TLALNEPANTLA, Méx.- Ante la voraz extorsión y clausuras arbitrarias que ejerce la dirección de normatividad del gobierno de Arturo Ugalde Meneses, la sociedad civil y empresarios afectados ya iniciaron la integración de un Frente Común contra la Corrupción en esta ciudad, que en breve iniciará acciones jurídicas
para defenderse de los atracos gubernamentales y apoyar a más ciudadanos afectados.Empresarios y comerciantes establecidos del Centro Histórico de Tlalnepantla de Baz, denunciaron que el titular de Normatividad, Enrique Novella Torres, durante más de un año se ha dedicado a extorsionar a la iniciativa privada, perjudicando la generación de empleos y la economía local, “pues sin importar que se cuenta con licencias de funcionamiento y papeles en orden de los negocios, exige sumas de dinero que van desde 18 hasta 50 mil pesos, de lo contrario clausura los negocios de forma autoritaria e irregular”.
Los empresarios afectados, ejemplificaron el caso del negocio ubicado en avenida Sor Juana Inés de la Cruz, #138, en la zona Industrial de San Lorenzo, de esta ciudad, cuyo propietario la señora María Dolores Vargas Guerrero cuenta con su licencia de funcionamiento número EXP/1509/03SARE/3578/2003 zona7-A, expedida el 26 de marzo de 2003 y ratificada por la actual administración el pasado ocho de octubre de 2010, como se documenta en el dictamen favorable de la Subdirección de Protección Civil y Bomberos del gobierno local, signada por el titular José Tomás Galarza Cárdenas, oficio No.13651.
“No obstante estar en regla en la documentación y las medidas de protección civil, como lo avaló el titular de esa área en su visita de inspección y ratificó al firmar el dictamen favorable, la ambición de Enrique Novella Torres, que recibe órdenes de Beto Ugalde, hermano del alcalde, abiertamente nos exigió dinero, pero al ver nuestra negativa de forma autoritaria organizó un operativo de clausura con decenas de uniformados de seguridad pública el pasado 14 de octubre, encabezado por el verificador Edmundo Soto Manriquez quien signó una clausura definitiva al negocio, a pesar que se cuenta con la licencia de funcionamiento respectiva”, afirmaron los afectados.
Tal extorsión y abuso de autoridad, es tan sólo un ejemplo de las cientos de denuncias de comerciantes y empresarios que han sido afectados por el gobierno de Arturo Ugalde Meneses, el cual tiene al menos 142 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un año, de las cuales 11 son por exigencia de dinero sin fundamento, situación por la que los afectados iniciarán denuncias penales por extorsión en contra de Novella Torres y sus subordinados, así como juicio político contra Ugalde Meneses por solapar a estos pseudofuncionarios que lejos de promover el servicio público, se están enriqueciendo a costa de afectar a empresarios.
Por último hay que recordar que desde al inicio de la actual administración, los funcionarios del PRI impusieron una nueva forma de “recaudación”, evidenciada con el oficio TM/CNV/050/2009 de la dirección de Normatividad del ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, dirigido al tesorero Juan Robles Martínez y enviado por el titular de aquella área Enrique Novella Torres que ordena “la cancelación del cobro por concepto de aportaciones mensuales a establecimientos comerciales, por carecer de fundamento legal, por lo que dichas aportaciones serán cobradas en la coordinación de normatividad y verificación”, recursos que se estiman en un millón 200 mil pesos mensuales producto de las aportaciones de dos mil 500 negocios informales, dinero que no ingresa a las arcas públicas y mucho menos tiene supervisión de la contraloría interna ni mucho menos fiscalización del Órgano Superior del Estado de México.
