TOLUCA, Méx.- La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) propuso crear la Comisión Legislativa Ordinaria de Seguimiento para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, debido a que, en 2024, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se registraron 797 presuntos delitos de feminicidio.
Conforme a su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que de aprobarse se remitirá a la referida Cámara de Diputados federal, en enero del 2025, el Secretariado Ejecutivo registró 54 asesinatos de mujeres catalogados como feminicidios, lo que equivale a 1.7 víctimas por día. A esto se suman los casos de asesinatos de mujeres catalogados como homicidio doloso, con 187 víctimas; y homicidio culposo, con 266 más, durante el mismo mes.
Este reporte indica que el 37 por ciento del total de los feminicidios se concentraron en cuatro entidades: Estado de México, con siete casos (13 por ciento); Puebla, con cinco casos (9.3 por ciento); Morelos, con cuatro casos (7.4 por ciento) y Tamaulipas, con cuatro casos (7.4 por ciento).
Tras compartir que al momento se han decretado 23 alertas de violencia de género contra las mujeres, en 23 entidades del país, y 640 municipios han sido declarados en alerta por violencia de género, la legisladora expuso que en el pasado ya operó una comisión especial relacionada con el tema, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados Federal, para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana, por lo que debe crearse una de carácter ordinaria para participar en la coordinación de acciones con los tres poderes de la unión y atender el problema de feminicidios en México.
Además, para recopilar información que complemente las acciones y el diseño de políticas públicas y la adecuación de la legislación aplicable a los casos de feminicidios; reunirse con autoridades federales, estatales y municipales responsable de ejecutar las políticas públicas correspondientes; así como coordinarse con colectivos y agrupaciones civiles o madres buscadoras.
