TLALNEPANTLA, MÉX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencias de 18 años de prisión para Norma Areli Gómez Hernández y Arturo Sánchez Cansino, tras quedar acreditada su participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de utilización de menores en actividades delictivas, en la hipótesis de delitos contra la salud.
Norma Areli y Arturo obligaban a dos niñas, una de 10 y otra de 6 años, hijas de la ahora sentenciada, a comercializar envoltorios con droga en diferentes puntos de la colonia Los Olivos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
De acuerdo con la investigación iniciada por la FGJEM se pudo determinar que a partir del mes de mayo del año 2019 y hasta febrero del 2020, ambas víctimas eran trasladadas por su madre y la pareja sentimental de ésta, a calles de la colonia referida, donde debían comercializar estupefacientes.
Una vez que esta Institución tuvo conocimiento de los hechos fue integrada la indagatoria respectiva por el delito de trata de personas y con el avance en la indagatoria el Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de los responsables.
De igual manera el Representante Social solicitó orden de cateo para una vivienda ubicada en la colonia Los Olivos, de este municipio, habitada por los investigados. Ambos mandamientos judiciales fueron otorgados, por ello personal de la FGJEM se trasladó al sitio en donde fue detenida esta pareja, además fueron aseguradas 38 bolsas con estupefacientes y una más con marihuana, así como una libreta de registro y papeles con diversas anotaciones sobre la venta de droga.
Ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial para que determinara su situación legal.
Luego de revisar las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por esta Representación Social, el Órgano Jurisdiccional dictó esta sentencia para los acusados, quienes además deberán pagar multas de 1 millón 59 mil 125 pesos, así como 63 mil 544 pesos para cada una de las víctimas como pago por reparación del daño moral y material, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
