CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- El Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados Federal, buscará sancionar a empresas inmobiliarias que operan en el estado de México, ante el evidente incumplimiento de sus obligaciones de entregar equipamiento urbano en fraccionamientos habitacionales, afirmó Jorge Arzave Orihuela.
El líder social de Cuautitlán Izcalli, afirmó que la Diputada Federal Laura Itzel Castillo y su homologo Alfredo Lugo Oñate, Presidente de la Subcomisión de Vicios Ocultos de la Comisión de Vivienda, recorrieron dicho conjunto urbano acompañados por funcionarios del Infonavit e investigadores del Instituto Politécnico Nacional, y al corroborar las omisiones cometidas por las inmobiliarias, se comprometieron a buscar los mecanismos para obligarlas a cumplir la normatividad de desarrollo urbano.
Y agregó que desde hace más de siete años fue construido el conjunto urbano Lomas de Cuautitlán San Francisco Tepojaco, donde participaron las inmobiliarias Profusa Cuautitlán S.A. de C.V, CAME S.A. de C.V. y Desarrollo Metropolitano S.A. de C. V. las cuales han incumplido la entrega de equipamiento urbano de servicios básicos como escuelas, vialidades dignas, mercados, áreas deportivas, centros de salud, además de utilizar materiales de mala calidad que han puesto en riesgo las vidas de los habitantes ante el inminente colapso de las viviendas.
Jorge Arzave, quien ha sido amenazado de muerte desde agosto de 2010 por las denuncias que ha hecho, recordó que Protección Civil del gobierno del estado de México ha documentado “el inminente riesgo de colapso de las viviendas, ya que esas dependencias han hecho estudios donde se corrobora que el subsuelo es arcilloso, no apto para la edificación urbana, además del uso de materiales de mala calidad por parte de las constructoras”.
Y agregó que los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal, han fracasado en su apoyo a los más de 45 mil habitantes que ya residen en este conjunto urbano, pues a la fecha las inmobiliarias siguen sin cumplir los ordenamientos que por Gaceta de Gobierno, el estado de México les “ordenó” desde el pasado 3 Septiembre de 1999 en la autorización del conjunto urbano.
Arzave Orihuela, quien es asesorado legalmente por al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ante las amenazas de muerte que ha recibido – interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su homóloga en el estado de México- subrayó la importancia de la participación de los vecinos del conjunto urbano para que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados Federal logre reunir las pruebas necesarias para obligar a las constructoras a cubrir las afectaciones que ha provocado a los residentes al incumplir con el equipamiento urbano.
Por su parte, el Centro Prodh afirmó que “ante la nula intervención gubernamental, se hace evidente el cúmulo de intereses creados entre funcionarios públicos y empresas inmobiliarias, ya que los corporativos Profusa Cuautitlán, S.A. de C.V., Desarrollo Metropolitano, S.A. de C.V. y CAME, S.A. de C.V., responsables de realizar las obras, no han sido sujetos de sanción por parte de las autoridades competentes pese al evidente incumplimiento de sus obligaciones, documentadas ellas por investigadores del Instituto Politécnico Nacional quienes han demostrado que el terreno sobre el cual fueron construidas más de 11 mil viviendas es inestable y corre el riesgo de desplazarse, situación que provocaría que las viviendas se desplomen ante la ausencia de una cimentación adecuada que pudiera evitar los efectos nocivos de los movimientos del terreno”.
