Ejemplos, lamentablemente hay muchos y cada uno representa el abismo que enfrentamos las mujeres en la exigencia de un derecho, aunque algunos la consideren una concesión. En tiempos de las telecomunicaciones, del flujo de información y del uso de las redes sociales los hechos cotidianos largamente escondidos, simulados y escasamente difundidos, se nos muestran con la crueldad y velocidad que rebasa nuestra capacidad de entendimiento. Ahora sabemos lo que pasa a las mujeres indígenas en Oaxaca, en Chiapas o sobre el secuestro con fines de explotación sexual en Europa del Este, Asia o Sudamérica. Gracias al debate provocado por los medios y el acceso a ellos, se ha logrado difundir y poner en la mesa del debate que la discriminación femenina se debe a razones de tipo tradicional, conductas preestablecidas y por condiciones ligadas a la raza, sexo o religión.
De acuerdo al trabajo de investigadores sociales, de organizaciones civiles y de mujeres profesionistas se coincide que la discriminación contra la mujer es una realidad difundida y perpetuada por la supervivencia de estereotipos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que la perjudican. En varios países se les priva de sus derechos legales, incluido el voto y el derecho de propiedad.
Es ilustrativo que en materia laboral la mujer sufre de diversos tipos de discriminación; desde los requisitos que se les pide para ingresar a un trabajo –por ejemplo el certificado de no embarazo- hasta la remuneración, donde las mujeres trabajan más y ganan menos. En México, ni siquiera se le consideraba digna de votar o participar en las elecciones. Fue hasta las elecciones de 1959, cuando las mexicanas acudieron a las urnas para votar y ser votadas como representantes del pueblo.
El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), declaró: “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
Amnistía Internacional (AI) denunció que al menos 36 países mantienen en vigor leyes que discriminan a las mujeres por razón de su sexo; esto es tratar de forma diferente a las mujeres, concediéndoles menos derechos y en menor grado. En consecuencia, la discriminación es la raíz fundamental que sustenta la violencia de género que afecta a una de cada tres mujeres en forma global. Por ello, es importante que los gobiernos ratifiquen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU y su Protocolo Facultativo.
Para la ONU, la discriminación por razón de sexo es “la causa subyacente de la violencia contra las mujeres, la violación de los Derechos Humanos más extendida e impune que existe en el mundo”. Si bien la discriminación se refugia en distorsiones culturales o religiosas, también se tolera en el marco jurídico de los gobiernos con un fuerte impacto en el aspecto familiar, orden económico, situación laboral y de acceso al a educación.
En nuestro país, las mujeres llegan a ser discriminadas hasta cuatro veces: se les relega por su condición femenina, por etnia, por condición social y hasta por edad. Si le sumamos las condiciones de ser mujer indígena, pobre y anciana; estamos hablando de un escenario realmente trágico, triste y de un nivel de crueldad vergonzante. Esto obedece a patrones socioculturales largamente aprendidos y repetidos. Si un niño observa que en su familia y comunidad, las mujeres tienen un papel de menor jerarquía que los hombres, es mas probable que aprenda a discriminarlas, a repetir esta conducta y a enseñarla a sus hijos. Lo que es peor, estas conductas son interiorizadas y las mujeres se sienten menos y actúan bajo esa pre concepción.
La batalla sigue en diversos espacios y foros; y gracias a la insistencia y resistencia de luchadoras sociales, el Estado Mexicano ha suscrito:
· La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW en 1979 y ratificada en 1981;
· La Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing y su Plataforma de Acción en 1995; y,
· La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ratificada en 1998.
A pesar de ello, prevalece la desigualdad como una constante que viola sus derechos humanos, en particular de los sectores mayormente expuestos a la pobreza, al campo o a su condición de indígenas. El no cumplimiento de las normas internacionales implica una forma específica de impunidad, cometida concretamente por los funcionarios encargados de su ejecución y de vigilar su cumplimiento. Olvidar los compromisos contraídos en los pactos y tratados internacionales conlleva a circunstanciales de violencia, ejecutada desde una posición de poder.
Las mujeres en México siguen sufriendo discriminación y violencia extrema a pesar del compromiso internacional que contrajo México. Los instrumentos jurídicos ratificados son más una referencia de justificación, que una realidad aplicada, es prácticamente un recurso utilizado para “taparle el ojo al macho”. De ahí que uno de los principales retos para las mujeres es desarrollar los mecanismos concretos, que hagan aplicables, cada uno de los derechos establecidos en las convenciones internacionales ratificadas por México. Esto es, superar el esquema de la simulación, de la fachada de igualdad, cuando su tiene un fondo de violencia, miseria y de dolor que se alimenta de la indiferencia de la autoridad.
La simulación es una forma de ausencia de democracia, de acceso a la justicia y, por lo tanto, la simulación es contraria al Estado de Derecho. Ese ha sido el mayor riesgo y peligro que padecen las mujeres de Juárez, mismas que reclaman un derecho fundamental: Justicia.
