TOLUCA, Méx.-La recién promulgada Ley General de Transparencia constituye un parteaguas para los derechos fundamentales, como un mandato que acogerán todas las instituciones públicas como las instancias judiciales, quienes deben actualizar sus procesos no sólo para transparentar, sino también para garantizar la protección de los datos personales de la población, indicó Javier Martínez Cruz.
El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) concluyó la jornada de capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, en la cual destacó la necesidad de que las instituciones públicas revisen a fondo los procesos de resguardo de la información de los mexiquenses.
Al presentar un caso en el cual un particular solicitó el acceso a sus datos personales en expedientes judiciales, el comisionado puntualizó que, si bien los derechos de acceso a la información pública y de protección de los datos personales son considerados como de nueva generación, su legislación es vigente y atañe a todas las personas.
“El Estado de México es de las pocas entidades en el país que cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales, una legislación muy robusta e integral, que plantea la necesidad de los servidores públicos de modificar su actual forma de trabajo, para garantizar a los mexiquenses el uso adecuado de su información personal”, destacó.
Martínez Cruz agregó que la Ley General de Transparencia marca una diferencia abismal respecto de una ley federal, ya que la de reciente promulgación contempla directrices claras y homogéneas aplicables para los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes, con la finalidad de que ningún servidor público de alguna entidad interprete a su manera las prácticas de la transparencia gubernamental.
De igual forma, expresó que México espera contar pronto con una ley general en materia de datos personales, que brinde la misma oportunidad a todos los mexicanos para acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos personales en posesión de las autoridades como las instancias judiciales, donde la información que manejan puede provocar perjuicios para el titular de los datos, en caso de revelarse o compartirse sin su consentimiento.
“La transparencia nos obliga a hablar de gobiernos con un acceso pleno a la sociedad, donde se transparente cada peso y se diga a la población cómo y por qué se gasta ese peso; de la misma manera, tienen que informar cómo, por qué y para qué se recaban los datos personales y permitir la participación de la población en el ejercicio de su derecho a proteger su información”, aseveró.
