Los asesinatos recientes de jóvenes en Chihuahua, Nayarit y Tijuana, Baja California son agravios en contra del país. Las ejecuciones recientes de jóvenes son muestra tangible del riesgo que vive la convivencia social en México. Si a esto sumamos los videos donde los criminales toman “declaración” a detenidos de grupos rivales, el resultado es la desmoralización social. Se está minando la confianza en la autoridad, su lugar lo está ocupando la desesperación y la resignación que emana de la impotencia.
La violencia se ha recrudecido. Los intentos por coordinar los esfuerzos institucionales no han logrado bajar la violencia; los asesinatos son cometidos con mayor crueldad, particularmente en contra de jóvenes, mientras la autoridad debate si la competencia recae en uno u otro ámbito de gobierno y en frases que por simples y repetidas resultan vanas. Decir que “rechazamos enérgicamente”, que “nos sumamos al dolor de las familias que han perdido a un hijo”, que “estamos integrando las averiguaciones”, que “no quedará impune ese acto deleznable” no tiene ningún sentido. Incluso, recurrir al señalamiento reiterativo de que la estrategia no funciona es ya una ocurrencia y no una crítica que sirva para cambiar lo que no está dando resultado. Sería importante saber cuál es la propuesta, qué no sirve de la estrategia y qué debería ser modificado.
Las familias lloran la pérdida de sus hijos, de sus seres queridos y en respuesta reciben declaraciones que demuestran la complicidad de funcionarios. Válidas o no, por el método en que son realizadas, las confesiones divulgadas en videos son un duro golpe a las instituciones públicas responsables de brindar seguridad, pero su efecto más grave y desalentador es en la moral de la población. La sospecha se confirma, la corrupción es el pilar más sólido en la estructura criminal; ahí se soporta y se hace fuerte. De poco sirve el reclamo social frente a la capacidad corruptora de la delincuencia organizada.
Al respecto, Sergio Ferragut señala que “el negocio de las drogas ilícitas está impulsado por grandes sobornos… ¿Y qué mejor forma de asegurar un viaje tranquilo que pagar salvoconductos por adelantado? ¿Y qué impide que el traficante de drogas haga arreglos de antemano con las autoridades a lo largo del camino para asegurar un paso seguro? ¡Nada!… En el proceso, la moral de la sociedad se debilita y la sociedad como un todo se vuelve frágil, incapaz de enfrentarse eficazmente con ésta y otras enfermedades. La corrupción impulsada por el comercio de drogas ilícitas inflige un daño severo a la sociedad”[1].
El asesinato de jóvenes ha causado indignación en la opinión pública; sin embargo, nos debe preocupar más la indignación en contra de la autoridad por su falta de capacidad en tomar decisiones conjuntas, ante un conflicto que está rompiendo el tejido social. Seguir en la dinámica de los monólogos -como salvoconducto para alejarse de la toma de decisiones- está rebasando la línea que nos pone más cerca del conflicto social. Sin proyecto de Nación, a doscientos años de su independencia, sin proyecto educativo y una población mayoritariamente integrada por mexicanos pobres, donde los jóvenes carecen de oportunidades de empleo y de desarrollo, el gobierno enfrenta su mayor disyuntiva: el atractivo del poder del crimen organizado como sector de ocupación de los jóvenes.
Los acontecimientos recientes nos demuestran que los cárteles mexicanos han adquirido un poder sin precedentes y eso está provocando la ingobernabilidad de varios estados y municipios del territorio nacional; hecho que hace más evidente la crisis que venimos padeciendo. No olvidemos que en Argentina, entre los años 2001 y 2002, salió la sociedad, mayoritariamente mujeres, a protestar por la crisis económica, el desempleo, la inseguridad y la corrupción con la única exigencia de “que se vayan todos” en clara alusión a la incapacidad de la clase política y los gobernantes en turno. Y, así cayeron varios presidentes y ministros del gobierno argentino.
En pocos años, las organizaciones de tráfico de droga mexicanas lograron colocarse entre las más importantes. Primero a cambio de dinero en efectivo por introducir droga (cocaína de Colombia) a los Estados Unidos; “pero al inicio de los 90’s los carteles colombianos empezaron a pagarles con cocaína, lo cual permitió a los carteles mexicanos crear sus propias redes de distribución en los Estados Unidos e incluso dentro de México… Desde hace dos décadas, esas organizaciones se han convertido en grupos multinacionales de criminales integrados verticalmente… Sus principales mercados para la coca no están solo en Estados Unidos también en México y aún más lejos en Europa. A pesar que su principal negocio es la cocaína y más recientemente las anfetaminas, estos grupos también han crecido en otras actividades criminales que incluyen el tráfico humano, el secuestro y la extorsión”[2].
El reto de impulsar un acuerdo político para combatir a las organizaciones criminales no es tarea sencilla porque “México es actualmente el punto de tránsito para al menos 60%, y tal vez hasta 90%, de la cocaína que ingresa a EUA… De hecho, sus abundantes recursos financieros colocan a las organizaciones criminales muy por encima de las autoridades mexicanas y les permiten competir de manera eficaz con los recursos disponibles a la DEA y otras agencias de EUA”[3].
La violencia que se deriva de la lucha entre grupos criminales tiene que considerarse con la mayor seriedad por las autoridades y, si bien cada país tiene la responsabilidad de actuar con sus medios y recursos, siempre será positivo ver lo que ha pasado en países como Rusia, Italia o Colombia y hacer menor la espera de la población por vivir con mejor seguridad.
Lo que México enfrenta ahora es similar en muchos sentidos a la que confrontó Colombia hace 20 años. Según Robert C. Bonner, “en 1990 dos poderosos cárteles de la droga, en Cali y Medellín, dominaban el comercio de la cocaína en el mundo. Ambos cárteles se conformaron de tres o cuatro grandes organizaciones criminales cada una con su “capo” y estructura organizacional. Los cárteles escondían sus propios laboratorios de cocaína en regiones de la selva donde insurgentes les sirvieron para su resguardo, grupos rebeldes como las FARC quienes a cambio obtenían financiamiento. En zonas urbanas los cárteles trabajaban sobornando policías, políticos y jueces. Todos aquellos que no se dejaban sobornar eran intimidados, los cárteles amenazaban con matarlos y a sus familias y frecuentemente lo hacían”.
Para evitar que la moral social se siga deteriorando es oportuno encausar los esfuerzos institucionales en elaborar líneas de acción concretas en tres vertientes de arranque: 1) comprender que la violencia derivada del crimen organizado requiere de la coordinación de acciones de carácter internacional que van desde combatir el consumo y no exclusivamente el tráfico; es decir la violencia que padecen las familias y jóvenes en Chihuahua, Nayarit y Baja California merece una medida de carácter multinacional.
2) Seguir con el combate a los cárteles para debilitarlos, acompañado de una política social que incluya la modernización del sistema educativo; políticas de generación de empleo a jóvenes, tanto estudiantes como a los menores de 30 años. Y, desde luego, impulsar un sistema de salud que prevenga y atienda el consumo de las drogas ilícitas. Esto es, pasar de la acción meramente punitiva a una política pública integral que atienda la emergencia que se observa en el país.
3) El sistema de justicia tiene que recuperar su capacidad de aplicar la Ley, protegiendo a los jueces, garantizando su seguridad y depurando la corrupción e impunidad, que lo ha subordinado a un objetivo contrario a la administración de justicia.
Vale compartir lo expresado por el Señor Bonner, “la aplicación de la ley y las instituciones judiciales fueron agresivamente reformadas. Lograr el éxito futuro requería de la capacidad e integridad de la policía y de las instituciones judiciales, permitiendo que los criminales fueran capturados procesados y condenados. Antes de esas reformas los jueces colombianos vivían con miedo, cientos de magistrados fueron asesinados cuando no sucumbían al soborno… México como Colombia podría proteger a sus jueces y testigos de la corrupción y la intimidación. Por otra parte la policía colombiana trabajó en contratar oficiales mejor preparados, pagarles más, rotar al personal e introducir el concepto de asuntos de investigación interna. Las leyes colombianas cambiaron para permitir el procesamiento por conspiración, lavado de dinero y permitir el uso de intervenciones telefónicas legalmente para ser usadas en la corte”.
El asesinato de los jóvenes no puede pasar como un hecho más en la difícil situación por la que pasa el país. No tiene que reunir expresiones absurdas que justifican el fracaso institucional. Por el contrario, debe ser un motivo para tocar las fibras más sensibles de los políticos por convicción y vocación, no de aquellos que lo son por ocasión o por negocio. Actuemos en bien de México porque al hacerlo también lo hacemos por la dignificación de la política.
*Ex Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México.
[1] Ver. Sergio Ferragut. Una Pesadilla Silenciada. La esencia y el desafío de las drogas ilícitas. Páginas 115 y 116.
[2] Foreign Affairs. July/August 2010. The New Cocaine Cowboys. How to defeat Mexico´s Drugs Cartels.Robert C. Bonner. He was Administrator of the U.S. Drugs Enforcement Administration from 1990 to 1993 and Commissioner of U.S. Customs and Border Protection from 2001 to 2005. Páginas 35 – 47.
[3] Op. Cit. Página 106.
