Lo evidente se hizo presente. Por años, el gobierno mexicano, sus voceros y opositores buscaron evadir el término terrorismo o narcoterrorismo como si al negarlo impidieran su existencia. Los hechos son contundentes; las organizaciones criminales practican conductas delictivas extremas para infundir terror a sus oponentes, demostrando su capacidad de fuego, poder económico, ascendencia o control político en amplias regiones del país.
Los grupos armados de cada organización criminal empezaron con las decapitaciones, el desmembramiento de cuerpos de sus víctimas, hacer públicas las ejecuciones de sus adversarios, a controlar la prensa vía el asesinato de periodistas y atentados a las instalaciones de los propios medios de comunicación. Adicionalmente, incrementaron el asesinato de figuras políticas como el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú que perdió la vida en una emboscada el 28 de junio de 2010. En el atentado también murieron el suegro del candidato Torre Cantú, cuatro escoltas y el diputado local, Enrique Blackmore.
Otra manifestación de su capacidad de violencia es el asesinato de alcaldes como los acontecidos en los municipios de Doctor González y Santiago en el estado de Nuevo León, donde perdieron la vida los presidentes municipales Prisciliano Rodríguez Salinas y Edelmiro Cavazos Leal, respectivamente. Misma suerte corrieron sus homólogos del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, Marco Antonio Leal y del municipio de El Naranjo, San Luis Potosí, Alexander López García. La suma de este tipo de acontecimientos de violencia extrema provocó que varios analistas, especialistas en el tema de crimen organizado y fuentes periodísticas insistieran en que México vivía ya la amenaza de actos de terrorismo.
Más aún, la expansión de los criminales mexicanos hacia el mercado internacional de consumo de drogas y el salto a otras actividades ilícitas, como el secuestro masivo de migrantes advertían un mayor desafío al Estado Mexicano. Las ejecuciones de indocumentados, particularmente centroamericanos, puso al país ante el juicio de la crítica internacional por su falta de respeto a los derechos humanos y evidenció la debilidad del Estado para llevar ante la justicia a los poderosos cárteles de la droga, sus vínculos de apoyo político y a sus bases de apoyo financiero, en particular las dedicadas al lavado de dinero.
Los cárteles aprendieron que, para igualar la capacidad de fuego del Ejército y la Marina, tenían que recurrir a tácticas y estrategias propias del terrorismo. Pronto pasaron del enfrentamiento directo, al uso de golpes esporádicos, pero impredecibles como los coches bomba y el uso de granadas de fragmentación. También dieron un giro al pasar de las ejecuciones públicas a los asesinatos masivos a domicilio, como el caso de la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez y las cometidas en bares o centros de rehabilitación de consumidores de drogas. Por citar un caso, el 8 de julio del presente año, 21 personas fueron masacradas al interior del bar “Sabino Gordo” en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, lo sorprendente son las ejecuciones perpetradas al interior de los penales, como la que tuvo lugar el 25 de julio de 2011, en el penal de Ciudad Juárez, donde fueron asesinados 17 internos.
En todos los casos, los grupos criminales no se detienen por la presencia de civiles que mueren o resultan heridos por la presencia del llamado fuego cruzado. Lo más desafortunado es que la muerte de personal civil se asume como daño colateral. Ejemplo de ello es el ataque perpetrado a policías fuera del estadio de futbol del equipo Santos de Torreón, donde tuvo que suspenderse el partido a consecuencia del pánico provocado por el ruido de las detonaciones de armas de alto poder. No les importó que miles de aficionados estuvieran viendo la justa deportiva ni las consecuencias que pudieran originarse dentro del estadio, simplemente atacaron, sin ninguna consideración hacia las mujeres y niños que acudieron a ver el partido de futbol, el 20 de agosto de 2011.
Un caso que cimbro a todos los padres de familia fue el asesinato de dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 19 de marzo de 2010. Los dos muchachos de excelencia académica tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar de un enfrentamiento entre sicarios y militares. Javier Arredondo Verdugo estudiante de doctorado y Antonio Mercado Alonso estudiante de maestría perecieron a causa de impactos del fuego cruzado. Este fue un hecho terrible que conmocionó al país, en un primer momento fueron señalados como delincuentes, incluso se intentó borrar la evidencia para inculparlos, pero los padres de familia y el rector del plantel Rafael Rangel Sostmann identificaron los cuerpos como estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León.
Como resultado del cambio de estrategia hacia el uso de material explosivo y la intensificación del uso de armas de alto poder, los traficantes mexicanos han logrado infundir terror y pánico a los pobladores de varios estados de la República. Las ejecuciones son cada vez más violentas, el binomio corrupción –impunidad y el enorme poder económico de su actividad ilícita los hace actuar como una autoridad paralela: cobran impuestos (derecho de piso), brindan protección e influyen al interior de algunos gobiernos locales y municipales sobre cierto perfil de funcionarios, para sus fines de control de territorio y de rutas para el trasiego de la droga. Es decir, sustituyen al Estado en dos de sus funciones básicas, cobrar impuestos y brindar protección.
En el incendio del “Casino Royale” provocado el 25 de agosto de 2011, nuevamente pierden la vida 52 mexicanos a manos de asesinos al servicio del crimen organizado, pero también pierden la vida por la corrupción e ineptitud de la autoridad. Son culpables los que cometieron este acto de barbarie, a ellos debe darse un castigo ejemplar; sin embargo, también están obligados a someter a juicio a los funcionarios implicados en la red de corrupción que permitió que este lugar funcionara sin tener las medidas adecuadas de protección civil. No es el primer caso donde personas inocentes pierden la vida, pero no se puede pedir apoyo de la sociedad si el gobierno sigue sin aplicar la ley. Después de los lamentables acontecimientos que han enlutado a los mexicanos, la mayoría de los gobiernos locales empezó a revisar la operación de los casinos y a tomar las medidas aplicables. Lo mismo se observó cuando murieron quemados los niños de la guardería ABC en Sonora; tristemente nada pasó y ahora es probable que suceda lo mismo.
La suma de todos estos acontecimientos hacía que de lejos parecieran actos de terrorismo o narcoterrorismo y de cerca se confirme que si, efectivamente, son actos de terrorismo. Eso no lo aceptó a tiempo el gobierno y, por lo tanto, no pudo actuar con prontitud para alertar a toda la fuerza pública. Negarlo sólo complicó las cosas y ahora la sociedad está más lastimada ante la evidencia de gobiernos desorganizados que no alcanzan a entender la urgencia de establecer un pacto político, que haga posible unir esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
Discutir sobre el concepto de terrorismo resulta estéril, escuchar las declaraciones de los voceros del gobierno es irrelevante; es mejor reorganizar la operación del Estado; su aparato institucional de inteligencia tiene que estar mejor preparado para detectar y minimizar esta modalidad de narcoterrorismo. No será fácil hacerles frente porque son sucesos impredecibles, pero no se puede actuar siempre bajo el esquema de la improvisación. Si los gobernantes y la clase política nacional no quieren seguir en el camino del descrédito, de la pérdida de legitimidad social, están obligados a escuchar el llamado de corregir y actuar por el bien del país. Simular es una salida fácil, pero falsa.
Edgardo Buscaglia lo advirtió en diversas ocasiones, recientemente Sylvia Longmire publicó en su libro “Cártel, la invasión que viene de la guerra contra las drogas de México, citado por la “Revista proceso” que los cárteles mexicanos se transformaron en un ejército de “narcoterroristas”. “La manera en que matan, secuestran y se defienden del Ejército mexicano, es prueba fehaciente de que en México ya hay narcoterrorismo: muchos de estos actos (de violencia de los cárteles) son similares en su naturaleza a aquellos que comenten las organizaciones terroristas como Al Qaeda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Republicano Irlandés (ERI) e iguales sus intensiones”. Según Longmire, las decapitaciones y el desmembramiento de cuerpos son actos típicos para algunas de estas organizaciones y que ahora se han convertido en una marca de los cárteles (mexicanos) cuando quieren enviar un mensaje fuerte al gobierno o a sus rivales”.
En su momento, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton señaló que México vivía una especie de narcoinsurgencia, definición que provocó airadas reacciones del gobierno y políticos mexicanos abrigados en el discurso desgastado de defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, no fue un comentario fuera de lugar atendiendo el razonamiento de la defensa de los intereses de los vecinos del norte, sobre todo, al análisis hecho por sus distintas unidades de inteligencia con que cuenta el gobierno de los Estados Unidos.
