El crimen organizado es un negocio global. El narcotráfico es una de sus actividades más rentables y es el medio privilegiado de su expansión. Ha rebasado la capacidad de los estados y sus gobiernos. Desafortunadamente, al igual que México y Colombia, los países involucrados responden con acciones meramente locales, mismas que nacen derrotadas, porque son producto del aislamiento autoimpuesto. Pierden sin competir y su conflicto interno crece. Por ello, es importante impulsar una política exterior más firme y activa en los distintos foros internacionales.
A veces es penoso ver cómo nuestros gobernantes se dirigen a los Estados Unidos. Pareciera que estamos condenados a una subordinación permanente o que nuestra condición de dependencia es un destino manifiesto. Hasta ahora, la supuesta colaboración se limita al apoyo en armas, entrenamiento a grupos de élite, equipo aéreo y algo de tecnología, situación que únicamente fortalece la acción punitiva. Se ataca a los grupos de criminales con criterios militares, provocando altos costos sociales, en detrimento del trabajo de inteligencia. La guerra también es un negocio, pero cuando se sabe quién es el enemigo; aquí nadie sabe a quién se combate.
Se dice que esto es muestra de colaboración internacional; sin embargo, la pérdida de vidas humanas la padecen los países productores y no los que tienen sociedades de consumo. Por décadas, la política de nuestros vecinos del norte ha sido continuar la guerra contra los traficantes de droga, pero ni con sus armas y tecnología han podido reducir el tráfico de estupefacientes ni detener el número de consumidores. La droga a fluido y el número de adictos se ha incrementado.
Lamentablemente, esa estrategia de lucha – que no ha dado resultado- es la que imponen a nuestros gobiernos. De ahí que deban cambiar las políticas aplicadas en el combate de un adversario poderoso, que cuenta con recursos y medios suficientes para debilitar gobiernos e instituciones públicas. Su poder de sometimiento e innovación ha dado mejores resultados que las estrategias locales para su combate. En Colombia, observamos como movimientos insurgentes, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 1964) y el Ejército de Liberación Nacional (FLN), pasaron al servicio de los cárteles de la droga, protegiendo los cultivos, traslado y procesamiento de la cocaína, que luego se distribuye a Estados Unidos y Europa.
Según Joaquín Villalobos, las FARC son los mayores extorsionadores y secuestradores del mundo y sus operaciones militares han sido tan indiscriminadas que han destruido pueblos y masacrado a sus habitantes. En uno solo de esos hechos, en Bojayá, mataron a 119 personas, incluidos 40 niños, cuando lanzaron explosivos contra una iglesia. Las FARC son una amenaza trasnacional, tienen el poder financiero del narcotráfico para corromper, intimidar y destruir instituciones en cualquier parte como cualquier cártel[1].
De hecho, el binomio guerrilla-narcotráfico es lo que ha generado la permanencia y expansión de este tipo de movimientos armados, al recibir cantidades extraordinarias de dinero y armas constituyéndose en un verdadero peligro para la estabilidad política de Colombia. Lamentablemente, también existe una confusión entre los que todavía piensan que estos grupos promueven un grito libertario.
El caso de Afganistán también es ilustrativo. Es un país que produce casi el 90 por ciento de la heroína que se consume en el mundo y sus recursos generados han contribuido al financiamiento de terroristas. Naciones Unidas calcula que desde 2006 se han generado entre 200 y 400 millones de dólares al año, recursos que han fortalecido al régimen talibán; incluso, esto ha permitido su avance hacia el control del territorio nacional bajo el esquema de un narco-estado. Al igual que las FARC cobran por cada etapa del proceso de producción del opio y la heroína.
Parecido al esquema entre colombianos y mexicanos, de productor y distribuidor, los narcos talibanes exportan hacia países limítrofes: Paquistán, Irán, Rusia y repúblicas de Asía Central. En esta guerra también han fracasado los Estados Unidos. El ejército más poderoso no ha podido romper la fuente de financiamiento de los talibanes; ahora tienen recursos para competir con la potencia mundial. Cambiar esta realidad requiere de acuerdos del orden internacional y no la aplicación de estrategias aisladas de cualquiera de los países afectados por el tráfico de la heroína, producida en Afganistán[2].
En Guinea-Bissau (África Occidental), país de apenas un millón setecientos mil habitantes, es considerado un narco-estado utilizado para introducir la droga a Europa. Sus condiciones sociales con lamentables y sus instituciones de gobierno proclives a la corrupción derivada de la relación de sus militares con el narcotráfico. El umbral de la pobreza afecta a dos tercios de su población total, la marina apenas tiene dos embarcaciones y la fuerza aérea solo existe en términos nominales, pues ni siquiera cuenta con un helicóptero. Con todo esto es considerado un estado fallido.
Haití un país lleno de desgracias -que van desde dictadores, revueltas, vudú, la violencia de los tonton macoutes, conflictos políticos y desastres naturales-, no se puede comprender si no se toma en cuenta la influencia que en ella tienen los narcotraficantes colombianos y mexicanos. Haití es un importante centro de trasbordo de drogas hacia Estados Unidos. Desde el dictador Jean-Claude Duvalier, “Baby Doc” se exportaba café como fachada de un negocio mayor que era el tráfico de cocaína colombiana. Actividad que llevaba a cabo el suegro y cuñado del dictador. Durante el gobierno del sacerdote y político Jean-Bertrand Aristide, Haití se terminó de consolidar como un narco-estado.
A pesar de ser una realidad acomodada a los intereses de los Estados Unidos por el control del canal de Panamá, los hechos relativos a la detención del dictador Manuel Antonio Noriega, si bien estuvieron ligados a la pérdida de confianza por parte de sus promotores norteamericanos, el Senado de eses país informó sobre la creciente importancia del Estado panameño como centro de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto a pesar de que en algún momento se le señaló como un luchador contra la droga y la DEA lo había elogiado por su aporte al combate a esta actividad ilegal[3].
Como jefe del gobierno panameño, Noriega participó en el tráfico de drogas y en otras actividades ilegales como la protección a los cárteles del narcotráfico y el apoyo a fuerzas paramilitares. Los medios de comunicación detonaron su relación con el negocio de la droga y lo señalaron como un dictador corrupto y traficante de drogas a los Estados Unidos. Delitos por los que sería juzgado y depuesto del cargo que sus propios promotores le habían dado.
En Rusia, a la caída del régimen socialista, de fuerte control estatal, surgieron grupos criminales que pelearon el control de actividades económicas e instalaciones industriales. Frente a la desorganización del gobierno, los criminales invirtieron los papeles de abastecedores de dinero ilícito a la élite gobernante y se apropiaron del manejo de actividades reservadas al Estado.
Durante el control del socialismo, las organizaciones criminales fueron toleradas, manteniendo los niveles de violencia bajos. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y el Partido Comunista, la debilidad del Estado ruso dio cabida al florecimiento del crimen organizado que “se caracterizó por la transición y el caos. La violencia se convirtió en la norma entre las organizaciones criminales y dentro de ellas: las esferas de influencia eran disputadas y la cohesión interna de muchos grupos se tornó limitada”[4].
Estos son algunos casos de una larga lista de estados que enfrentan los estragos del crimen organizado. Es difícil saber hasta dónde llega el daño provocado, hasta dónde la tolerancia a las actividades ilícitas ha rebasado a quienes lo permitieron; pero lo que es evidente es la complejidad global de un negocio que produce grandes cantidades de dinero, que tiene el poder económico para romper las relaciones productivas de un sistema económico y de subordinar a países al nivel de ser considerados narco-estados o estados fallidos.
No estamos hablando de una actividad limitada a la producción, traslado y consumo de drogas o sustancias prohibidas. El catálogo es diverso y forma parte de lo cotidiano cuando pasa de la ilegalidad al género de lo considerado lícito. Como lo resume Jorge Chabat “las actividades del crimen organizado abarcan: a) falsificación de moneda; b) crímenes relacionados con la droga, las armas, o el vicio: prostitución, tráfico de esclavos, juego ilegal; c) delitos contra la propiedad: robo de automotores, bandas de robo a casas o bodegas, compra de propiedad robada, robo de cargamentos; d) crimen violento: pandillerismo, asalto, extorsión; e) crimen de cuello blanco: robo de secretos industriales, mercancía falsificada, inversiones fraudulentas, empleo ilegal, chantaje, corrupción”.
Podemos sumar algunas más; sin embargo, es suficiente para coincidir en la urgencia de pedir a nuestros gobiernos atiendan el asunto con una nueva actitud; pasar de lo individual a lo colectivo. No hay otro camino y este no es fácil.
[1] Ver.Joaquín Villalobos. El País. 24/03/2008.
[2] Ver. Loretta Napoleoni. El País. 19/11/2009.
[3] Ver. Fabián Berentein. Go Home. L.D. Books. Página 43.
[4] Ver. Phil Williams. El crimen organizado y la violencia en México: una perspectiva comparativa. ISTOR. Revista de Historia Internacional. CIDE. Otoño 2010. Página 33.