TOLUCA, Méx.- Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales competentes para que, de conformidad con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en coordinación con las autoridades federales, instrumenten mecanismos eficientes que mejoren y consoliden los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de los adolescentes que hayan cometido algún delito.
El diputado Juan Maccise Naime (PRI) dio lectura al dictamen del punto de acuerdo presentado por la diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), mediante el cual pide se exhorte al Fiscal General de Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México para llevar a cabo estas acciones.
El diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez (PAN) destacó que si bien la entidad cumple con los lineamientos nacionales e internacionales y las reglas mínimas establecidas recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, así como las directrices de esta organización para la prevención de la delincuencia juvenil, los resultados no son los esperados.
La legisladora María Lorena Marín Moreno (PRI) aseguró que los diputados locales priistas están convencidos de la necesidad de impulsar una cultura de atención al desarrollo de actitudes y valores desde las escuelas en grados iniciales, para que desde los primeros años de la educación las niñas, niños y jóvenes puedan encauzarse hacia un desarrollo integral y de valores.
Javier González Zepeda, diputado del PT, señaló que el Estado debe erradicar la violencia estructural que existe en los centros de internamiento para adolescentes, eliminando las redes delincuenciales y los mercados ilegales, por lo que señaló que se debe hacer un esfuerzo conjunto entre los diferentes sectores responsables de los planes y políticas en las primeras instancias para mejorar el sistema de reinserción social de adolescentes.
María de Lourdes Garay Casillas, diputada del Partido Encuentro Social, se pronunció por hacer una revisión integral de la legislación en materia de justicia penal para adolescentes y para que todas las personas privadas de su libertad cuenten con justicia y condiciones que les garanticen respeto a los derechos humanos en los centros de readaptación.
El diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño indicó que el Grupo Parlamentario de morena avala este exhorto y reconoció que el aumento de los delitos cometidos por adolescentes ha sido por falta de oportunidades y pobreza, situación que puede revirarse con los programas específicos que ha creado el gobierno federal, como las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
