TOLUCA, Méx.- Ante el reclamo legítimo y fundado de la ciudadanía por el abuso en los cobros de los estacionamientos públicos de la entidad, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa presentó a la 60 Legislatura mexiquense, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa para establecer que las tarifas sean de cinco a 20 pesos por hora y que en los espacios de los centros comerciales las dos primeras horas sean gratuitas.
Presentada en sesión del Primer Periodo Ordinario, también plantea prohibir que en los boletos de los estacionamientos se incluya la leyenda o señalización que exprese o exponga la falta de responsabilidad del establecimiento por los daños ocasionados a los vehículos por su servicio.
De acuerdo con la iniciativa, remitida a las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Finanzas Públicas, en las plazas comerciales, clínicas y hospitales públicos y privados se otorgarán por lo menos 120 minutos de servicio gratuito a los usuarios que presenten el correspondiente boleto sellado por un comercio o consultorio identificado dentro del lugar.
La propuesta de reforma y adición al Código Administrativo estatal plantea además prohibir que las instituciones educativas públicas y privadas impongan tarifas de cobro por cajones de estacionamiento en sus instalaciones a los padres de familia, tutores o estudiantes.
Propone como sanciones la cancelación del permiso para los estacionamientos de servicio al público cuando incumplan o rebasen las tarifas referidas o las establecidas por las autoridades administrativas competentes, así como una multa de diez a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las instituciones educativas que cobren por tal servicio.
El coordinador parlamentario PAN aseguró que, de conformidad con la Procuraduría Federal del Consumidor, el Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco conjuntan 70 por ciento de las quejas presentadas contra estacionamientos públicos en todo el país por los cobros excesivos y falta de seguridad.
Dijo que si bien, ya se regulan algunas actividades relacionadas con este servicio, la ley no ha alcanzado una especificación relativa a las tarifas o criterios para determinarlas, por lo que las empresas administradoras, clínicas y escuelas de la entidad aprovechan la debilidad normativa y los vacíos legales para realizar acciones en contra de los ciudadanos mexiquenses.
Se sumaron a esta propuesta el diputado Sergio García Sosa, a nombre del PT; Araceli Casasola Salazar, por el PRD, y María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM.
