Desde el año 2010, el Gobierno Federal insistió en la creación del Mando Único de Policía Subsidiaria o Flexible, incluso en la iniciativa enviada a la Cámara de Senadores dio a conocer algunos indicadores sobre la realidad adversa de los cuerpos de seguridad pública, en particular de los municipios. Tema que calificó como debilidad institucional.
Es cierto, pero la federación tiene un problema de fondo que hace prácticamente imposible su propuesta. Desde 1994, cuando se crea la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se fortaleció la centralización. Si bien era y es necesario privilegiar un esquema de mayor coordinación en la prestación del servicio de seguridad pública, no puede imponerse una decisión central, cuando existen realidades y contextos diferentes.
Los municipios observan cualidades diferentes; los gobiernos estatales lo saben y tienen que proceder en consecuencia. Es imposible obligar institucionalmente ni siquiera por el imperativo de una ley, que un municipio acate una disposición al margen de su nivel de desarrollo, perfil de crecimiento, nivel cultural, costumbres y tradiciones. Eso lo saben quienes se han formado en los ayuntamientos, el que ha tenido la oportunidad de servir en ese nivel de gobierno; el problema radica en que muchos funcionarios que hacen las normas, manuales de procedimientos, organigramas, reglas de operación conocen el escritorio, debaten y combaten con él, incluso echan mano de aquél famoso libro “Reinventing Government”, pero carecen de sentido común para entender una realidad ajena a ellos.
Un escenario parecido es el que rodea la iniciativa del mando único. De hecho, los recursos destinados para la seguridad pública tienen un problema similar, son reglas técnica y normativamente correctas, pero escasamente operativas y funcionales. Para los municipios más desarrollados siempre es un problema cumplir con los requerimientos que impone la federación para cualquier esquema de disposición de fondos, al grado que mejor los dejan para otra ocasión.
Los fondos son diversos y pareciera que son una multiplicación de alternativas: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); y, el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN). Lamentablemente no todos los municipios pueden cumplir con los requisitos que impone la disposición de estos recursos. Existen profesionistas y despachos que ofrecen sus servicios para “bajar” estos fondos, precisamente por lo complejo y engorroso que resulta acceder a ellos. Una vez que los tienen y los aplican viene la comprobación y justificación del gasto y eso es otro problema.
Adicionalmente se presenta -con mucha frecuencia- la difícil y odiosa tarea de hablar con un funcionario del orden federal que se siente en otro nivel, hecho a mano, superior a todo y todos. Cualquiera que haya tenido la necesidad de hablar con uno de ellos lo sabe perfectamente.
Son tan arrogantes que tienen al Presidente Calderón actuando en solitario, cuando deberían ser ellos los que estuvieran impulsando soluciones a un problema estructural, sin el protagonismo de querer salir siempre en los medios, como forma de demostrar que son eficientes. Siendo de corte gerencial o formados en la escuela de los “tomadores de decisiones” saben que al gobierno no se va aprender y menos a echar a perder, pero lo han olvidado. Centralizaron todo en su jefe, el presidente, y ahora no saben cómo sacarlo del problema en que lo metieron.
Nuevamente, insisten en la centralización al pretender que se apruebe una iniciativa que va en sentido contrario al desarrollo histórico de los municipios y de las propias entidades federativas. A fuerza de un decretazo suponen romper la autonomía municipal; realmente eso no creo que pase ni por voluntad de los presidentes municipales y los ayuntamientos ni por la experiencia y responsabilidad política de los gobernadores.
Hay estados que están trabajando bajo el esquema de mando único, pero sin violentar el marco jurídico que ampara la autonomía municipal. Una cosa es buscar mejorar el servicio e incrementar los niveles de coordinación y otra querer regresar al esquema centralista, que tantos años se combatió desde los municipios. Basta con mirar las últimas reformas al artículo 115 constitucional y se darán cuenta de ello.
Según la iniciativa, las policías municipales representan aproximadamente el 38% del estado de fuerza del país. Sólo 12 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios. Más de 400 municipios en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad pública propio. Casi el 90% de los que sí tienen policía, disponen de menos de 100 elementos. Las 25 corporaciones más importantes concentran el 26% del estado de fuerza; ¿Y? Esa realidad debió cambiar en los casi cinco años de gobierno y no fue así. El fracaso es concurrente y debería ser suficiente para buscar la forma de corregir.
El Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública ha evaluado a más de 31 mil elementos, de los cuales sólo alrededor del 40% obtuvo resultados favorables. Está bien, pero la propia Secretaría ¿Tendrá la capacidad para efectuar los exámenes de control de confianza a todos los estados y municipios que lo soliciten?. Hasta donde se puede percibir los estados no la tienen y no es por falta de ganas.
Los datos que dan a conocer en materia de delitos del fuero común son duros y reflejan el fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus estructuras de coordinación. Entre 1994 y 2009, los delitos del fuero común representaron entre el 92 y el 95 por ciento de la incidencia delictiva nacional. De los 892,854 delitos denunciados de enero a junio de 2010, 92.18% correspondieron al fuero común (823,032). Del conjunto de los delitos del fuero común, el robo, es el delito de mayor incidencia y, por lo tanto, representa el mayor problema e impacto en la seguridad de los ciudadanos.
Esto puede ser correcto, pero ¿es la causa o la consecuencia?; Cuando en una estrategia se plantean mal los alcances difícilmente se pueden tener resultados positivos. Lo grave es que se afecta gravemente a la población que requiere ser protegida, que dependen de su eficiencia.
La lucha contra el crimen organizado tiene continuidad desde 1994 y luego de tanto tiempo se comunica a la ciudadanía: que la policía en México no tiene un modelo policial claro; que existen alrededor de 2,000 instituciones de policías municipales que cuentan con procedimientos difusos, con acentuadas disparidades estructurales, presupuestales y de equipamiento; que la falta de homologación y estandarización en materia de ingreso, capacitación y operación, aunada, al reducido número de integrantes en las instituciones municipales, las han vuelto proclives a la cooptación, corrupción e infiltración por parte del crimen organizado; que aproximadamente 61% de los policías municipales perciben un salario mensual inferior a 4,000 pesos.
Es bueno saberlo, pero ¿esto no formaba parte del diagnóstico inicial, al menos desde diciembre del 2006?.
Los argumentos de la iniciativa para la creación del Mando Único Policial parten de un fundamento parcial al generalizar e imponer razonamientos válidos en cuanto a la debilidad institucional de la mayoría de las policías municipales, pero incurre en una posición subjetiva al no hacer una diferencia entre entidades federativas, condiciones y desarrollo institucional.
No puede cambiar la realidad de los estados y sus municipios únicamente con la aprobación de una iniciativa. Ese precisamente ha sido el error recurrente: pretender acelerar los cambios en el sistema de seguridad pública, a través de reformas al marco de actuación legal, cuando todavía no se consolidan las que pretende reemplazar.
Existe un problema de fondo en la iniciativa: “Trastoca el fundamento del Sistema Federal Mexicano al proponer la subordinación de los municipios. El esquema federal del país ha procurado otorgar mayor fortaleza y autonomía a los municipios. En el origen cada una de las reformas constitucionales tuvieron el propósito de superar el centralismo que históricamente venía limitando el desarrollo de los municipios y limitando su capacidad de gobierno. Adicionalmente se pretende que los municipios y sus ayuntamientos renuncien a su capacidad normativa de aprobar los bandos de policía y buen gobierno”.
Eso simplemente no es posible jurídica ni políticamente.
