WASHINGTON, Méx.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy su decisión de apelar ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de un juez de San Francisco que la semana pasada le prohibió derogar el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
El Departamento de Justicia presentó este lunes una notificación oficial de que pedirá primero una revisión del fallo por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y enseguida otra revisión por la Corte Suprema.
“Desafía la ley y el sentido común que el DACA, un programa político enteramente discrecional que fue implementado unilateralmente… que de alguna manera sea hecho obligatorio en todo el país por una sola corte distrital de San Francisco”, dijo el procurador de Justicia, Jeff Sessions.
“Estaremos adoptando inusual paso de pedir una revisión directa sobre los méritos de esta decisión por la Corte Suprema”, subrayó.
La semana pasada, un juez federal en San Francisco prohibió a la administración Trump revocar el DACA, que protege de la deportación a unos 690 mil jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, la mayoría mexicanos, conocidos como “dreamers”.
El juez William Alsup, de la Corte Federal para el Distrito Norte de California, emitió la prohibición de revocación del DACA al aceptar una petición de California y otros demandantes para evitar que el presidente Trump termine el programa mientras sus demandas son consideradas en la Corte.
DACA fue creado por una orden ejecutiva del presidente Barack Obama en noviembre de 2012, para permitir que aquellos que llegaron en forma indocumentada a este país cuando eran niños pudieran permanecer en Estados Unidos y obtener permisos de trabajo por dos años, renovables, si cumplían ciertos requisitos.
El fallo de Alsup, de carácter temporal, sólo permitió la vigencia de DACA para los “soñadores” que ya fueron beneficiarios, pero no para nuevos solicitantes.
En septiembre pasado, la administración Trump puso fin al programa, argumentando que representaba una extralimitación inconstitucional del poder Ejecutivo y le dio al Congreso hasta marzo de 2018 para encontrar una solución.
