CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- El respeto a los derechos humanos en México “no es una utopía” ante la violencia y los nexos del narcotráfico con autoridades municipales. “Es el faro que tiene que guiar todas las acciones de gobierno del Estado mexicano”, aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Armando Luna Canales (PRI).
Para garantizarlos; debe apostarse a más transparencia y rendición de cuentas, ingredientes que son el mejor remedio contra la corrupción e impunidad, y sobre todo promover que la sociedad participe y sea vigilante de salvaguardar los derechos humanos, apuntó.
En entrevista, el diputado por Coahuila afirmó que “los derechos humanos no son un asunto de moda ni una dádiva o concesión, sino un tema que debe crecer más en la conciencia de los ciudadanos y autoridades, para que las recomendaciones de las comisiones nacional y estatales no sean llamados a misa, sino que se acaten”.
Comentó que el caso Ayotzinapa sacó a la luz las carencias y rezagos inmensos que prevalecen en el país, así como los retos enormes que existen para “sacar al crimen organizado de sus vínculos con autoridades municipales”.
Esta enorme tragedia también externó los evidentes desafíos que hay todavía en materia de control de confianza y depuración de los cuerpos policiacos, además de las carencias del actual esquema para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas”, expresó.
El gran mérito de la reforma de 2011 en materia de Derechos Humanos es haber logrado uno de los andamiajes jurídicos más transcendentes desde 1917, consideró.
Aseguró que la Suprema Corte ha tomado una postura muy activa al reconocer la importancia de esta reforma, cuyos criterios dan muchos parámetros nuevos respecto al concepto y valía de los derechos humanos.
Para el Poder Legislativo no es solamente cambiar una ley reglamentaria a la Constitución, que “todavía se hace y falta por concretar”, indicó, y estimó positivo que el Senado aprobara la ley reglamentaria a los artículos 33 y 29, pendientes legislativos desde hace décadas.
Además, destacó la transcendencia de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal en materia de tortura y desaparición forzada para avanzar firmemente en el respeto a los derechos humanos.
La atención a víctimas es fundamental para apuntalarlos. Sin embargo, se requiere mejorar en la investigación, hay gente capaz y dedicada en las procuradurías, pero falta también tecnología, opinó.
Señaló que la agenda legislativa sobre derechos humanos es inmensa y el objetivo es hacer más en menor tiempo. Indicó como un área de oportunidad, las legislaturas locales, en particular porque atienden directamente a las personas en el ámbito estatal y municipal y podrían lograr avances significativos con acciones muy sencillas.
Para Luna Canales, la sociedad y el país entran apenas a la dinámica de considerar a los derechos humanos como inalienables, por el solo hecho de nacer.
Identificarlos y “hacerlos validos implica respeto, promoción y garantías aunado a cambiar muchas estructuras administrativas y hasta de pensamiento, de cómo se conciben las cosas para que genere un efecto expansivo y permee en todas las actividades y en todos los sectores”.
Dijo que la “oleada de violencia extrema que vivimos” y que se manifiesta en algunas regiones, producto de la delincuencia organizada, ha generado nuevos paradigmas, que obligan a responder de manera distinta, y para lo cual los derechos humanos son, sin duda, un referente muy útil.
El legislador priista apuntó que hay avances firmes en el respeto pleno de los derechos humanos, pero reconoció que falta mucho todavía por hacer.
Se han hecho esfuerzos importantes, precisó, para compilar información fidedigna y actualizada de personas reportadas como desaparecidas, tanto por parte de la autoridad federal como de las procuradurías locales.
De ahí la importancia de perfeccionar las leyes existentes como los códigos penales para dar cabida en todos los órdenes legales la reforma de derechos humanos.
Subrayó que otro brazo ejecutor de esta gran reforma son las comisiones estatales, las cuales requieren desarrollo institucional para que impulsen el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las autoridades municipales, y “evitar que queden como una llamada a misa” ante situaciones que indignan a la ciudadanía.
Es un problema grave que una autoridad constituida, que se supone debe conocer las leyes, no tome en cuenta o no le importen las recomendaciones en esta materia.
“El que las autoridades no asimilen la importancia de la función de las comisiones estatales de Derechos Humanos, es un reto que hay que vencer; deben tomarlas en serio, porque el respeto a estas garantías “no es un sueño inalcanzable”, comentó.
Lograr mayor sensibilización en las autoridades, requiere controles democráticos mediante el voto, ya que “es la misma ciudadanía la que se da cuenta de la forma en que actúa una autoridad”:
De ese modo, añadió, los gobernantes se percatarán de que si no atienden y fomentan el respeto a los derechos humanos, los electores lo reflejarán en las urnas. “Electoralmente, será cada vez más impactante el no ir en la ruta de los derechos humanos”.
La propia Constitución establece los mecanismos de sanción política para una autoridad que no acata una recomendación, obliga a los ciudadanos a acudir ante el congreso del estado y, en su caso, al Poder Legislativo federal a explicar las razones legales de por qué no la acepta.
“No se trata sólo de decir: no quiero. El respeto a los derechos humanos es una garantía, no una concesión” concluyó.
