VALLE DE MÉXICO.- Los desordenes de la vida pública nacional, como la inseguridad, la falta de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo la ineficacia de los gobiernos, es consecuencia del modelo arcaico de gobierno presidencialista, el cual concentra todo el poder en una sola persona que llega al cargo con la aprobación de un tercio de la población.
Lo anterior lo señaló Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien refirió que debe haber cambios profundos en la forma de ejercer el gobierno en México, pues el Poder Ejecutivo se ha quedado rezagado en la evolución política rumbo hacía una democracia institucional.
En charla con Reporte Mexiquense respecto a su más reciente publicación “Problemas y Perspectivas del Sistema Presidencial Mexicano”, editado por el Instituto Electoral del Estado de México, el investigador de la UNAM detalló que los ciudadanos, a través del ejercicio de su voto, tienen la capacidad de decidir la integración del Poder Legislativo, pero no así en la integración del gobierno, pues los Secretarios de Estado son designados directamente por el Ejecutivo en funciones.
Y detalló “para que se tome una decisión en el Congreso, se requiere una mayoría del 50 por ciento más uno de los Legisladores, pero el actual Poder Ejecutivo Federal está representado por quien sólo obtuvo el 35 por ciento de los votos, de manera que pesa más ese porcentaje que el 65 por ciento de quienes no votaron por esa opción”.
El Doctor en Derecho, subrayó que ese problema se resuelve con la adecuación del sistema presidencial actual, rumbo ha una democracia institucional, donde los gobiernos son obligados a someter sus programas de gobierno y la integración de los gabinetes de Secretarios de Estado para ser ratificados por el Congreso, para que sean las mayorías representadas en ese poder público, quienes tomen la decisión de integrar esos equipos, además de exigir cuentas y apoyar a los responsables de llevar a cabo las políticas públicas.
Por último, para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la rendición de cuentas que existe en el país es una transparencia a medias, ya que las decisiones de los gobiernos son tomadas en privado, pues no existe una ley que obligue a los funcionarios a documentar y generar un archivo de las motivaciones para tomar las decisiones ejercidas por el poder público.
