VALLE DE MÉXICO.- El Presidente del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, subrayó que funcionarios de Desarrollo Urbano municipal, estatal y federal, así como Presidentes Municipales y Gobernadores, podrían ser investigados por verse posiblemente inmiscuidos en actos de corrupción con compañías inmobiliarias.
José Humbertus Pérez Espinosa indicó que Julio Alejandro Oliva Saldaña, Agente del Ministerio Público de la Federación, encargado del Área de Investigación de Delitos Financieros, recluido en el Reclusorio Norte por estar implicado en el fraude cometido al FOVISSSTE de más de mil 200 créditos hipotecarios en fraccionamientos del estado de México, es un ejemplo de que la PGR está actuando en contra de defraudadores inmobiliarios.
Pérez Espinosa puntualizó que gracias a las demandas interpuestas por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, la Procuraduría General de la República, a través del expediente DG11/135/DF/2011, desmanteló una red de corrupción de altos funcionarios de la PGR, ya que fueron destituidos por no investigar, omitir diligencias y obstruir la impartición de justicia, el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia, Samuel Hernández de Alba; así como Juan Carlos Rincón Sánchez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, ya que al primero se le acusa de cobrar de manera ilícita 100 mil dólares para no investigar a servidores públicos federales en denuncias por fraude entre inmobiliarias, las Sociedades Financieras de Crédito Limitado (SOFOLES) y la Sociedad Hipotecaria Federal.
El Presidente del Frente Mexiquense por una Vivienda Digna destacó que con tales acciones, se descubrió que el actual subprocurador de delitos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) Felipe de Jesús Muños Vázquez, siendo subprocurador de delitos federales de la PGR, obstaculizó la investigación de la denuncia interpuesta por la asociación civil que representa más de 600 mil adquirientes de viviendas que han sido defraudados por inmobiliarias y SOFOLES.
Pérez Espinosa destacó que aunado a lo anterior, destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado que en el Estado de México no se ha legislado el Juicio Especial Hipotecario, presentándose una Omisión Legislativa, con lo que ninguna inmobiliaria, constructora o SOFOL podrá quitarle su casa a un adquiriente de crédito, por lo que demandó a las autoridades estatales y municipales a respetar la ley y no solapar más desalojos ilegales y detener la construcción fraudulenta de viviendas sobrevaluadas en territorio mexiquense.
