TOLUCA, Méx.- Hija del legendario político oriundo de Villa del Carbón, Heberto Barrera Velázquez, la ex secretaria de salud del gobierno del estado de México y hoy alcaldesa de esta ciudad ha demostrado una clara propensión al nepotismo, la corrupción e incapacidad para gobernar, denunciaron habitantes.
Abraham Águila Boudib, Presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias de Toluca, afirma haber documentado cómo la alcaldesa María Elena Barrera Tapia entregó un bono de liquidación como servidor público por cuatro millones de pesos al esposo de su prima-hermana, Martha Verónica Tapia Mejía, Carlos Ocaña Ponce, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas del organismo de Agua y Saneamiento y que fuera cesado luego de evidenciarse su parentesco con la edil, en un acto claro de nepotismo.
Entrevistado por este reportero en marzo de 2011, el luchador social Abraham Águila informó que la alcaldesa de Toluca, María Elena Barrera Tapia, incurrió en claros actos violación a la ley por la contratación de familiares suyos en el gobierno local, por lo que interpuso sendas denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México desde el año 2010.
“Victorino Barrios sólo ha exhortado a la alcaldesa a que se abstenga de no contratar familiares a pesar que se ha documentado el nepotismo”, lamentó el Presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias de Toluca, por lo que también ha interpuesto una denuncia contra el Contralor estatal.
Otras denuncias por nepotismo contra la alcaldesa de Toluca, documentadas por el Presidente de la Unión de Pueblos, Barrios y Colonias de Toluca fue la contratación de su cuñado, Ángel López Millán, como subdirector de Formación y Desarrollo de la Dirección de Seguridad Pública y Gobernación municipal; además de la interpuesta en diciembre de 2010 por haber contratado a su sobrino Carlos Fernando Ramírez Barrera, como subdirector de Finanzas del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca.Por otra parte, la alcaldesa emanada del Partido Revolucionario Institucional ha demostrado su propensión al autoritarismo, pues ha solapado las agresiones de la policía municipal contra comerciantes de la zona centro.
Entrevistado por este reportero, Francisco Javier Hernández Martínez, representante de Comerciantes Fijos y Semifijos de Cuauhtémoc Alameda, en Toluca de Lerdo, denunció “la alcaldesa María Elena Barrera Tapia ha ejercido una política represora contra este sector, desde la llegada de Eladio Molina, quien se identifica como director de Desarrollo Económico y Comercio y ha iniciado operativos de desalojo de comerciantes semifijos y ambulantes en el centro de Toluca”, afirmó.
Hernández Martínez precisó “Eladio Molina realiza operativos para despojarnos de nuestra mercancía, van policías y nos golpean y cuando reclamamos, nos encierran en los separos por horas y nos dejan incomunicados”.
El líder mercante afirmó que son más de 500 comerciantes, agrupados en la organización referida, así como el Frente Amplio de Organizaciones Sociales, y la Organización Movimiento Popular Che Guevara, los que han sido afectados, “a pesar que la alcaldesa María Elena Barrera Tapia, en campaña, nos prometió regularizarnos y respetar nuestras fuentes de empleo, hoy vemos que nos mintió”, acotó.
Los comerciantes responsabilizaron de las golpizas a manos de la policía municipal y las detenciones ilegales, al comandante Constantino Díaz, “quien violando todo derecho humano, golpea a compañeros comerciantes menores de edad, incluso jovencitas, a quienes amedrentan y roban su mercancía a plena luz del día, como sucedió hace unos días en las calles Juárez y Primero de Mayo, donde quedó inconsciente una joven al desmayarse de la impresión y el terror que le infundaron cuando los policías cortaron cartucho enfrente de ella”, refirió.
Por otra parte, se sabe que Joel Pérez Cadena, secretario general de la asociación de comerciantes del Mercado “Benito Juárez García”, señaló que en los últimos meses los comerciantes establecidos en mercados de Toluca se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada ante los altos índices delictivos y la poca presencia de elementos de la policía municipal.
De acuerdo con el líder de comerciantes, cada mercado gasta entre 100 y 200 mil pesos mensuales en seguridad privada, ya que los elementos policiales del ayuntamiento dejan de realizar las labores de patrullaje en los establecimientos.
Puntualizó que en los últimos meses se incrementaron casos de extorsión, aunque reconoció que el monto de las extorsiones no asciende a grandes cantidades económicas, sin embargo se ha convertido en uno de los problemas más grandes de los comerciantes de la región.
No obstante tales quejas ciudadanas, funcionarios de la actual administración guardan silencio ante las denuncias a pesar que este reportero ha buscado la versión de las autoridades, a través de Comunicación Social, pero los coordinadores de prensa simplemente no atienden las llamadas ni visitas al palacio de gobierno el cual la mayoría de los días está resguardado por granaderos municipales.
