cyber monday 2015
CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves, en lo general, con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y remitió el documento a la Cámara de Diputados. Tras desechar diversas reservas al dictamen, la asamblea aprobó el dictamen en lo particular con 77 votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Senadores de los diferentes grupos parlamentarios argumentaron a favor y en contra del dictamen, que también abroga la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores San Román consideró que el proyecto “es una regresión y un atentado contra las demandas ciudadanas que exigen mayor transparencia en la vida institucional, y que se han incrementado con los escándalos de corrupción” en el Ejecutivo federal.
Al manifestar su voto en contra del dictamen, la legisladora dijo que existen “incongruencias, contradicciones y nula voluntad política para cumplir con lo aprobado en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
La senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, mencionó que los ciudadanos deben tener la certeza de que este nuevo instrumento legal responde a las demandas y circunstancias nacionales, además de que los empodera con instrumentos sencillos y eficaces, en su derecho de acceso a la información pública.
Destacó que se trata de un esfuerzo del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal para generar una cultura de la legalidad, y que representa el inicio de una “nueva etapa de la vida política del país que se regirá bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y de un verdadero gobierno abierto”.
Al hablar en contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que la ley no va de acuerdo con lo que se establece en el artículo 6° constitucional, ya que escamotea el principio de máxima publicidad de la información, dificulta los mecanismos de acceso a la información y se dejaron 13 causales de reserva.
La ley “no es el instrumento para perseguir la corrupción en el país”; además, viola los tratados internacionales firmados por México, sostuvo.
A favor, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Marcela Torres Peimbert, destacó el fortalecimiento de las instituciones, la inclusión de procedimientos abiertos para los ciudadanos en la participación del proceso legislativo en ambas cámaras, así como la ampliación del catálogo de obligaciones de transparencia en los tres poderes.
Recalcó la participación de las organizaciones no gubernamentales para la construcción de la reforma, “si esta ley no obtuvo mayores retrocesos fue por la incansable presencia en el Senado”, no obstante reconoció que hubo demandas ciudadanas que no fueron incluidas en el documento.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que el dictamen cubre aspectos importantes que tienen que ser sujetos a la transparencia; sin embargo, aún prevalecen espacios de opacidad en él, y especificó sobre el artículo 73 que se refiere al sector energético.
Comentó que las leyes en materia energética “dejan mucho que desear”, y es la legislación en torno a la transparencia la que debería resolver el problema de fondo; no obstante, ésta es escasa y asimétrica, porque las obligaciones no son iguales para todos los sujetos obligados, es decir, ni para las empresas públicas y las privadas, ni para las firmas petroleras o las corporaciones eléctricas.
La senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que en la última década ha habido avances importantes en materia de transparencia, porque es el elemento transversal que hace posible la rendición de cuentas.
Anunció que su Grupo Parlamentario votaría a favor del dictamen, porque consideró que incluye las medidas que hacen más sencillo y ágil el acceso a la información pública y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
La senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez, dijo que en materia de información criminal, se debe encontrar el equilibrio entre la información que debe ser pública y aquella que excepcionalmente debe reservarse, para que el Estado no comprometa su capacidad de respuesta frente a la delincuencia.
Frente a la crisis de seguridad que enfrentamos, es necesario que el debate público sobre el tema descanse sobre bases de información sistematizada y de fácil acceso, porque requerimos que la sociedad tenga pleno conocimiento de la situación real que ocurre en materia de seguridad y justicia, manifestó.
El senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, señaló que esta ley está encaminada a procurar normar conductas y prevenir acciones para que el ciudadano goce de su derecho a la información de los actos que su gobierno está haciendo, “lo que resulta fundamental ante los actos desproporcionados del gobierno, donde un subordinado revisa las cuentas del superior, como el caso de la Casa Blanca”.
Puntualizó que este instrumento es perfectible y representa una posibilidad para enriquecer otras legislaciones que permitan la posibilidad de que la rendición de cuentas no sea de “dientes para afuera”, sino que la transparencia en este país llegue para quedarse y se castigue puntualmente a los servidores públicos que no cumplan con su función.
Javier Corral Jurado, senador del PAN, adelantó que se abstendrá de su voto porque, a pesar de no ver retrocesos en la nueva ley, lo cierto es que en el Congreso no se alcanzó la transparencia respecto a los recursos públicos que se entregan a los grupos parlamentarios de los partidos políticos en el Senado y la Cámara de Diputados.
“Los grupos parlamentarios son sujetos de la mitad del presupuesto del Congreso de la Unión, y es en esos grupos parlamentarios en donde se resuelven acuerdos, incluidos los recursos materiales, como premio o castigo de las grandes decisiones de la nación mexicana. Hay que atajar la sospecha de que hay grandes decisiones del Congreso que se manejan con dinero, pues será sospecha permanente mientras no abramos –al Poder Legislativo– y sea una caja de cristal”, atajó el legislador.
En contraparte, el senador Daniel Ávila Ruiz, también del PAN, se manifestó a favor del dictamen al advertir que existen áreas de mejora: “Es un momento en que podemos mejorar todos en materia de transparencia; la población demanda sentar las bases para acabar con la opacidad en nuestro país”.
El gobierno y los demás representantes de los poderes de la Unión, subrayó, deben tener en todo momento presente que se deben a los ciudadanos y no pueden manejarse en la opacidad, y con la nueva ley se amplían las responsabilidades de los sujetos obligados para que cumplan con la rendición de cuentas.
El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, expresó que la nueva ley cambia cosas de fondo, aunque no todas, “pero no podemos dejar de reconocer que sí es un buen arranque” para combatir los problemas que aquejan a la democracia mexicana.
Aseguró que seguirá insistiendo en que los políticos se comprometan a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.
A favor del dictamen, la senadora Martha Tagle Martínez reconoció que, aunque sea a “cuentas gotas” y “muy lentamente”, se va recorriendo el camino de la transparencia, “por eso vale la pena apoyar este esfuerzo”.
Posteriormente, el Pleno rechazó admitir a discusión las reservas a los artículos 1, 8, 12, 18, 21, 33, 54, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 110, 112, 145, 156, 162, 166, 167, 186, 207, y de los transitorios Tercero y Décimo Primero, presentados por las y los senadores del PRD, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto y Rabindranath Salazar Solorio; del PAN, Javier Corral Jurado, Silvia Guadalupe Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz; del PT, Manuel Bartlett Díaz; y la senadora independiente Martha Tagle Martínez. Ante ello, los artículos citados quedaron aprobados en los términos del dictamen presentado por las comisiones.
