TOLUCA, Méx.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una Recomendación a la Procuraduría General de Justicia de la entidad, debido a que la tardía e insuficiente actuación de diversos agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial, no ha permitido esclarecer el crimen que cobró la vida de una joven de 13 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en un canal con huellas de abuso sexual, y tampoco se ha detenido a el o los responsables.
Los hechos que lamentablemente acabaron con la vida de la adolescente ocurrieron en el Valle de México y se remontan al mes de mayo de 2008, cuando la joven salió de su domicilio para acudir a un tianguis y no volvió a ser localizada hasta que la hallaron muerta, con signos de violación, en la planta de bombeo del sistema Gran Canal, colonia Valle de Guadalupe, Ecatepec de Morelos.
A pesar de haberse iniciado la indagatoria correspondiente, a la fecha de emitirse la Recomendación -más de tres años después de ocurrir el crimen- la Representación Social no cuenta con elementos objetivos que le permitan establecer la probable responsabilidad, derivado de la tardía e insuficiente investigación que ha llevado a cabo, según indicó la CODHEM.
Los familiares de la víctima al no ver garantizado su derecho a la justicia por parte de la PGJEM, se trasladaron a la Defensoría de Habitantes e iniciaron la queja CODHEM/NEZA/187/2010, a partir del cual el Organismo comenzó una serie de investigaciones y estableció que hubo en efecto, vulneración a los derechos humanos, ya que el fallecimiento de la joven no ha sido esclarecido y el o los responsables continúan en libertad.
En su resolución 07/2011, la CODHEM indicó que en el mencionado caso hubo omisiones de servidores públicos con facultades para investigar delitos.
Lo anterior, debido a que al enterarse de la desaparición, no llevaron a cabo las diligencias necesarias para localizar a la afectada, más aún dada su condición de vulnerabilidad; hubo graves deficiencias institucionales como la falta de dirección en la investigación, cambios constantes de adscripción, ausencia de seguimiento por parte de la representación social y la Policía Ministerial, además de que evidencias y elementos de prueba fundamentales como objetos e instrumentos del delito no fueron debidamente descritos e integrados a la investigación, al igual que análisis de química forense que fueron remitidos de manera inadecuada y ello imposibilitó prácticas de genética relevantes para el esclarecimiento del caso.Recalcó la Comisión estatal de Derechos Humanos que la Recomendación se emitió al vulnerarse el derecho de acceso a la justicia, que está contenido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como de otras leyes locales y tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; y la Convención Belém Do Para, que establece que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; además de actuar con la debida diligencia para tal propósito.
Por lo anterior, el Organismo defensor de los derechos humanos recomendó a la PGJEM prevea lo necesario para efectuar la investigación respectiva de manera eficaz y en cumplimiento a las reformas de la normatividad en la materia, remita la indagatoria a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.
Además, solicitó al titular de dicha dependencia impartir cursos de capacitación y actualización sobre derechos humanos al personal ministerial adscrito al Centro de Justicia de San Agustín, en Ecatepec de Morelos, así como a los elementos policíacos, a fin de que apeguen su actuación al respeto de la dignidad humana y con el ánimo de impedir hechos como los que motivaron la Recomendación en cuestión.
De la misma manera, la Defensoría de Habitantes recomendó iniciar una averiguación previa para investigar la conducta de un total de 13 servidores públicos, de esa institución -10 agentes del Ministerio Público y tres policías ministeriales- y determinar conforme a derecho lo que corresponda.
