Lo que todo padre de familia debe saber sobre el país.Parte 3: La participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico.

Cada vez que se presenta un problema en el país como: incendios forestales, inundaciones, terremotos, temblores, ciclones, huracanes, explosiones en ductos de PEMEX; incluso en elecciones locales, federales y hasta para cuidar paquetes electorales, se recurre a las fuerzas armadas para que se hagan cargo de las operaciones. De diciembre de 2006 a la fecha, tienen la responsabilidad de combatir al narcotráfico; cerca de 50 mil soldados están desplegados en el país. Esto constituye una sobrecarga de funciones que en ocasiones les merece elogios y en otras, su participación está sujeta a fuertes señalamientos como las denuncias por violación a derechos humanos, en particular las que se tipifican como desapariciones forzadas y la pérdida de vidas civiles a consecuencia del fuego cruzado.

En la lucha contra el tráfico de drogas, es donde más se destaca la intervención militar por lo grave de la situación para el país. La incapacidad, complicidad, incluso temor, de las corporaciones de seguridad motivó el incremento de la presencia militar en cargos que antes eran reservados a civiles con formación policial, los llamados policías de carrera. Ahora es común encontrar a militares como titulares en las áreas de seguridad pública municipal o estatal y en la propia policía federal, que tuvo la necesidad de integrar a 15 mil soldados como elementos de la corporación. Lo que confirma la militarización en la lucha contra el narcotráfico.

El control que ejercen los narcotraficantes, en varios estados y municipios, hace que sea prácticamente nula la confianza en las policías y procuradurías locales. Incluso, también se desconfía de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Desmontar estructuras criminales que se apoderaron de la fuerza pública no es tarea sencilla, desafortunadamente  tampoco pacífica, menos cuando están bajo amenaza de grupos armados en extremo violentos, que protegen grandes intereses.

Según datos de Edgardo Buscaglia, “más de la mitad de los municipios del país[1] están completamente feudalizados por el crimen organizado ya que sus figuras simbólicas (…) ejercen no sólo el poder criminal, sino que ya construyen andamiajes muy sólidos para que su cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país”[2]. Esa es la razón por la que Ejército Mexicano y la Marina están en la línea de fuego en contra del crimen organizado, y porque tal vez sean el único y último recurso confiable del Estado mexicano.

Según el general Moisés García Ochoa, la presencia de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado responde a dos factores importantes: “los militares cuentan con dos habilidades específicas: la formación en el manejo de las armas y la aceptación acrítica de las órdenes: la denominada obediencia debida. Los defensores de la participación de los militares en tareas contra el comercio de drogas ilegales argumentan que ambas son positivas para la lucha contra los poderosos intermediarios de drogas porque, por una parte, igualan su poder de fuego y, por la otra, inhiben la corrupción”[3].

En la estrategia oficial se reconoce que la única alternativa eficaz e inmediata era recurrir a la acción directa de los militares en las calles controladas por los cárteles; ante la infiltración y el rompimiento de los acuerdos que alimentaron la complicidad con estructuras del Estado. A pesar del incremento de la presencia militar, es oportuno considerar que “si bien el nivel de violencia alcanzado no permite sustituir en lo inmediato la participación de las Fuerzas Armadas, es preciso que, una vez neutralizados los grupos delictivos más violentos, se retorne a la lógica de contención civil del problema. El costo de involucrar a las Fuerzas Armadas cada vez más en la lucha contra el tráfico de drogas puede favorecer su erosión y, con ello, la última garantía del monopolio legítimo de la violencia sobre el territorio nacional”[4].

A pesar de este riesgo, el momento de retirar a las Fuerzas Armadas en el patrullaje en varios estados del país, no se vislumbra en el corto plazo. Por lo tanto, la presión que ejercen algunos conductores de noticias, analistas y líderes políticos, todavía será mayor ante el recrudecimiento de la violencia por parte de los cárteles a consecuencia de la lucha que existe sobre ellos. Los medios toman como indicador el número de víctimas, los miles de homicidios, para denunciar que la llamada “guerra contra el narco” se está perdiendo; sin embargo, por válido que sea -y reconociendo el derecho que tienen para decirlo- es una actitud parcial de interpretar el grave problema que padece el país en materia de inseguridad pública. Cierto que son lamentables las miles de vidas que se han perdido en esta batalla contra el crimen organizado, pero es conveniente serenarse y colocar a la violencia como una reacción frente a la acción del Estado, que durante décadas toleró al enemigo que ahora combate.

El Ejército y la Armada de México están en las calles asumiendo la lucha contra un mal que corrompió a las instituciones de gobierno. Para establecer un parámetro de la violencia que enfrentan los militares, es preciso insistir que “la acción de los criminales surge del rompimiento de los acuerdos viejos o recientes con las propias estructuras del Estado y de los aparatos de seguridad nacional o locales. La penetración de la delincuencia en las esferas del poder y en las prácticas sociales parece ser la hipótesis que explicaría la fuerza incontenible de la violencia en la vida  pública mexicana de los últimos años”[5].

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos también se han sumado al llamado de un alto a la violencia, que se detengan las desapariciones y la violación a los derechos de las personas. A esa petición debemos sumarnos todos, pero también debemos estar conscientes que la violencia no viene de los soldados y marinos sino de los grupos delincuenciales que fueron solapados, incluso promovidos, hasta llegar a tener el poder económico y armado al grado de enfrentar a las fuerzas del Estado.

Para que los soldados regresen a los cuarteles, se tienen que cumplir al menos tres condiciones mínimas para el retiro del patrullaje militar: “1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial que los cárteles en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios;  y, 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado”[6].

Así, el desgaste por la actuación de los militares será todavía más fuerte, al grado de constituir un costo mayor al que pudieran infringirle los grupos rivales en batalla. Desafortunadamente, la crítica afecta la legitimidad de  su intervención y ganan los cárteles y los interesados en regresar a los acuerdos del pasado donde se originó la complicidad que ahora se combate y genera tanta violencia.

¿Si el Ejército se retira quién llenará el vacío? ¿Las policías estatales y municipales que carecen de los medios para hacer frente a la delincuencia organizada? ¿Las policías ministeriales dominadas o sometidas por el miedo? ¿Las policías federal y de investigación que están en proceso de reestructuración por consabidos antecedentes de corrupción e infiltración? ¿Por las procuradurías de los estados que carecen del equipo, personal y recursos para desarrollar trabajos de inteligencia? O como lo refiere José Luis Piñeiro, “¿Si las fuerzas armadas no pueden controlar el narcotráfico y en general al crimen profesional, entonces, cuál institución podrá hacerlo?, ¿Alguna fuerza extranjera?”[7]. La decisión no es fácil, pero se tienen que tomar en el corto y mediano plazo para lograr los acuerdos que hagan que el aparato del Estado funcione más allá de la presencia militar.

*Ex  Presidente Consejero del Instituto Electoral del Estado de México