Esa parece ser la pregunta central y que provoca todo tipo de interpretaciones, unas que van desde la intriga, la sospecha, hasta el rumor generalizado, como verdad aceptada por repetición. El gobierno se cierra a decir que fueron fallas mecánicas, técnicas o que la tragedia fue a consecuencia de la escasa visibilidad. Ha integrado equipos de expertos para aclarar los hechos, pero no termina por convencer a la población, que tiene otra percepción. Válido o no, es el sentir de una sociedad que ha sido el blanco más vulnerable de la lucha contra los cárteles de la droga.
Los hechos lamentables han marcado a dos gobiernos federales y son tragedias que van en detrimento de la diezmada confianza hacia la autoridad que representan. Sin duda, pueden existir argumentos para demostrar lo contrario, pero el sentimiento generalizado entre los ciudadanos es que son mensajes de la delincuencia organizada hacia el gobierno que se ha visto rebasado. El sentimiento va acompañado de otro ingrediente más contundente en favor de la suposición popular. Los caídos han sido funcionarios de primer nivel. En tal circunstancia, la pregunta es obvia y de fuerte sentido común: si el gobierno no puede garantizar la seguridad de sus propios colaboradores ¿Cómo puede garantizar la del pueblo?
En el primer accidente perdió la vida Ramón Martín Huerta (21-09-2005) quien era el Secretario de Seguridad Pública Federal y 8 personas más; en el segundo murió el entonces Secretario de Gobernación Federal, Juan Camilo Mouriño Terrazo (04-11-2008) y siete personas más, entre ellos, José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR); en el tercer acontecimiento pierde la vida el Secretario de Gobernación Federal, José Francisco Blake Mora (11-11-2011) y siete personas más: el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe Zamora Castro, el Director General de Comunicación Social, José Alfredo García Medina, la Secretaria Técnica de la Oficina de Gobernación Diana Hayton Sánchez, el Mayor del Ejército, René de León Sapien; y, de la Fuerza Aérea, el piloto Felipe Bacio Cortés, el Teniente Pedro Ramón Escobar Becerra y el Sargento Segundo Jorge Luis Juárez Gómez.
Sin duda, todos los caídos merecen nuestro respeto y pedir por el consuelo de sus familias por la terrible pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, el gobierno no ha tenido el tino, el acierto para que el sacrificio de miles de vidas no sea inútil. Las ceremonias oficiales en tributo a los funcionarios que han perdido la vida lejos están de lograr la solidaridad con las acciones en contra de los narcotraficantes. Los honores rendidos muestran más a un gobierno vulnerable, débil y con escasa capacidad de respuesta ante los actos de terror cometidos por el crimen organizado. Está resultando un efecto contrario al observado en Colombia en su enfrentamiento con los cárteles de Medellín y de Cali que asesinaban a civiles y a representantes de la autoridad, por igual; sobre todo, en las etapas de aprobación de la Ley de Extradición que autorizaba que los traficantes de droga fueran juzgados en los Estados Unidos.
El nivel de atrocidad fue más allá de lo imaginado, cometieron actos de barbarie y de dolor a la condición humana que despertaron en la sociedad colombiana un movimiento creciente de apoyo a la autoridad, en su lucha contra los capos Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. La tendencia de rechazo a las acciones criminales vino a consolidarse con el asesinato, en 1989, del candidato del Partido Liberal a la presidencia de Colombia, Luis Carlos Galán. Su muerte se debió a que apoyaba la extradición de los narcotraficantes y estaba decidido a dar la batalla contra los cárteles de la droga.
Son muchos los acontecimientos desafortunados que van ligados a la lucha contra los narcotraficantes y es el momento de dar un giro a la estrategia del gobierno para que recupere la confianza social y logre el apoyo colectivo a su lucha contra los cárteles de la droga. No discutamos si los helicópteros o el avión se cayeron por tales razones; eso es intrascendente porque la percepción popular dicta lo contrario. Es mejor asumir que México se encuentra en un momento decisivo de su historia y que, si bien, se presentan acontecimientos donde pierden la vida funcionarios del gabinete presidencial, también existen miles de vidas que han sido sacrificadas en la difícil batalla contra la delincuencia organizada.
El gobierno está obligado a mostrar una actitud diferente. Cuando pretende dar explicaciones de los hechos en la mayoría de las veces no logra superar la duda ni la especulación. Y eso políticamente es su mayor daño porque genera incertidumbre y un desanimo terrible en la población. Eso le ha pasado en Veracruz, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Chihuahua. En este último estado los resultados han sido desoladores, realmente lamentables, incluso ha ganado terreno la frivolidad al decir que los niveles de violencia han bajado porque ha disminuido el número de muertos.
¿Qué explicación tienen las autoridades para justificar su actuación? ¿Cuál es la salida ante el creciente número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez? Dirán que existe una mayor coordinación entre niveles de gobierno; que los operativos conjuntos han dado resultados, que se han depurado las corporaciones de policía, y un largo etcétera, pero estas explicaciones ¿lograrán cambiar la percepción mayoritaria?, sobre todo cuando la propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que, en lo que va del año 2011, han desaparecido 57 mujeres en Ciudad Juárez, 36 de ellas menores de edad y que en los últimos cuatros años se tienen 120 mujeres desaparecidas en ese municipio.
Si se cayeron o los bajaron, si ante los operativos conjuntos de fuerzas federales, estatales y municipales los resultados son negativos, lo mejor es reflexionar un poco y ganar la batalla en la comunicación a partir de tener una estrategia, precisamente, de comunicación. Es la única manera de difundir que tiene rumbo la lucha contra los cárteles de la droga. Al igual que en Colombia ya se suman suficientes agravios a la sociedad para impulsar una acción conjunta que motive un amplio sentido de solidaridad hacia el gobierno, lamentablemente no se ha visto capacidad para ello, aún cuando ya han muerto funcionarios de primer nivel que, bien honrados, debieron ser elementos cohesionadores en torno a la autoridad; pero al contrario, la trágica muerte de figuras públicas han incrementado el sentimiento de que la lucha la van ganando los criminales.
Es evidente que los accidentes aéreos se han sumado a los actos de terrorismo cometidos por los grupos criminales y que el gobierno está expuesto a los impactos negativos que esto provoca, son consecuencias que merman su credibilidad, sobre todo porque socava la confianza social. Si en Colombia los actos de terrorismo o narcoterrorismo tenían como objetivo evitar la aplicación de la Ley de Extradición; en México los crecientes niveles de brutalidad, de genocidio, secuestro y de violación a los derechos humanos tiene como propósito obligar a la autoridad a pactar con los cárteles de la droga, para evitar situarse como la amenaza mayor de los E.U., luego de que Al Qaeda dejó de ser el enemigo número uno de ese país.
Ser considerados la mayor amenaza para la seguridad nacional de los estadounidenses es el mayor riesgo que pueden enfrentar los narcotraficantes mexicanos, sobre todo porque, al igual que en Colombia, tienen en México un control eficiente sobre corporaciones de policía, procuradurías, gobiernos municipales, incluso cuentan con infiltrados en instituciones del Gobierno Federal. De ahí la urgencia de presionar para negociar, con el objetivo de salir de la mira del gobierno norteamericano. Para los E.U., los cárteles mexicanos no son meras organizaciones delictivas. De acuerdo con Robert J. Bunker, consultor en asuntos militares, (proceso, 1827) “varios congresistas norteamericanos coinciden en señalar que en México tienen lugar “insurgencias criminales” como resultado de un cambio en la actuación de los cárteles, que del control político que ejercían de facto pasaron a tener “áreas de impunidad” en varias partes del país”.
Esa es la presión que enfrenta el gobierno mexicano, esa es la tendencia que preocupa a los cárteles mexicanos y sus cómplices del más alto nivel político y empresarial y ese es el escenario donde pueden surgir más atentados terroristas que conmuevan a la sociedad, al grado de obligar a la autoridad a pactar. Nada fácil, pero está en juego la existencia del Estado de Derecho mismo, la continuidad de un país de instituciones, legal y legítimamente constituidas.
*Ex presidente consejero del Instituto Electoral del estado de México.
