CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- A convocatoria del presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, legisladores, representantes del sector empresarial y sindical analizaron la implementación de una legislación que reduzca la jornada laboral en el país.
Gómez Urrutia dijo que estos encuentros son fundamentales para identificar las áreas de oportunidad en el mundo del trabajo, pues ayudan a fortalecer el marco legislativo en materia de derechos laborales, para garantizar a las y los mexicanos espacios y condiciones de trabajo dignas.
Desafortunadamente, señaló, las condiciones laborales en el país han atravesado por grandes desequilibrios: jornadas excesivas, condiciones peligrosas para el trabajo, discriminación y negación al disfrute de otros derechos.
Ello, advirtió en el foro “Tiempo y espacios laborales”, afecta directamente la calidad de vida de las o los trabajadores y sus familias, lo que a su vez causa pobreza y desigualdad.
“Es necesario que las y los legisladores, reevaluemos las condiciones laborales en las que actualmente se encuentra millones de mexicanos”, manifestó el senador.
Refirió que la Comisión ha recibido una serie de iniciativas que buscan implementar modificaciones de ley a favor de la clase trabajadora, las cuales buscan la implementación de horarios más flexibles, aumentar días de descanso, la posibilidad de trabajo remoto, incluir permisos de maternidad y paternidad, entre otros.
Las propuestas están encaminadas a equilibrar el ámbito laboral y personal, y sus efectos son transversales y profundos, porque ayudan a reducir la brecha de género, así como garantizar mayor salud y bienestar de las y los trabajadores, puntualizó.
Al respecto, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, expresó que la carencia de tiempo implica no sólo una menor calidad de vida, sino problemas de salud, efectos de desnutrición y malnutrición, la privación de sueño, la falta de descanso y ejercicio, combinados con el estrés, lo que puede detonar en crisis de salud física y mental.
Abundó que el tiempo está distribuido de manera injusta, en especial para las mujeres, porque ellas además de cumplir con las largas jornadas laborales, gran parte de su día cotidiano es dedicado a cuidar a hijas, hijos y familiares, y trabajar sin remuneración en la cocina y otros quehaceres del hogar.
Por tal motivo, señaló que legislar para redistribuir el tiempo en el trabajo es un acto de justicia social, porque el descanso es clave para la productividad, “sirve para tener energía, concentración, motivación y creatividad”.
La senadora subrayó que en los países desarrollados, la tendencia actual de su población trabajadora es que cada vez elige más los empleos que son menos demandantes de tiempo, con mejores condiciones de horarios, permisos y vacaciones.
“Las nuevas generaciones no están dispuestas a vivir para trabajar, sino a trabajar para vivir”, expresó.
El trabajo, apuntó, debe ser un elemento de equilibrio dentro de la vida de las personas y sus familias, que permita su realización y la estimulación de dar lo mejor de sí, porque muchas habilidades humanas decrecen con el estrés y el cansancio.
Por su parte, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, consideró que es necesario que desde el Senado se aborde una iniciativa encaminada a reducir las jornadas laborales, a fin de erradicar la idea errónea “de que las horas de trabajo son igual a productividad”.
Las y los senadores, refirió, han logrado conquistas históricas en beneficio de las y los trabajadores del país, como lo es la regulación del outsourcing, periodos vacacionales más amplios, garantizar derechos para las trabajadoras del hogar, el teletrabajo y el derecho a la desconexión, entre otros.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Barbosa Ascencio, dijo que las condiciones en el país no están dadas para reducir los horarios laborales de manera inmediata, por la alta inflación, la incertidumbre de una posible recesión en Estados Unidos, la recuperación de la etapa post Covid-19 y la disrupción de las cadenas de suministro.
Lo único que se lograría, argumentó, es que las empresas que tienen que seguir con sus trabajos por tres turnos, no podrían contratar más personal, continuarían con los mismos trabajadores y con un impacto de 360 mil pesos al año.
Aseveró que la propuesta se tiene que analizar de una manera objetiva, porque el impacto que tendría en la economía y en las empresas formales, debe ir acompañada de políticas que mejoren la productividad y el combate de la informalidad.
El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que es fundamental continuar con un diálogo que impulse las reformas que se ajusten a las nuevas condiciones del país y que incluyan los ajustes a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la regionalización económica, y la relocalización de inversiones, cadenas productivas y empresas.
Destacó que no se puede dejar de lado que la implementación a las reformas para la justicia laboral supone un reto importante para el sindicalismo, lo que creará un ambiente más democrático y participativo por parte de los trabajadores en la democratización de sus organizaciones, la defensa de sus derechos y la negociación de la contratación colectiva.
