CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- En el marco de la implementación de la estrategia de Blindaje Electoral 2016 y en ejecución del Convenio de Colaboración suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), se instaló el Comité Preventivo de Blindaje Electoral en el estado de Durango.
Dicho comité tendrá como atribuciones coordinar las acciones institucionales que fomenten la participación ciudadana en la supervisión y vigilancia del adecuado uso de los recursos públicos destinados a programas sociales.
En la instalación de este comité estuvieron presentes por parte de Sedesol, el abogado general y comisionado para la Transparencia, Emilio Suárez Licona; el titular del Órgano Interno de Control, Paulo Arturo Téllez Yurén; y el delegado federal de la dependencia en Durango, Francisco Javier Hernández Flores, así como el director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Álvaro Rodríguez de la Vega.
En su participación, Suárez Licona destacó que la estrategia de capacitación de los beneficiarios de los programas tiene como objetivo el empoderamiento de los ciudadanos para el acceso y ejercicio de sus derechos sociales y políticos.
En este contexto, el blindaje electoral tiene la finalidad de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos en el ejercicio de los programas sociales para prevenir y evitar desvíos. Se constituye además como una política de apertura hacia los ciudadanos fortaleciendo un mecanismo de rendición de cuentas.
En su intervención Téllez Yurén precisó que las acciones de blindaje electoral se efectúan en un contexto de coordinación institucional con la Fepade y la Contraloría Social, con el propósito de supervisar el ejercicio de los programas sociales y que éstos lleguen a sus destinatarios.
Junto con la instalación del Comité se pusieron en marcha los talleres de capacitación para beneficiarios de los programas sociales y funcionarios públicos del sector social.
