El proceso electoral federal del año 2012 es decisivo para el futuro de México, lamentablemente, no es una lucha entre proyectos de Nación, de alternativas de crecimiento y desarrollo para los mexicanos. Al contrario, la contienda se enmarca en estrategias meramente electorales, acciones para ganar votos, donde no importa ser eficiente, dar resultados de gobierno sino poner en marcha estructuras electorales, ejércitos de operadores políticos que movilicen el voto en favor de un partido político y sus candidatos.
Este proceder es lamentable y refleja el nivel de cultura política de la clase gobernante que busca ganar el poder sin importar si cuenta o no con el sustento social, tan necesario en democracias al servicio de los ciudadanos. En España, Grecia, Italia, Inglaterra y los Estados Unidos el éxito o continuidad de un partido que ganó y ejerce el gobierno depende de sus resultados, de las capacidades mostradas ante problemas estructurales o coyunturales en el desarrollo de su mandato. Consecuentemente, la crisis económica, sus impactos en el nivel de vida de la población tiene en el banquillo a políticos de distintos partidos, con un alto riesgo de perder el poder en elecciones próximas por no lograr impulsar medidas acordes a la exigencia requerida. España, Italia y Grecia tienen un desgaste social por proyectos de crecimiento económico equivocados; miles de ciudadanos están en las calles exigiendo alternativas a su clase política, incluso en Argentina y Chile los jóvenes y los excluidos han salido a protestar por mejores condiciones de futuro.
Esa lucha entre actores políticos es válida porque dan sentido y utilidad a la vocación democrática de esos países. Sobre todo, es un medio al alcance de los ciudadanos para quitar o confirmar su confianza a determinado proyecto de gobierno y, por tanto, de Nación. Los señalamientos, el reclamo social motiva a todos los contendientes a cabildear iniciativas, a tener cercanía con sus competidores, para consolidar los acuerdos mínimos que mejoren las condiciones apremiantes de la población. Es evidente que se considera la derrota política de un partido, pero nunca la derrota del país.
En México sucede lo contrario, los promotores del desgaste del gobierno son los propios contendientes, las oposiciones al gobierno en turno. Existe una resistencia a reconocer lo positivo y dar continuidad a lo que ha resultado viable; se tiene como fin y estrategia permanente el desgaste del adversario. El resultado son los niveles de inseguridad que vive la población, la pobreza de millones de mexicanos, el mediocre sistema educativo, de salud y las escasas expectativas de futuro para los jóvenes. Adicionalmente, la ciudadanía no tiene confianza en los políticos que dicen representar a la población; el descrédito es enorme y se confirma en la participación en las elecciones, donde los electores deciden no participar. Hecho que no preocupa al ganador ni a los derrotados porque son los dueños exclusivos de la alternancia en el poder público y basta con celebrar nuevas elecciones para que haya un ganador.
Ante un panorama así, de confrontación de actores y de grupos políticos existe un alto riesgo de utilizar el aparato del Estado para eliminar competidores. Parece un camino inevitable, casi anunciado por las circunstancias de descalificación permanente entre la clase política vinculada a intereses de todo tipo. Poner en ridículo al presidente de la República como estrategia es una afrenta que puede tener costos mayores a la rentabilidad política obtenida en los últimos años. Esta vía puede llevar al país a niveles altos de riesgo social, desequilibrio económico y de caos; sobre todo porque la sucesión se convirtió en una lucha de todos contra todos. El Instituto Federal Electoral (IFE) no funciona y ya perdió la legitimidad con que contaba; en las cámaras de senadores y de diputados no existe el acuerdo, en particular tienen una frecuente rivalidad con el Jefe del Ejecutivo Federal; la Secretaría de Gobernación carece de capacidad para conducir la política interna; la inseguridad pública domina la agenda nacional, donde el que critica más es el que gana, mientras pierde la población que está a merced de los grupos criminales; en suma, cada cual tiene su trinchera y ninguna es por el bien de México.
El resultado de esta polarización absurda puede llevar al uso del aparato de Estado en contra de aspirantes a la presidencia de la República, como ha sucedido en otras ocasiones. Antes el presidente usaba el aparato para tener a todos en calma, en orden y al atrevido le aplicaban los correctivos procedentes. ¿Por cuáles razones?, las que fueran, pero la más sancionada era la desobediencia al presidente, el querer romper las reglas del juego.
En la elección pasada, existen argumentos para decir que Fox recurrió a este medio. Ahora puede que existan motivos suficientes para utilizar el aparato como eje decisivo en la sucesión presidencial. Varios aspirantes van adelantados en la contienda del 2012 y han tomado sus rutas para llegar con mayor fuerza para ganar las preferencias electorales. El riesgo es que su promoción tiene como origen el desgaste, la crítica severa en contra del Ejecutivo, quien tiene bajo su mando y control el uso del aparato del Estado. Es decir, puede hacer público lo que es privado, pero sobre todo lo que es secreto. Esto puede ser el último recurso que tenga el Presidente y su partido para tratar de ganar las elecciones del 2012. Ahí están las denuncias públicas en contra del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre un supuesto enriquecimiento personal y por la contratación de deuda pública por más de 33 mil millones de pesos, cuando recibió una deuda de 300 millones de su antecesor.
Wikileaks es una plataforma de filtraciones que hizo pública la corrupción, el blanqueo de dinero y los hilos de la política internacional, con fuertes implicaciones nacionales. México no escapó a los cables confidenciales que fueron publicados por varios medios nacionales, con los costos que ello derivó, entre otros, la renuncia del embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual.
En el plano local, el que tiene esa plataforma de información confidencial es el Presidente y cuenta con los medios para manejar los contenidos de documentos secretos sobre sus opositores. Utilizar esta vía únicamente tiene la limitante de su decisión o voluntad. Es una especie de Wikileaks en manos del gobierno, a quien la oposición quiere legítimamente ganarle el poder. Por su parte, la oposición puede tratar de mitigar la zozobra, aunque difícilmente lo logre, porque enfrentan uno de los principios del terrorismo: nunca se sabe donde van asestar el golpe y menos cuándo.
Ese es el nivel de degradación de la competencia política al que hemos llegado. La descalificación constante entre actores políticos y la falta de la más mínima voluntad de construir acuerdos en bien del país, nos llevó a un extremo donde se vale de todo para ganar las elecciones, aunque la ciudadanía no participe ni se interese en los procesos electorales. No se elige entre proyectos o propuestas sino entre militantes de partidos que, entre otras cosas, carecen de la estima social y del aprecio de los electores. La presidencia sabe qué documentos pueden ser de la atención de los medios y cuáles de su mayor interés, para evitar que sus opositores lo venzan en las elecciones del 2012. Es una posibilidad retrógrada, pero existe, con fuertes inclinaciones a que se ejerza.
En un contexto de competencia política dominada por la descalificación, puede que el gobierno y sus aliados sean la fuente periodística más importante en los meses por venir.
*Ex Presidente Consejero del Instituto Electoral del Estado de México.
