Lo pusieron, fue una entrega pactada, lo secuestraron, se lo llevaron con engaños, “los chapitos” se vengaron de él porque fue su culpa la detención de “el chapo”, lo chamaquearon, fue una venganza de la DEA contra el presidente de México porque limitó su actuación dentro del país, vienen por los hijos del presidente, es la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, con esto se va a caer Omar García Harfuch del cargo de secretario de Seguridad Pública, tenía razón Anabel, etc., todos estos supuestos fueron expresados tras la sorpresiva detención del perseguido como señalado narcotraficante Ismael Zambada García, alias “el Mayo Zambada”.
Oficialmente no se tiene certeza sobre la forma y los términos de cómo se llevó a cabo la detención del considerado narcotraficante más poderoso del país. Lo único concreto es que está detenido en una cárcel de los Estados Unidos (EU). Con su captura se ha terminado una etapa del crimen organizado en México. La atención ahora está en que revele la participación de la clase política, empresarial, militar y policial en el negocio. El señor Zambada puede ser juzgado y condenado por un juez estadounidense o aceptar ser testigo colaborador y salir libre a cambio de información sustantiva sobre las redes de complicidad de la estructura política del país y sus socios en el exterior.
El gobierno mexicano, una vez que se sepa la verdad sobre la entrega de “el Mayo”, tiene la opción de solicitar su extradición para que responda por los delitos de los que es acusado por las autoridades judiciales. El gobierno de los EU tendría que aceptar la petición mexicana y regresar el señor Zambada a territorio nacional y eso puede ocurrir en dos momentos: uno, lo juzga y obtiene la información sobre sus redes criminales que brindan protección al tráfico de drogas; y dos, lo extradita a México antes de que concluya el proceso ante el juez. Esto implica un escenario en manos de la diplomacia mexicana y la relación entre socios comerciales. Sobre todo, es una oportunidad de mostrar el peso geopolítico de México.
El asunto es grave y delicado para el Estado mexicano y una muestra de una nueva modalidad de intervencionismo norteamericano en México y en toda Latinoamérica con presencia del crimen organizado trasnacional, particularmente el relativo al tráfico de drogas. La realidad ha rebasado la capacidad institucional de los países donde se producen y se trafica con drogas. Y eso se presta para la manipulación política de los EU.
En una entrevista, Félix Gallardo acusó: Los narcos no estábamos contra el gobierno, éramos parte del gobierno. En su momento, la DFS daba protección a todos los miembros del cártel de Guadalajara. Caro Quintero, “el Mayo”, “El Señor de los Cielos”, “el Chapo”, “Don Neto”, “el Jefe de Jefes” y “el Barbas” todos portaban credenciales de la DFS, lo que les permitía resolver sus problemas y pasar cualquier retén militar o de la policía federal, porque la DFS era una institución a la que se le tenía mucho respeto. Ante la guerra declarada por el presidente Calderón al narcotráfico, Peter Lupsha expresó una frase que incomodó al gobierno: En Colombia, los capos de las drogas amenazan el Estado desde el exterior. En México, son parte del Estado.
La detención de Genaro García Luna hizo pública la complicidad de empresarios y políticos con el narcotráfico. La detención del general Cienfuegos inquietó las redes de corrupción vinculadas al crimen organizado. Su liberación evitó el escándalo. Con la detención de “el Mayo” existe la posibilidad que salga a la luz lo que siempre se ha ocultado.
