TOLUCA, Méx.- Para precisar las atribuciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la 59 Legislatura del Estado de México aprobó reformas a las leyes Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de México.
En sesión del Séptimo Periodo Ordinario, que preside el diputado Diego Eric Moreno Valle (PRI), los legisladores aprobaron el dictamen leído por el legislador Raymundo Martínez Carbajal (PRI) para precisar la ejecución de sanciones administrativas a cargo de la presidenta o el presidente del Tribunal; ordenar visitas ordinarias, físicas o virtuales, así como establecer la forma de suplencia de las faltas de los magistrados.
Previamente, en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) afirmó que esta reforma buscar dar mayor certeza y claridad respecto a las atribuciones en materia de control disciplinario.
El diputado Raymundo Guzmán Corroviñas (PAN) señaló la importancia de que este tribunal cuente con un órgano interno de control, por lo que su bancada propuso una adición al respecto, la cual fue desechada.
El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Jacobo David Cheja Alfaro, detalló que la nueva estructura jurisdiccional en materia de combate a la corrupción reiteró atribuciones, por lo es importante definir quién impondrá las sanciones administrativas a los integrantes del personal jurídico y administrativo y qué corresponde al presidente del tribunal o al Consejo de Justicia Administrativa.
El legislador Tassio Ramírez Hernández (Verde Ecologista) dijo que estas reformas abonan y dan claridad a las atribuciones por área, dotando de certidumbre jurídica a los operadores y usuarios.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es un órgano autónomo cuya función es conocer y resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, además de solucionar las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.
PLANTEAN CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Con el propósito de incrementar la calidad y eficiencia de los servicios públicos y adecuar la gestión de gobierno a las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas de la entidad, el Grupo Parlamentario del PRI en la 59 Legislatura mexiquense presentó la iniciativa para restructurar la administración estatal, que incluye transformar la actual Consejería Jurídica en Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y crear la Oficina de la Gubernatura.
Al dar lectura a la propuesta, el diputado Ignacio Beltrán García (PRI) explicó que se plantea modificar atribuciones de la Secretaría General de Gobierno para coordinarse con las autoridades federales en materia de cultos religiosos, y que el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México —actualmente dependiente de la Consejería Jurídica—, se traslade a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, con la función de presidir y coordinar a la Comisión Estatal de Factibilidad.
Entre las atribuciones de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, plantea diseñar y coordinar la política jurídica y de acceso a la justicia del Poder Ejecutivo, diseñar y coordinar la política de justicia cotidiana, organizar y dirigir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, además de atender temas de mejora regulatoria, de justicia cívica e itinerante, así como las solicitudes de amnistía e indulto, entre otras.
De aprobarse esta iniciativa de reforma a diversos ordenamientos, el Estado de México sería la primera entidad del país en atender la recomendación derivada de los Diálogos por la Justicia Cotidiana promovidos por el Ejecutivo federal en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas de crear una instancia responsable de institucionalizar la coordinación del Ejecutivo con las instancias de procuración de justicia y las funciones de la Defensoría de Oficio, garantizando así la efectividad del acceso a la justicia.
PROPONEN NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO CONSULTOR DEL TJAEM
La Legislatura mexiquense turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia la propuesta del titular del Ejecutivo estatal para nombrar a Alberto Gándara Ruiz Esparza como magistrado consultor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México por un periodo de 10 años.
El secretario de la Directiva, diputado Miguel Ángel Xolalpa Molina (Movimiento Ciudadano), dio lectura a la iniciativa que establece que el magistrado consultor se debe distinguir por su trayectoria profesional, como conocedor del derecho y de la administración de justicia.
