Mientras las 52 víctimas del atentado en el “Casino Royale” eran enterradas, las autoridades responsables entraron a la discusión de echarse la culpa el uno al otro; se empeñaron en buscar la mejor manera de eludir el señalamiento de su incompetencia. A esa salida, se alinearon los grupos políticos de cada corriente, sin que ninguno acertara a presentar una alternativa concreta a la opinión pública. El incendio se apagó, consumiendo las vidas de personas inocentes, pero de ese lugar sigue saliendo humo que se tiñe de negro por el combustible de la corrupción, la complicidad y la incapacidad de la autoridad, para actuar con transparencia en la aplicación de la ley.
Si por los políticos fuera, ya se habría dado carpetazo al asunto; afortunadamente, los medios de comunicación siguen atentos a las investigaciones de un crimen ligado a la complicidad, a la extorsión, al cobro del llamado derecho de piso. Ya se sabía, pero oficialmente se negaba; sin embargo, este lamentable acontecimiento es muestra concreta de la existencia del narcoterrorismo. No es un hecho aislado ni que se les pasó la mano, es la evidencia de los cárteles de la droga para hacer sentir su fuerza, su poder, ante una autoridad disminuida, atrasada y desgastada por disputas políticas.
Frente a la adversidad, el Estado sigue actuando en forma reactiva, a la defensiva; no va al fondo de las causas y se limita a la atención de los síntomas. Por más criminales que detenga, relacionados con el atentado terrorista, no podrá avanzar en la lucha contra la delincuencia organizada si no combate la corrupción política, que sostiene la expansión de estos grupos criminales. En su estrategia de lucha, el Estado no ha podido actualizar sus mecanismos de inteligencia, la aplicación de tecnología de punta, tampoco de preparar a la policía civil, capaz de enfrentar a una delincuencia cada vez más sofisticada.
En su obra: “México en Riesgo”, Jorge Carrillo Olea señala que “la inteligencia para combatir el crimen que se emplea hoy no corresponde técnicamente al reto y es anacrónica ya que se basa en la denuncia y en el soplo. Su estrategia y los medios con que cuenta no corresponden a los tiempos que se viven ni al nivel de oferta tecnológica que existe en el libre mercado”. En forma específica nos dice que “la lucha contra el crimen organizado es siempre reactiva, en respuesta a un hecho delictivo consumado; no hay un criterio de anticipación, de toma de iniciativa, porque no se dispone de inteligencia”.
El domingo pasado se cumplieron diez años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, hecho que cambio los sistemas de seguridad global y puso la alerta internacional que derivó en una mayor coordinación en materia de inteligencia militar, policial, política y diplomática. También en México estamos por cumplir un año más del atentado con granadas en Morelia, Michoacán; solo que, a diferencia de los atentados del 11-S, en México no pasó nada, ni hubo mayor coordinación ni se han mejorado los sistemas de inteligencia, cooperación e intercambio de información en el país.
Por inverosímil que parezca, todavía no se acepta que fue un acto terrorista en contra de la población civil, que causó un daño permanente de incertidumbre en Michoacán, entidad azotada por el narcotráfico, donde la autoridad local ha sido sometida, subordinada al papel de espectador. Es el claro ejemplo de la descomposición que vive el país, su sistema político, donde lo único cierto es la existencia de gobiernos fallidos.
Luis Alberto Villamarín Pulido, en su libro: “Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo” nos revela un punto de vista preocupante, “los sorpresivos y descomunales ataques terroristas del 11-S perpetrados en territorio estadounidense, y el fatídico jueves de horror del 11-M en Madrid, destaparon a la luz pública una realidad que los gobiernos y analistas de asuntos estratégicos del planeta, habían sido parcos en reconocer: la existencia de un triángulo letal integrado por narcotraficantes, terroristas y traficantes ilegales de armas, concatenados por intereses mutuos aunque con propósitos excluyentes.
En ese vínculo letal se ubican los grupos criminales mexicanos que ya están involucrados con la delincuencia trasnacional. Su ejemplo más cercano son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue el primer grupo armado en utilizar los recursos provenientes del narcotráfico, para financiar sus actividades bélicas y de terrorismo.
En un escenario que puede ocurrir en México o que ya está pasando sin que la autoridad lo acepte, Villamarín Pulido sostiene que: “por desgracia, en el entorno mundial del estudio del problema, debieron ocurrir los ataques terroristas islámicos contra las Torres Gemelas en Nueva York y los trenes de Atocha en Madrid, para que el mundo entero comenzara a comprender que, detrás de las acciones violentas, se ocultan extensas ramificaciones empresariales de mafias del narcotráfico, negociantes de armas y células de extremistas, dispuestas a causar enorme impacto psicológico, por medio del terrorismo, volátil pero poderosísima arma de guerra a comienzos del siglo XXI”. Sólo esperemos que no sucedan más hechos de terror, para que el gobierno de nuestro país reaccione con la fuerza e inteligencia que amerita la realidad nacional.
Para Gretchen Peters, autora del libro Semillas de terror, el nexo entre insurgencia, terrorismo y actividad delictiva es un serio problema que afecta las comunidades de Afganistán y Pakistán, pero también a las de América del Norte, donde se ubica México. Según Peters, en Afganistán y Pakistán, los grupos terroristas insurgentes y otros personajes armados están acentuando su participación en el crimen organizado. Ambos países trafican con madera, mármol, piedras preciosas y drogas. Además de brindar protección a los embarques del contrabando, están involucrados en prácticas de extorsión, secuestro, robo, saqueo y latrocinio. Actividades altamente rentables, parecidas a las que ejercen los grupos de la delincuencia organizada mexicana. “En los cálculos más bajos de lo que el Talibán está obteniendo con el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y otras prácticas, parecen estar ganando más de lo que necesitan para financiar sus operaciones”.
Al igual que las FARC, los talibanes afganos funcionan cada vez más como un cártel; ahora están más centrados en el procesamiento y exportación del negocio de la droga. En consecuencia, “en las áreas fronterizas entre Afganistán y Pakistán, el crimen organizado no sólo ha financiado a los actores del conflicto sino que ha ampliado, ha reestructurado y ha sostenido el conflicto al diseminar la inseguridad. Lo más negativo es que ha alimentado y reforzado las percepciones de que los gobiernos locales son débiles e ineficaces”. Tal como sucede en amplias zonas del territorio de nuestro país.
El riesgo es latente, el crimen organizado mexicano tiene la opción real de aliarse con grupos terroristas e intercambiar lo necesario para ampliar sus operaciones de tráfico de drogas y el resto de actividades ilícitas. Según Michael Braun, ex administrador asistente y ex jefe de operaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) los cárteles del narcotráfico de México se han establecido en el oeste de África para enviar droga hacia Europa y Rusia. Sus lugartenientes conviven con terroristas en bares y burdeles, por lo que existe el riesgo de ampliar su relación con grupos extremistas.
Tal vez es algo que se tenga que investigar, esclarecer y combatir, pero Braun apunta que “organizaciones terroristas y organizaciones globales del narcotráfico, naturalmente emigran y coinciden en el mismo espacio ingobernado”. En este sentido, señaló que “operativos de al Qaida, Hizbullah, Hamas y quizás otros, se codean con los cárteles latinoamericanos y mexicanos -incluyendo a las FARC- en los países del oeste africano y en otros lugares del continente”.
Las prácticas de terrorismo son el arma más difícil a la que se enfrenta el Gobierno Mexicano, si no modifica su actuación, su estrategia, su aislado protagonismo y, sobre todo, si no es capaz de generar inteligencia y ampliar su capacidad operativa con el uso de tecnología vigente, no tendrá manera de enfrentar a los grupos criminales que están dispuestos a todo. Analistas, investigaciones de orden internacional y agencias de inteligencia de varios países han señalado el incremento de la peligrosidad de los cárteles mexicanos, en particular, por la posibilidad de fortalecer sus vínculos con organizaciones terroristas.
Si no se pasa del plano reactivo, de la visión de un Estado a la defensiva, cualquier atentado como el del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán o el sucedido en el “Casino Royale” tendrá costos realmente altos, donde la pérdida de legitimidad, de credibilidad hacia la autoridad será indiscutible e invaluable.
*Ex presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México
