TLALNEPANTLA, Méx.- La PGR debe atraer la investigación del colapso del puente siniestrado que quitó la vida a tres personas en esta ciudad, pues el gobierno de Arturo Ugalde Meneses podría tener responsabilidad en el incidente.
Así se solicita a la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibañez, en un documento suscrito por los líderes sociales Raciel Pérez Cruz, Francisco Barrón Rocha y José Luís Cortés Trejo, quienes señalan que existen documentos que confirman las posibles omisiones y violaciones a la ley por parte del gobierno de Arturo Ugalde Meneses al construir rampas en los puentes peatonales sin permiso del gobierno estatal, incluidas las del puente siniestrado.
En conferencia de prensa, los líderes sociales resaltan que a través del oficio 079/2011, de fecha 14 de junio de 2011 emitido por la Junta de Caminos del estado de México, se confirma que existía un dictamen que obligaba a las autoridades a reemplazar por completo cuatro puentes peatonales, incluido el siniestrado, ubicados en vías rápidas de la entidad, pero a pesar de ello el gobierno de Ugalde Meneses inició la construcción de rampas en un puente que después se desplomó y le quito la vida a tres personas.
Asimismo, documentan que existe un oficio, de fecha siete de julio de 2011, en la Contraloría del Poder Legislativo de la entidad, donde el gobierno local de Arturo Ugalde reconoce que “los trabajos de construcción de las rampas (en el puente siniestrado) las realizaba en la lateral de una vía principal, fuera del derecho de vía de la jurisdicción de la Junta de Caminos del Estado de México, bajo supervisión y jurisdicción del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz”.
Ante tal confesión, aseguran los inconformes que existen elementos para documentar la probable responsabilidad de las autoridades locales, pues recuerdan que una vía principal, de acuerdo al Libro Décimo del Código Administrativo del estado de México, en su artículo 17.4, fracción V, inciso a y el 17.11 fracción I, refieren que toda infraestructura vial primaria estará a cargo del estado y no de un ayuntamiento, como pretende hacer creer Ugalde.
Y rematan señalando que existen elementos de prueba para confirmar que el gobierno municipal sí violó la ley al realizar trabajos sin permiso del gobierno central y más aún, hacer construcciones parciales en una infraestructura dictaminada para su renovación total, por lo que exigen que la PGR haga la investigación correspondiente y finque responsabilidades a quien haya violado la ley, pues las autoridades estatales y municipales han hecho caso omiso a tales hechos.
