TLALNEPANTLA, Méx.- Ante las restricciones y suspensiones definitivas del suministro de agua potable que pretenden hacer organismos municipales que controlan el vital líquido, habitantes de esta ciudad exigen a los Diputados mexiquenses deroguen la ley donde se permiten tales violaciones a los derechos humanos.
Así lo dieron a conocer habitantes de Tlalnepantla de Baz, entre ellos Ygnacio Villanueva Castillo, Cristina Santos Ventura Teresa Rosas Hernández, quienes harán llegar un documento al presidente de la Cámara de Diputados del estado de México para que “sea actualizada y/o modificada y adecuada la Ley de Agua para el estado de México y Municipios derogando en primer término el artículo 158 fracciones I, II y III”.
Tras precisar en su documento que “si bien es cierto en fecha reciente (22 de julio del año 2011) fue publicada la nueva Ley de Agua para el estado de México y Municipios, ésta requiere de adecuaciones para hacerla compatible con los preceptos constitucionales recién emitidos”.
Y detalla “por ejemplo en el artículo 158 de la citada ley, se impone al usuario la restricción y/o suspensión provisional y/o la suspensión definitiva del servicio de agua potable, y su aplicación y vigencia atenta contra los derechos humanos de los mexiquenses salvaguardados por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que la misma ONU, el pasado 28 de julio del año 2010, a través de su Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocieron como derecho humano básico el acceso al agua potable, dicha resolución insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento”, documentan los inconformes.
Por último, hay que destacar la molestia de los mexiquenses quienes resaltan la incapacidad de los organismos operadores de agua de diversos municipios, cuyos titulares reconocen que hay un alto número de morosos y tomas clandestinas del vital líquido, y antes de regularizar padrones de consumidores o acabar con el robo del vital líquido vía tomas ilegales, se prefiere ir contra de los usuarios que sí pagan su consumo y en caso de retraso en el pago se instalan cacerías de morosos bajo amenazas de restricción total del servicio.
