TOLUCA, Méx.- Como resultado de un operativo realizado en el municipio de La Paz, Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) llevaron a cabo la liberación de una persona que se encontraba secuestrada, así como la detención de dos sujetos señalados como probables responsables de este delito.
La movilización policiaca fue realizada en atención a una denuncia presentada por los padres de un comerciante de 20 años de edad, quienes refirieron haber recibido llamadas telefónicas mediante las cuales, les hicieron saber que tenían secuestrado a su hijo, y por su liberación les exigieron una suma económica.
Ante esta situación los familiares de la víctima denunciaron los hechos ante la PGJEM y derivado de las indagatorias realizadas fue desplegado un operativo en la calle Cerrada de Lázaro Cárdenas, en la colonia Adolfo López Mateos, en el municipio de La Paz, sitio en donde al parecer se encontraba la víctima privada de la libertad.
En el lugar, Agentes Investigadores lograron la liberación de la víctima, y la detención de Alejandro Hernández Carlo y Alan Ulises Márquez Galindo, quienes presuntamente se encontraban al cuidado de la persona secuestrada.
Durante el operativo, les fue asegurada un arma de fuego calibre .380 mm, así como dos teléfonos celulares.
De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de la PGJEM, se pudo determinar que Hernández Carlo conocía a la víctima y aprovechando esta situación presumiblemente lo invitó a acudir a una fiesta en un inmueble ubicado en la Cerrada de Lázaro Cárdenas. Al llegar al lugar, los probables responsables en complicidad con otras personas supuestamente amagaron con un arma de fuego al joven y lo llevaron a una de las habitaciones de la casa, en donde lo mantuvieron cautivo.
Hernández Carlo y Márquez Galindo fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva y luego fueron remitidos ante la Autoridad Judicial con sede en Nezahualcóyotl, quien los vinculó a proceso con un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
