Es fundamental reflexionar sobre el futuro del Estado de México. La oportunidad es histórica, sobre todo por la contundencia de la victoria electoral del candidato ganador. Es un bono democrático que no se puede desaprovechar. Ya es una realidad la alternancia del poder político en México, las instituciones electorales gozan de un marco legal suficiente para preparar, organizar y celebrar procesos electorales sin mayores contratiempos, que pongan en riesgo la transmisión del poder público.
Sin duda, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Federal Electoral (IFE) requieren reformarse para afrontar los retos de la nueva competencia electoral. No es una iniciativa menor, que debe resolverse en el corto plazo. Aceptando como válida esta consideración, el órgano electoral estatal dio muestra de su capacidad operativa; mientras los partidos se aplicaron para ganar la confianza de los electores, provocando un resultado inédito en el devenir de la competencia política en el estado y un tema complejo para el análisis político nacional.
La competencia cívica del 3 de julio del 2011 ha quedado superada, ahora es el momento de pasar al debate sobre las obras y acciones que necesita el Estado de México para su desarrollo y crecimiento económico. Ese es el reto del candidato ganador, que tiene en sus manos la oportunidad de impulsar las reformas necesarias y procedentes, para que la acción de gobernar sea promotora e integradora de la acción de los particulares, de los empresarios, de la sociedad organizada y de los jóvenes que reclaman oportunidades de presente y futuro.
La legitimidad del triunfo electoral es una responsabilidad que exige superar el aislado protagonismo del gobierno, del gobernante, para dar inicio al ejercicio de un gobierno incluyente y sensible al reclamo de la mayoría. Se va a gobernar a una sociedad plural, crítica, que se moviliza y reclama; por eso la necesidad de abonar para que las opiniones fluyan con plena libertad para diferir, encontrar los puntos de coincidencia y construir las decisiones con mayor responsabilidad pública.
En el México de la alternancia política, hemos visto como se marchita la democracia como una forma de gobierno útil para encausar las reformas necesarias para superar la desigualdad, la pobreza y la marginación. El saldo es negativo. Lo que se percibe es un desencanto por la democracia y, ante la corrupción y la impunidad, un rechazo a las instituciones de gobierno y los gobernantes por tanto atropello e injusticia en contra de los ciudadanos. De ahí la relevancia que tiene el nuevo gobierno del Estado de México que entrará en funciones a partir del 15 de septiembre.
No cometamos el mismo error de las elecciones del año 2000. Se pensó que la victoria electoral del Partido Acción Nacional (PAN) y de su candidato Vicente Fox Quezada era la ocasión para iniciar con las reformas urgentes que marcaran el inicio de un nuevo horizonte para los mexicanos. Se pensó que se abría el camino para transitar hacia los cambios estructurales necesarios para resolver los grandes problemas nacionales. Lamentablemente las reformas nunca llegaron y el país siguió en su dinámica de simular que se avanzaba, sin impulsar la reforma del Estado Mexicano. El Presidente Vicente Fox demostró que no era un político preparado para ser presidente, que carecía del conocimiento de la vida pública. Fue un buen candidato, franco, directo, sin la demagogia característica de los políticos tradicionales, pero fue un mal presidente.
La desilusión fue grande. El capital político ganado se diluyó y no surgió el liderazgo de un hombre con visión de Estado que lograra dar forma y comunión al necesario apoyo político de los partidos, empresarios, organismos no gubernamentales, investigadores, académicos, medios de comunicación y a las distintas expresiones religiosas. No hubo propuesta para el país, por lo tanto, no existió el cabildeo que derivara en apoyo de un nuevo proyecto de Nación.
No se logró lo que la sociedad esperaba de un gobierno que nació con fuertes niveles de legitimidad, superiores a los surgidos de las elecciones de 1988 y 1994. El primer presidente de la alternancia en la historia del país tuvo el apoyo incondicional de los ciudadanos, ganó con los votos que en otros procesos fueron de la oposición de izquierda, pero no entendió su significado ni le dio la trascendencia que merecía.
Se trataba de pactar con el adversario, de buscar a la izquierda y derecha para sumarlos a un gobierno de coalición. Carlos Fuentes apunta, “en todos los aspectos de la política hay que hacer concesiones para obtener buenos resultados y creo que esto le faltó a Fox: no ejerció la política, es decir, el gobierno de la polis lo dejó vagar; fue un gobierno holgazán. Dejó pasar el momento histórico”. Faltó experiencia, superar la mezquindad, el revanchismo y se careció de la voluntad política para impulsar las reformas para el nacimiento de un nuevo país más democrático, competitivo y menos desigual.
Este es el reto a superar en nuestra entidad. El peso de la legitimidad ganada es mayor al triunfo electoral en sí mismo. Es un bien, un plusvalor o cualidad de la democracia que en contadas ocasiones se logra; un ejemplo de ello, es lo ocurrido en México con la llegada del Presidente Fox, el arribo del Presidente Felipe González en España o la llegada del Presidente Barack Obama en los Estados Unidos; del mismo Cuauhtémoc Cárdenas cuando ganó las elecciones en el Distrito Federal en 1997. Con todo, es un aspecto de corta duración si no se utiliza con oportunidad. Nadie pide -porque nadie lo supone así- que las cosas cambien en el corto plazo, lo que se reclama es ser tomado en cuenta, ser escuchado para que las exigencias o lo impostergable tenga un lugar en la agenda de gobierno, que tenga presupuesto para que sea realidad la demanda social.
Es prioritario gobernar para los ciudadanos, los vecinos de la entidad. Es importante que la legitimidad brinde un mayor sentido de pertenencia a los mexiquenses hacia su gobierno, que marque la diferencia con los demás estados. Asignar el presupuesto gubernamental es una atribución de los diputados en el orden federal y local, es su responsabilidad legal, pero definir las obras y acciones debe ser una decisión que incluya la opinión de las familias, que merecen la atención del gobierno.
Los compromisos hechos en campaña se tienen que cumplir como un elemento básico de credibilidad hacia la política y al político que empeñó su palabra cuando fue a pedir el voto; sin embargo, son una parte de los retos que enfrenta el Estado de México para lograr superar los obstáculos que condicionan su crecimiento económico. Los tres candidatos coincidieron en el problema de la seguridad, mejorar el transporte público, mejorar la calidad educativa e impulsar las medidas necesarias para el crecimiento de la industria, atraer nuevas inversiones y la generación de empleos. Eso es ya una coincidencia de los tres políticos que estuvieron en contienda. Por lo tanto, las coincidencias debe ser el punto de partida para integrar la agenda pública de corto, mediano y largo plazo.
Existen obras y acciones que deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados desde el primer periodo de sesiones, una vez que tome posesión el nuevo gobierno. Se tiene la experiencia para ello y, lo más importante, cada unidad administrativa cuenta con el catálogo de obras prioritarias que requieren atención presupuestal. Habrá mil y se tiene para cien, pero las cien deben ser las que reúnan los criterios mejor valorados para ser incluidas en la agenda sexenal. La decisión ya no está en manos únicamente de los partidos sino de todos los sectores que merecen atención a sus opiniones. Actuar así, le otorga mayor sentido a la legitimidad. A la mesa de diálogo se debe invitar a todos, los que decidan participar expresarán sus ideas, propuestas o desacuerdos; los que no acudan a la convocatoria merecen respeto, pero eso no implica la existencia de sillas vacías.
Tomar decisiones de gobierno siempre tendrá su complejidad, pero hacerlo a la luz de la opinión pública, dando la cara, sumando las críticas y las sugerencias de los gobernados lo hará menos. En el camino puede haber errores –y los habrá- sólo que nadie señalaría a un responsable único. El ejemplo vivo es la actuación del Presidente Calderón que tomó una decisión valiente, sólo que lo hizo en la soledad del poder que otorga el cargo y olvidó tomar la opinión de su contraparte. Su decisión de combatir el narcotráfico es trascendente para el futuro del país; sin embargo, en una sociedad plural no funciona el verticalismo abrigado de institucionalidad.
