El crimen organizado, en particular, el narcotráfico es un problema de carácter estructural. Esto lo define como un asunto que no tiene solución a partir de medidas aisladas y unilaterales. El Estado mexicano no construyó instituciones jurídicamente sólidas para impedir su crecimiento, porque su eje articular era el presidente de la República. En él recaía poner paz, reprimir al rebelde y establecer las reglas no escritas del “negocio”. El narcotráfico nació al amparo del modelo del poder político ejercido por el viejo régimen. No vieron necesario tener un marco jurídico acorde a la dimensión del problema ni formaron las instituciones y a los servidores públicos para combatir el fenómeno.
Como sucede en todas partes del mundo, el narcotráfico es el delito o actividad lucrativa más mencionada, pero en realidad cuando nos referimos al tema hablamos de delincuencia organizada que suma, al menos, veinte delitos documentados. Su presencia se registra en todo el mundo; ningún país escapa a este mal, a sus daños y consecuencias que desarticulan la estructura social, política, cultural y económica de los países que lo padecen, en mayor o menor medida. Todos los marcos jurídicos y los funcionarios responsables de combatirlo siempre van atrás. Ellos, los criminales van a la punta por el poder corruptor que ejercen a partir de su fuerza y capacidad armada y el dinero que generan, suficiente para comprar protección a la autoridad y, en algunos casos, la eligen.
Casos documentados existen. Colombia y Bolivia son dos referentes de relevancia al ser considerados narco-estados. Corrompieron a la autoridad y llegaron a subordinarla. En México, el crimen organizado ha corrido en paralelo a la alternancia política. Es más, constituye el fracaso más evidente de la alternancia política en el Poder Ejecutivo del PAN. Sin formación, sin experiencia, los cárteles del narcotráfico midieron a los recién llegados y los desplazaron del control del flujo de drogas, rutas, plazas y del control mismo del territorio nacional. Con el PRI, el presidente era el fiel de la balanza. Vieron que no tenían otro poder que los combatiera, los cárteles se ampliaron a las entidades federativas y los municipios.
Para ello fue más cómodo y barato tener el control de autoridades locales, en particular, de los encargados de combatirlos, tanto fiscalías como secretarias de seguridad pública.
Ejemplos ilustrativos, lamentablemente, sobran. El caso de Nayarit donde el fiscal era el jefe de la plaza, le decían el diablo, ahora preso en Estados Unidos (EU). Otro más fue el de Guanajuato que afectó la estabilidad social en Guanajuato. En el orden federal está la actividad criminal fue solapada por presidentes como Salinas, Zedillo, Fox y con Calderón desde la Secretaría de Seguridad Pública por el propio titular. Que exista corrupción es algo reprobable, que se sume la impunidad es ya una desgracia mayor. El caso de Tabasco es un caso parecido a otras entidades, la diferencia es que los culpables fueron investigados y están detenidos. Esto rompe el hilo de complicidad y parece ser el único camino viable para combatir el crimen organizado en el país.
No estamos lejos que la presidenta decida actuar contra gobernadores, fiscales, secretarios de seguridad, presidentes municipales, empresarios y banqueros. Los cuatro primeros en ejercicio del cargo, los dos últimos cualquiera que sea su influencia. Ahí va a cerrar el paso a la impunidad. La presidenta Sheinbaum tiene el poder y ha dado muestras que también la decisión. Socialmente ganaría mayor apoyo nacional e internacionalmente. No habría duda.
El reto mayor de la presidenta Sheinbaum es que la oposición ve en el crimen organizado su mejor y única plataforma de propaganda política.
