TOLUCA, Méx.- Ante especialistas y activistas de Tabasco, Chiapas, Monterrey, Quintana Roo, Ciudad de México y de la entidad participantes en el Foro ‘Análisis de la Ley Vicaria y la Protección de la Niñez en México’, la legisladora María de los Ángeles Dávila (PAN) sostuvo que la violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre los hijos o seres queridos para herir a la madre, sin embargo, también afecta al hombre, por lo que se debe ampliar su definición para ambos géneros.
Dichos supuestos, explicó, se deben de incluir en el Código Penal del Estado de México, pues si las madres ejercen violencia sobre los hijos para herir al padre no caería en el tipo penal y refrendó su compromiso con el interés superior del menor pues su bienestar va más allá del rol de género.
Al explicar que en este tipo de foros la bancada del PAN busca dar voz a las exigencias ciudadanas para que se transformen en leyes y políticas públicas, la legisladora detalló que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en el primer bimestre de este año la entidad mexiquense reportó mil 72 llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar, por lo que es necesario trabajar en políticas públicas que disminuyan este delito; mientras que en enero y febrero se registraron 4 mil 440 presuntos delitos de violencia familiar.
En este sentido, señaló, la protección de los menores, como sector más vulnerable, debe ser prioritaria, creando un entorno adecuado para su sano desarrollo, con un objetivo común encaminado a la estabilidad de la relación interpersonal, y no un objetivo donde medie el conflicto, dañando la integridad física, emocional y psíquica del menor.
Durante los trabajos, con la ponencia ‘Alienación parental’, Marco Aurelio Santiago Ávila, médico cirujano militar y médico psiquiatra, explicó las pruebas y análisis que se realizan a padres y menores para saber si son manipulados para afectar al otro, y por lo tanto si existe alienación parental. Entre estas pruebas enumeró el nivel de desarrollo, padecimientos de conducta y grado de sugestión en el caso de los menores, así como causas de divorcio y capacidad de resolución de conflictos en el caso de los padres.
El doctor en psicología Alejandro Mendoza Amaro, expuso el tema ‘Derecho Familiar y fraude científico’ en el que habló de la importancia de priorizar el bienestar de las y los menores sobre los conflictos entre los progenitores, así como de mantenerlos alejados de estos. Recordó los derechos que tienen los menores a la manutención, a no tomar parte en los conflictos, no llevar mensajes, no escuchar quejas, no tener que escoger a uno de ellos, ni ser responsable de la carga emocional de los padres, pero principalmente “su derecho a ser niños”.
Para hablar del ‘Interés Superior del Menor’, Andrea Hernández Molina, activista y abogada con diplomado en criminalística y juicios orales, habló de las distintas formas de violencia que se pueden ejercer sobre las y los niños, violentando sus derechos al desarrollo pleno, y que los derechos de los hombres y las mujeres deben alinearse al interés superior de la niñez.
Con el tema ‘Inconstitucionalidad de la Ley Vicaria’, Teresa Carrizales Hernández, abogada y activista en derechos humanos, señaló que la actual ley es discriminatoria porque el agresor siempre es el hombre y la víctima es la mujer, por lo que son excluidos los derechos de los hombres y las medidas de protección hacia ellos en caso de violencia. Pero, sobre todo, su inconstitucionalidad radica en que las afectaciones las padecen los menores, quienes en realidad son las víctimas directas, y se deja de lado el interés superior de la niñez.
También participaron Patricia Castilleja Machado, presidenta y fundadora de Niños con MaPa; Alejandro Ríos, presidente y fundador de No Más Hijos Rehenes; Saharet Alicia Mendoza Martínez, fundadora del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, y Rodolfo Ruiz Vega, asesor jurídico de Ex Hijos A.C.
Coincidieron en la importancia de que en la legislación se establezcan como víctimas a las y a los menores, pues son las víctimas de padres y madres. Denunciaron que las autoridades como jueces o escuelas juegan un papel de obstrucción, mediante acciones como las denuncias de hechos falsos.
