Mientras en el contexto internacional se considera que México es víctima de actos de terrorismo, los gobernantes y políticos mexicanos pierden el tiempo en discutir si jurídica y técnicamente los actos criminales son o no prácticas terroristas. La disputa es que al no tener fines ideológicos no pueden ser considerados como tal y, en ese sentido, son medios aplicados por la delincuencia organizada, que únicamente pretende ampliar la rentabilidad de su negocio ilícito. Mientras ellos discuten, la falta de definición o aceptación de los hechos, pone en alto riesgo la seguridad de la población.
Según el experto Edgardo Buscaglia, los ataques terroristas tienden a multiplicarse, porque nacen del enfrentamiento entre los distintos cárteles, donde cada uno ataca las bases económicas de su adversario; incluyendo el ataque a los políticos que apoyan a los grupos contrarios. De acuerdo con el experto, lo que pasa en México es un patrón de comportamiento de violencia organizada hacia actos de terrorismo ya observado en otros países. Entre ellos: Perú, Colombia, Nigeria, Rusia e Italia. De ahí que en vez de estar discutiendo cosas intrascendentes, es fundamental dar un paso hacia adelante “para ver qué se ha hecho en esos países, para ver qué se puede hacer en México”.
La magnitud de la violencia organizada aumenta en la medida que crece la competencia por tener mayor control sobre zonas del territorio nacional; lugares donde puedan llevar a cabo sus actividades criminales, sumando la complicidad de políticos, empresarios y el control de las corporaciones de policía. No escatiman en extender la corrupción, ejercer la impunidad y en aplicar medidas de intimidación. “Este es un problema que está afectando la estabilidad misma del Estado Mexicano y cada vez será peor si no se les toca el fondo y el fondo es tocar sus activos fijos”; sus estructuras económicas donde concentran los millones de dólares que obtienen de la venta de drogas, secuestro, piratería, extorsión, explotación sexual de mujeres y niños, y; la venta de protección forzada.
La indiferencia vinculada a la complicidad, la falta de coordinación interinstitucional, la exacerbada simulación y la limitada capacidad de los gobiernos locales y municipales hacen prácticamente imposible contrarrestar la presencia de los grupos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, si en sus afanes de expansión, los distintos grupos de narcotraficantes consideran necesario el empleo de medidas terroristas, lo harán, como ya lo han demostrado. Las fuerzas del Estado no podrán anticiparse, porque no han afectado sus bases de apoyo financiero y tampoco han logrado revertir la fuga de información de sus áreas de inteligencia. En consecuencia, la sociedad está expuesta al pago de los costos de la violencia, derivada de la competencia entre cárteles y la provocada por los enfrentamientos con las fuerzas del Estado.
En cada hecho de violencia extrema, la delincuencia organizada pone en evidencia a los distintos órdenes de gobierno, al Estado mismo, al demostrar que tiene mayor capacidad operativa, mejor estrategia propagandística y armada para llevar a cabo sus propósitos. Los efectos negativos no se limitan a la pérdida de vidas, a los homicidios violentos; lo más grave es la pérdida de legitimidad social hacia la autoridad. Cada vez, la ciudadanía se resigna a ver una autoridad débil, frente a una delincuencia organizada fuerte. De acuerdo con Jairo Libreros, profesor y analista de Defensa y Seguridad Nacional en la Universidad Externado de Colombia, “los cárteles de drogas copiaron los métodos de los terroristas internacionales para capturar la atención de los medios de comunicación al llevar a cabo actos violentos y, así como sus colegas lo hicieron en Colombia, buscan deslegitimizar la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos”.
Para Ricardo Ravelo, los eventos de terror, colocan al país en un lugar bastante cuestionable por la descomposición del gobierno y el sistema político. Lo observado en esos actos, “es consecuencia de lo que se ha hecho mal en muchos años; sexenio tras sexenio a los mexicanos se nos ha tomado el pelo”. Los tiroteos en espacios públicos, las granadas y los bombazos son expresiones de violencia vistas en el peor momento de Colombia, cuando emprendió su lucha contra el cártel de Medellín y el cártel de Cali, principalmente contra el poder del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
De acuerdo con Ravelo, los actos de terrorismo son un desafío abierto a la autoridad, “si los criminales pudieron llegar ahí, es porque los hilos de la seguridad están sueltos”. La presencia misma de los cárteles de la droga es una lucha por el poder, sobre todo en aquellos espacios controlados por determinado grupo que tiene que defenderse de la competencia de sus adversarios.
Varias estados del país son entidades de riesgo: Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tabasco y Zacatecas; en esos territorios el mayor impacto lo lleva la sociedad que vive en constante tensión y sin alternativas hacia dónde refugiarse, a quién pedir protección. Lo más desolador, es aceptar la constante que señala el periodista: “el dinero del narcotráfico ha fluido en muchas campañas desde hace tiempo. El resultado de toda esa penetración del crimen organizado en el poder es precisamente lo maniatado que está el poder político para enfrentarlos y el resultado lo estamos viendo hoy, una crisis de gobernabilidad y una crisis de inseguridad que no tiene parangón en la historia de México”.
Carlos Montemayor, en un artículo publicado en “La Jornada” el 23 de septiembre de 2008, adelantaba que “tenemos una posible similitud con la Colombia de los años 80: la fuerza económica, social y armamentista del narcotráfico, por un lado, y la porosidad y corrupción de políticos, de estructuras policiales y militares y algunos cuadros de la administración pública en carreteras, aeropuertos, aduanas o puertos, por otro. Todo esto es reflejo de los insuficientes e ineficaces servicios de inteligencia, situación que se ha agudizado en las pasadas cuatro administraciones federales. La guerra contra el narcotráfico carece de servicios de inteligencia y es sumamente errática”.
Para llegar al nivel de peligrosidad criminal, la delincuencia organizada tuvo que establecer vínculos de complicidad precisamente con los encargados de combatirlos, los responsables de garantizar seguridad a la población. En forma particular Montemayor nos dice que “está claro que los vínculos reales y que más interesan al narcotráfico se encuentran en las corporaciones policiales y militares, entre políticos y diversos niveles de la administración pública, con bancos y financieras en el lavado de dinero y en la inversión legal de recursos blanqueados. Éstos son los vínculos reales y útiles al narcotráfico”. En consecuencia, “el narcoterrorismo es un proceso de descomposición nacional, reflejo de los insuficientes servicios de inteligencia en México”.
Los cárteles no han dudado en cometer actos de barbarie con tal de hacerse o mantener el control de “la plaza”; mientras en la parte gubernamental vivimos inmersos en una competencia política que arrincona al Estado a la inacción. El momento cumbre del país está dominado por las elecciones del 2012, donde la estrategia recurrente es no hacer nada, para evitar errores que pongan en riesgo una posible victoria electoral. Nada es más importante para los competidores que ganar la presidencia de la República. Mientras tanto, los narcotraficantes se dan el lujo de hablar a un camarógrafo de una televisora para filmar el momento de la explosión de un coche bomba en Ciudad Juárez, el 15 de julio de 2010. Perdieron la vida cinco personas, 16 personas heridas y daños materiales, pero el fin fue que en todo el país y en el extranjero se conociera la detonación de un coche bomba, por la detención de un cuadro dirigente de un cártel.
Samuel González, en entrevista con Carmen Aristegui, destacó que este hecho tuvo todos los componentes del terrorismo por lo que la autoridad debió actuar en consecuencia, solicitando a las autoridades internacionales su colaboración para empezar el proceso de limpieza de las organizaciones criminales, en particular, para congelar sus bases de financiamiento y que fueran combatidas internacionalmente al ser catalogadas como organizaciones terroristas. “Este fue uno de los grandes pasos que dio el Presidente Uribe en Colombia, cuando declaró que las organizaciones de derecha e izquierda eran organizaciones terroristas”. Sin embargo, no pasó nada en el orden institucional y, según González, ese día, el 15 de julio del 2010, fue la fiesta de graduación del narcoterrorismo en México. “Si no hubiéramos visto las imágenes, hubiera pasado como un acontecimiento más, en donde no sabríamos la causa, pero no fue así ya que llamaron al camarógrafo local para que tomara lo que estaba sucediendo en ese momento, lo colocaron en la posibilidad de captar el momento del estallido, cuya consecuencia inmediata fue su reproducción a nivel mundial con la intención de generar la alarma y el pánico”.
La imposibilidad de un acuerdo nacional en materia de seguridad pública, es resultado del mayor adversario que tiene el Estado Mexicano que es su fragmentación política. Mientras tanto, los cárteles mexicanos han avanzado en el establecimiento de alianzas internacionales, abriendo nuevas fronteras y vínculos para la distribución y venta de drogas.
*Ex presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México.
