En un texto de Jorge Chabat, nos comparte que “cuando un Estado no tiene la capacidad de aplicar sus propias leyes, existen básicamente dos opciones a corto plazo: o se toleran los delitos o se les confronta de manera ineficiente. Evidentemente, ambas opciones parecen ser muy malas: las dos tienen altos costos: corrupción o violencia”. Sumada a estas dos tendencias, existe una variante intermedia que es el silencio o la negativa institucional a hacer públicos los alcances reales del crimen organizado. Con esta preferencia institucional, el Gobierno Federal se desgasta, asumiendo en su totalidad el descrédito popular, atrae la atención de los medios y es sujeto de la presión que ejercen los grupos políticos de oposición. Como dice Chabat, “es evidente que el gobierno mexicano tendrá que elegir entre lo malo y lo peor”.
En el lado contrario, la delincuencia organizada está plenamente definida a conservar y sostener la rentabilidad económica de su negocio ilícito. Según Thomas J. Donahue y Paulina Ochoa Espejo, “el objetivo de los narcos parece ser puramente económico. Se trata de proteger su fracción de mercado y de hacerla crecer, de evitar que el gobierno u otros grupos interfieran con las ganancias de su empresa”, (nexos, número 407). En el mismo sentido, el Mayor Brett L. Mers, oficial de carrera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (E.U.) apunta que “las organizaciones criminales trasnacionales en México parecen estar motivadas principalmente por cuestiones económicas; trafican con sustancias prohibidas y se involucran en actividades ilegales para obtener ganancias; buscan acceso para llevar a cabo sus actividades ilegales lucrativas sin interferencia del Estado”. De esta forma, la violencia puede ser una consecuencia de los fines económicos de los distintos grupos criminales en disputa.
Ante la disyuntiva del Estado Mexicano de elegir entre lo malo y lo peor; mientras sus adversarios tienen un objetivo económico definido, se agrega una variante que Ioan Grillo, corresponsal de la “Revista TIME”, define de la siguiente manera: “El presidente Calderón erró el cálculo cuando al iniciar su mandato emprendió una guerra contra los cárteles de la droga, pero utilizando un aparato de seguridad que por décadas estaba podrido”… “Atrás de su esfuerzo, policías y soldados le pegaban a los gánsteres más duro que nunca pero estos agentes de aplicación de la ley aún eran susceptibles a sobornos. Como resultado, la ofensiva de Calderón sólo tiró aceite al fuego. La violencia ha crecido sostenidamente desde 2004”, (Reforma, 4 de noviembre de 2011).
En otro contexto, pero fortaleciendo la tendencia analítica del error de cálculo en la opción punitiva del Gobierno Federal, Joaquín Villalobos, ex miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y consultor para la resolución de conflictos internacionales, señala que “el problema central que México enfrenta hoy en día es la debilidad institucional en un contexto de crisis de seguridad. En la década de los noventa cambió la ruta de la cocaína, México se convirtió en el paso para toda la cocaína que viajaba de Colombia hacia los Estados Unidos, y este cambio lo sorprendió con una debilidad institucional grave, que había venido gestándose desde mucho antes. Hasta que se presentó la crisis no había incentivos para combatir a los grupos de narcotraficantes, no había incentivos para reevaluar todo sistema de seguridad y de justicia y hacer crecer a la Policía Federal, ni había incentivos para abordar el tema de las policías locales. Ni la clase política ni la sociedad veían esto como problema” (nexos, núm. 407). Fueron los años del disimulo, de la complicidad; aquellos años donde “había para todos”.
Es precisamente en esta debilidad institucional que surge un problema mayor para el Estado Mexicano que es la incursión directa de los grupos de narcotraficantes en el control de pozos y robo de productos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). El objetivo económico de los narcotraficantes se dinamiza al involucrarse en el robo de gasolina y derivados a la paraestatal, empleando los mecanismos de corrupción y violencia, como medio de sometimiento para garantizar el acceso a la explotación de una actividad ilícita altamente lucrativa: controlar instalaciones de PEMEX, ordeñar sus ductos y cobrar derecho de piso a las constructoras al servicio de la paraestatal.
De acuerdo con lo publicado por el diario “El Universal”, el 7 de noviembre de 2011, los Zetas, el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, organizaciones dedicadas al narcotráfico, han visto en el robo de hidrocarburos una fuente fácil y rápida de financiamiento, pues las bandas que sustraen dicho producto de manera ilegal les pagan por derecho de piso y protección. El delito ha crecido en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, estados donde se concentra 70 por ciento de la sustracción ilegal de combustible. Antes, poco más de la mitad del robo de combustible ocurría en Veracruz.
La nota puede ser discutida, incluso es difícil de creer si tomamos en cuenta que la paraestatal es protegida por el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, las policías locales y por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de PEMEX. Sin embargo, es otro de los acontecimientos que se guardan celosamente al amparo de lo que el gobierno considera confidencial y no se informa a la opinión pública de lo que pasa en PEMEX en relación al hostigamiento que sufre por parte de los grupos de narcotraficantes. Como ha ocurrido en otras ocasiones cuando la autoridad trata de ocultar la realidad, acaba de aparecer una investigación periodística que pone en evidencia y entredicho a los funcionarios de la paraestatal, cuya salida recurrente es negar los hechos ante un problema que afecta el patrimonio y la seguridad nacional.
El trabajo ya está en circulación con el título “El cártel negro”. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de PEMEX. Fue realizado por Ana Lilia Pérez, con prólogo de Carmen Aristegui. Aunque para la autoridad, las investigaciones periodísticas no son elementos de prueba ni tampoco elementos para abrir una investigación que aclare lo que un medio dice con argumentos y documentales públicas, es sorprendente lo que la autora revela sobre lo que pasa en PEMEX que va desde la complicidad oficial, la corrupción del sindicato, el control que ejercen los cárteles de la droga hasta la venta de los productos extraídos ilegalmente a empresas internacionales. Incluso, se narra el extremo al que han llegado los grupos criminales de robar equipo de las propias plataformas de la paraestatal, incluyendo el helipuerto completo de Yaxche-Bravo.
Según la publicación, la paraestatal no ha sido ajena al crimen organizado. Sus propias unidades de transporte han sido utilizadas para llevar cargamentos de droga ocultos en cualquier parte de los vehículos oficiales que difícilmente entran en revisión policial al ser propiedad de PEMEX. Más adelante, surgió un grupo de criminales dedicados a secuestrar empresarios obligados a formalizar el cambio de sus empresas como pago por el rescate a su secuestro. También surgieron los “gestores” para la adjudicación de licitaciones a determinadas compañías con amenazas al personal encargado de estas tareas administrativas. Luego de estas medidas, su objetivo cambió hacia la sustracción de hidrocarburos y su comercialización en México, E.U., Guatemala y Belice. “Así, comenzaron a operar gasolineras y a abastecer de refinados a otros depósitos pertenecientes a la Red de Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex”. En consecuencia, el cobro de cuotas y comisiones a otros permisionarios intensificó la lucha entre cárteles por el control de las plazas y regiones petroleras.
Aunque puede ser discutido lo narrado por la periodista, -cosa que sería lo deseable- “a partir de que comenzaron las primeras sustracciones y envíos a Estados Unidos, el contrabando de condensado creció rápidamente. Alcanzó tal nivel, que ya en 2007, según cifras internas de Pemex, 40 por ciento de todo el hidrocarburo que producía la Cuenca de Burgos se sustraía ilegalmente y se vendía en el mercado negro, básicamente en territorio estadounidense”. La venta de este producto está prohibida por PEMEX y su manejo requiere de mano de obra calificada, por lo tanto, esto no puede darse sin la complicidad de personal de la propia paraestatal.
Es de resaltar que fue la propia autoridad norteamericana, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) quien puso al descubierto la participación de lo que la delincuencia organizada llamaba “La Compañía”, misma que estaba integrada por miembros del cártel del Golfo-Zetas, quienes tenían en la nómina a las corporaciones policiacas estatales y federales asignadas a Tamaulipas. Ante tal nivel de complicidad, las autoridades parecen condicionadas por dos de los atajos negativos que señala Joaquín Villalobos: convivir con estructuras potentes de crimen organizado o establecer una tregua o negociación.
No existe salida fácil ni para este ni para el gobierno que sigue; elegir entre lo malo y lo peor. Lo inevitable es que se tiene que tomar una decisión, pero, sobre todo, saber informar a la sociedad.
