se ha visto o no se ha querido ver, que se ha subestimado o no se ha creído.” En contra de los que podríamos pensar, la realidad no se oculta, somos nosotros los que la negamos.
En ese contexto, es imposible avanzar en contra del crimen organizado si la autoridad no reconoce el tamaño verdadero del problema al que se enfrenta y, lo que es más complejo, si no tiene una estrategia de comunicación que así lo haga sentir a la población. Hechos lamentables como el asesinato de los migrantes en Tamaulipas no son aislados; más bien forman parte de lo cotidiano, en un país donde la mayoría de las instituciones, que tienen esa responsabilidad, simulan desconocer lo que pasa, o forman parte de la corrupción que los hace cómplices de los grupos criminales.
El quitar a un responsable en turno sirve de poco frente al agravio social que constituye el brutal asesinato de migrantes que cruzan nuestro territorio, desde la frontera sur del país. El hecho que es necesario ver es si el Estado Mexicano tiene una política migratoria que garantice un trato digno y de respeto a sus derechos humanos a los migrantes que cruzan el territorio nacional. No podemos exigir respeto a los Estados Unidos en el trato con los migrantes mexicanos y hacer oídos sordos a las quejas recurrentes de los migrantes de centro y sudamericanos.
Tal vez estamos en la etapa de aceptar que, en palabra del autor: “La mafia se ha instalado y ha echado raíces profundas en el corazón de las sociedades modernas. Una vez pasado el periodo de incredulidad, llega la toma de conciencia. Por lo general esto sucede demasiado tarde”. Lo complicado para México es que los actores políticos eluden su responsabilidad institucional, buscando en quién descargar la culpa o la mejor manera de postergar la toma de decisiones; sin embargo, se tiene que plantear una y otra vez que “si el Estado, por ceguera o por pereza, durante mucho tiempo no ha actuado contra la actividad mafiosa, su reacción tardía tendrá que limitarse a combatir los fenómenos criminales periféricos, pues la raíz del problema se encontrará fuera de su alcance”. Eso es lo que nos ha pasado y es el círculo donde giramos y giramos. Mientras la violencia ahí sigue y tiende a someter a la autoridad local y, por tanto, a la sociedad.
No sabemos hasta dónde es el grado de control de los grupos criminales sobre los gobiernos locales y sobre las instituciones encargadas de la seguridad pública; para el caso, el autor pone como ejemplo el poder de la delincuencia organizada en la conformación del poder público. En Italia, “aunque es difícil demostrar la existencia de un acuerdo electoral formal entre (el partido político) Forza Italia y la Cosa Nostra, es evidente que la Organización (criminal) recomendó el voto de las listas de Berlusconi. Cuando menos, ese nuevo partido era percibido como no hostil por parte de los mafiosos, tanto de Sicilia como de Apulia (Puglia), Campania y Calabria”.
Siguiendo con el caso italiano, en 1991, la manipulación de la organización criminal y el control ejercido sobre la autoridad constituida legalmente, por parte de la Ndrangheta “dio lugar –de forma involuntaria- al famoso “decreto Taurianova”, que lleva el nombre de una localidad de Calabria donde todo el gobierno municipal estaba acusado de colaborar con esta organización. Dicha norma faculta(ba) al presidente de la República para disolver, por medio de un decreto, a administraciones locales cuyos representantes tengan vínculos directos o indirectos con entidades mafiosas, o cuyo funcionamiento dentro de la legalidad se encuentre amenazado. La infiltración mafiosa entre las autoridades locales es muy profunda: de 1990 a 2003, al menos 24 gobiernos municipales fueron disueltos a causa de sus relaciones con la Ndrangheta”.
Tal vez una medida así sería necesaria para aliviar un poco la lamentable situación de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua, pero nuestra realidad política prácticamente la hace imposible.
Por cuanto a la organización conocida como la Camorra el autor nos comparte que “ha sabido infiltrarse en todo el tejido social de Campania. Está presente en los sindicatos, los cuales desempeñan un papel fundamental en una región afectada por un paro y una pobreza estructural. Domina la clase política hasta el punto de que no puede ganarse ninguna elección sin su ayuda en las zonas bajo su influencia. La probada capacidad de la Camorra para cambiar de signo un gran número de votos convierte a esta entidad criminal en un auténtico interlocutor político. Además, cuenta con sus propios candidatos y da la aprobación a los demás”.
Sigue el autor “la Camorra es un importante inversor en el sector inmobiliario, el turismo o la agricultura. El dominio casi completo de las actividades criminales regionales y su inmersión en la economía legal de Campania explican la popularidad y la dependencia de la Camorra de una franja significativa de la población. En 1990, sólo el tráfico de drogas daba trabajo a 25 000 mil personas en la región de Campania. Esta Mafia es el principal creador de empleo de la región, miles de puestos de trabajo dependen de ella. En concreto, cifras de la policía, se estima que entre 80 000 y 100 000 personas trabajan para la mafia napolitana, de forma directa o indirecta. Por ese motivo, un gran sector de la población no entiende la Camorra como en fenómeno negativo sino como la expresión de una sana rebelión frente a un Estado ineficaz y corrupto. No se considera una entidad externa a la sociedad napolitana, sino un fruto de su propia naturaleza”.
Desconocemos hasta dónde han llegado los grupos de narcotraficantes en México ni conocemos el nivel de infiltración en las actividades productivas o sus vínculos con las actividades lícitas, pero si tenemos la certeza de que existen y que la manipulación de la información es su mayor ventaja. Están cubiertos y a buen resguardo por la corrupción que rodea su actuación y la impunidad que ampara su presencia tan dinámica.
Es conveniente cerrar con el análisis que hace Jean-Francois de Albania donde “se estima que la mafia esta introducida en los centros de poder político y económico del país… un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, publicado en 2004, dice: “la impunidad y libertad de acción de que goza la criminalidad organizada –propiciadas por la debilidad de la Administración y de la ineficacia del sistema judicial- constituyen no solo una amenaza para el orden público sino también para las perspectivas económicas y la estabilidad política del país”… Por su parte, el jefe de la policía de Tirana, Pjerien Ndreu, señala que en 2003: Tanto los responsables políticos como los altos funcionarios administrativos y judiciales han amparado abiertamente a los traficantes (de droga) y han facilitado el blanqueo de dinero procedente del crimen, lo que supone una considerable amenaza para el desarrollo de una auténtica economía nacional. Después de haber blanqueado el dinero, los traficantes intentan blanquear su reputación mediante la participación en política o la compra de medios de comunicación. La infiltración del crimen organizado en la vida política y en los medios de comunicación dificulta profundamente la tarea de la justicia. Esta complicidad entre mafiosos y políticos albaneses quedó demostrada en el verano de 2004, cuando diputados de todas las tendencias se opusieron a la adopción de leyes sobre la creación de unidades especiales de policía para luchar contra el crimen organizado”.
Lo mejor es aceptar la complejidad del problema, asumir la responsabilidad histórica que tienen los líderes políticos y dejar a un lado la mezquindad de la lucha por el poder, con el único propósito del quítate tú para ponerme yo. Es momento de que el Estado actúe y utilice los medios con los que cuenta para garantizar que el Estado de derecho prevalezca como el valor supremo de nuestra democracia, misma que le da vida al ejercicio del Poder público.
Norberto Hernández Bautista, ex presidente Consejero del IEEM
