Y, ¿Ahora qué hacemos?

Primero fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto de 2008, en el marco de la 23 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Documento que incluía 74 compromisos de corto, mediano y largo plazos para hacer  frente a la violencia y al crimen organizado; firmado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los gobernadores, presidentes municipales  y representantes de la sociedad civil y empresarial.

 

Sin embargo, “los poderes ejecutivos de los tres órdenes de Gobierno han reportado avances dispares. … De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un informe fechado hasta el 17 de agosto, el Ejecutivo federal ha incumplido tres de los 36 objetivos comprometidos, ha cubierto 32 y uno está en proceso. …Las entidades del País, de acuerdo con el informe del Sistema, tienen avances dispares en los 20 objetivos que se fijaron, salvo en uno de ellos: que es el de incorporar la base de datos de los reclusos al Sistema Único de Información Criminal, donde todas lo han cubierto. En el caso de los municipios en los que sólo se contempló a los 206   que están en el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Pública Municipal), de 15 objetivos fijados sólo han cumplido uno, que es el registro de su estado de fuerza policial en Plataforma México; seis están en proceso de ser cubiertos y en ocho no ha habido ningún avance”[1]. Es decir, la coordinación ha fracaso porque estos son meramente asuntos operativos.

 

Luego han sido los Diálogos por la Seguridad Pública, encabezados por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y los mismos actores del Acuerdo Nacional del 2008. Y el resultado ha sido el mismo; no existe un compromiso real y serio para atender la inseguridad pública.

 

Los actores políticos se han enganchado de la coyuntura; de eso que elegantemente se conoce como lo mediático. Las declaraciones siguen la misma ruta: la estrategia no funciona, está equivocada; es una guerra del Presidente Calderón; se debe hacer esto, poner en marcha lo  otro; y así se escuchan expresiones que únicamente le dan largas a un tema que tiene en riesgo a las instituciones democráticas de México. Lo concreto, lo que vemos como ciudadanos en forma cotidiana es que “la guerra sobre el narcotráfico ha paralizado al país.… El problema de fondo no reside en las definiciones sino en las diferencias políticas. Al hacer suya la guerra, exclusivamente suya, el presidente dejó al resto de los actores –políticos y gobernadores-, en una zona de confort, sin responsabilidad alguna y con amplias oportunidades para criticar[2].

 

Los gobernadores de los estados del norte del país no encuentran la manera de hacer frente a la delincuencia organizada, y ya se les acabó el tiempo de seguir evadiendo su responsabilidad. Los hechos de violencia tienen secuestrada a la población de sus entidades. En Nuevo León las cosas ya tocaron fondo. Sin diferenciar niveles, investiduras ni cargos, el poder de la delincuencia organizada es tal que hasta a las autoridades encargadas de proteger a los ciudadanos las tiene doblegadas. Las estadísticas son demoledoras: 61 servidores públicos ejecutados -principalmente municipales-, 14 atentados, 18 plagios y 12 renuncias de altos mandos es el saldo de la administración  estatal y de los gobiernos municipales. El panorama se completa con funcionarios acusados de complicidad con el crimen y algunos más que decidieron proteger a sus familias sacándolas del País[3].

 

Lo mismo puede señalarse en Tamaulipas, donde recientemente asesinaron a un candidato a gobernador. El panorama es drástico, pero tenemos que aceptar que en varios estados de nuestra frontera norte la autoridad local está ausente.

El lamentable asesinato de los 72 indocumentados en Tamaulipas tiene que obligar la aceptación  que únicamente compartiendo responsabilidades entre el Gobierno Federal y los gobernadores se puede enfrentar el problema con mayores condiciones de éxito. Esto sería un buen principio para pensar en tener buenos resultados en el mediano plazo. Al respecto, vale citar la coordinación del gobierno italiano que “tras dos años de investigaciones la policía italiana logró armar un complejo rompecabezas que concernía a una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa: la `Ndrangheta calabresa, la mafia que controla el mercado de las drogas en el Viejo Continente y que ha tendido redes de corrupción entre las autoridades locales en su afán de manejar todo en Italia, incluyendo los gobiernos regionales y hasta las obras públicas”[4].

 

Encerrarse en discusiones como la que se ha generado sobre la necesidad de una policía única, sería lamentable. En este tema se ha observado más espectacularidad que propuestas claras, más lucimiento personal que efectividad y más sensacionalismo que conocimiento de la gravedad del problema que lamentan varios estados y municipios. Según el director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), Ricardo Baptista: “Tenemos con focos rojos entre 180 y 200 municipios de todo el País, sabemos que ahí está la criminalidad. Tenemos detectados ocho estados donde se concentran estos municipios que son Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán”[5].

 

Actuar bajo un esquema de coordinación tangible, y a la vista de todos, hará posible descubrir relaciones de delincuentes con políticos y funcionarios que tienen -o han tenido- una relación permanente de intereses.

 

Evidenciar a estos malos elementos es urgente porque son, hasta ahora- el mayor capital social de los grupos criminales. Esto sucedió en Colombia, pero la acción del Estado logró someter y procesar a los aliados de la delincuencia. “En 2001, 36 personas entre jefes narcoparamilitares, candidatos, alcaldes, gobernadores, congresistas y empresarios, firmaron un documento secreto, en el que acordaron “refundar el Estado” colombiano. Se quería entonces establecer un nuevo régimen político que fuera útil a intereses egoístas y criminales; establecer un Estado paralelo, o “paraEstado”. Los medios para lograrlo eran claros: apoyar campañas electorales, infiltrar instituciones, lograr favores de funcionarios públicos y, cuando fuera necesario, ejecutar masacres. Por esto, algunos firmantes del pacto, conocido como “Pacto de Ralito”, que luego fueron elegidos congresistas de la república de Colombia, hoy han sido condenados por cometer crímenes atroces, al promover, al menos implícita o tácitamente, homicidios selectivos, torturas o masacres”[6].

 

Por si no fuera suficiente, los grupos de criminales han incrementado la violencia en contra de los medios de comunicación, que se observan en franca desventaja por ejercer la tarea de informar lo que está pasando en sus entidades. Existen comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad contra los periodistas, … “En algunos estados con fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo león, Sinaloa y Tamaulipas, la censura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse, y no registrar hechos de extrema violencia que ocurren en su localidad, los cuales son reportados en el mejor de los casos, por la prensa nacional o internacional”[7].

 

Este no es un tema menor. La autoridad debe garantizar mayor seguridad al trabajo de los periodistas e implementar acciones acordes a un escenario de alto riesgo, para que sea posible desarrollar la tarea de informar. Esperar a que sigan asesinando o secuestrando periodistas para que la autoridad haga algo es un riesgo de dimensiones mayores. No se estaría matando a indocumentados o a jóvenes indefensos; se estaría atentando contra uno de los sectores de mayor peso en el orden nacional e internacional que son los medios de comunicación. Sobre todo se estaría mutilando uno de los valores superiores de  la democracia que es garantizar la libertad de opinión.

 

Si legislamos en favor de la tarea de los informadores, del periodismo libre; si los legisladores asumen su compromiso y dejan los asuntos superficiales a un lado y se concentran en aprobar la Ley Antisecuestro, la Ley de Seguridad Nacional y apoyan la iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo  enviada por el Ejecutivo Federal, se tendrán mayores elementos para enfrentar el poder criminal de los grupos de narcotraficantes. No se trata de vencer a un cártel o a uno de sus líderes; se trata de sentar las bases de una lucha de largo plazo, donde el Estado recupere su condición rectora en la convivencia y la paz pública.

 

No perdamos de vista el objetivo de fortalecer y hacer valer el Estado de Derecho. “Dicho esto, la victoria va a tomar cierto número de años, como en Colombia, por lo que es necesario mantener el esfuerzo. La aclaración es que esto no va a suceder a menos que siga habiendo voluntad política para derrotar a los carteles. La meta más importante para México, … es derrotar a los carteles, y eliminar su poder e influencia sobre las instituciones legítimas del gobierno, federal, estatal y municipal. La medición fundamental del éxito es que no haya grandes organizaciones criminales, capaces de amenazar o desafiar el control del gobierno legítimo, democráticamente electo de México. El éxito también se volverá claro cuando los funcionarios del gobierno que aceptan sobornos sean arrestados y llevados ante la justicia”[8].

Esto es sobre que se tiene que trabajar, por el bien de México.

 

 

·        Norberto Hernández Bautista, ex presidente Consejero del IEEM