CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- El Senado de la República aprobó con 116 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, así como establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.
Busca establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, en la fiscalización y en el control de los recursos públicos; y fijar directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.
También tiene el objetivo de regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; fijar las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; establece las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, de la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos.
Esta ley fija las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos; crea las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, establece bases del Sistema Nacional de Fiscalización, precisa las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones de los órdenes de gobierno.
La ley también contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que estará integrada por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes.
El Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción; estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y uno del Comité de Participación Ciudadana. Su presidencia será anual y rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.
El establecimiento del Comité de Participación Ciudadana coadyuvará al cumplimiento de los objetivos y será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas y estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. Su objetivo es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.
La Secretaría Ejecutiva será la encargada de administrar la Plataforma Digital Nacional, conformada por la información que incorporen a ella las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará con los siguientes sistemas electrónicos: el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos De Corrupción.
Para el ejercicio de sus atribuciones, objetivos y fines, contará con una estructura operativa y con un órgano técnico auxiliar, la Comisión Ejecutiva, que generará insumos técnicos para el Comité Coordinador y estará facultado para proponer políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Asimismo, políticas de fiscalización y control de recursos públicos; la metodología para medir y dar seguimiento, con indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción; las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
También se integrará el Sistema Nacional de Fiscalización, que establecerá acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Estará integrado por la ASF, la SFP, las entidades de fiscalización superiores locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.
Sobre este asunto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales dijo que a través de este sistema se busca empoderar a los ciudadanos, ya que ellos serán quienes presidan el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva.
Consideramos que lo que se presenta el día de hoy está perfectamente blindado y sustentado para que cualquier procedimiento de responsabilidades, sea de servidores públicos o particulares, cumpla con todos los requisitos establecidos en los criterios internacionales y las revisiones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, concluyó.
Por su parte el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que hay muchos temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, como la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, el tráfico de influencias, lavado de dinero, paraísos fiscales, la rendición de cuentas del origen de las fortunas de los hombres más ricos del país.
Expresó que con el dictamen se avanza, pero todavía falta un largo trecho por recorrer, porque no basta con combatir la corrupción, sino que se debe resarcir la impunidad que deriva del “poder intocado de este país”, que es el Poder Judicial, que “todo encubre y tolera” para garantizar la prevalencia del actual régimen político.
Al presentar su voto particular, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias cuyos titulares serán designados por el presidente, la mayoría calificada del Senado o de la Cámara de Diputados, con lo que no hay una auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados.
La propuesta, agregó, es precisar que durante su encargo el Presidente de la República pueda ser acusado por delitos y faltas como corrupción, traición a la Patria y delitos graves del orden común. Además, apuntó que mientras no se acabe con la corrupción todo lo demás seguirá igual. Consideró que el Sistema Anticorrupción es un galimatías que no llegará a ningún lado, pues la impunidad empieza desde arriba, desde el Presidente y los expresidentes que, dijo, siguen ejerciendo el dominio de la conducción para comprar, someter y nombrar.
Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que frente a la corrupción no se ha presentado una política de Estado que realmente se oriente hacia su disminución o exterminio. Si este nuevo marco jurídico no va acompañado con la convicción plena de erradicar la corrupción y la impunidad, agregó, solo se estará simulando.
En su voto particular, la senadora dijo que en la Ley General de Responsabilidades se deben establecer los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción, y plantear con claridad y fortaleza los mecanismos de control internos y externos de la administración pública, además de fijar los límites de actuación de los funcionarios.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, al razonar su voto particular señaló que el proyecto de decreto quedó sumamente corto, porque el tema de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal son limitadas, al no hacerse un requisito obligatorio, por lo que la entrega queda a voluntad de los servidores públicos.
Añadió que la corrupción es una de las tres principales preocupaciones de la sociedad mexicana; detalló que aproximadamente 91 por ciento de la gente percibe la corrupción como un problema que tienen los partidos políticos, y “que se vive en el Congreso de la Unión, en este Senado y en la Cámara de Diputados”.
Al comenzar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, advirtió que la iniciativa nace muerta, y promete convertirse en un aparato burocrático costoso e inútil; señaló que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por siete miembros, la mayoría impuestos “sutilmente” por el Presidente de la República.
Consideró que para que la ley tenga trascendencia, se debe incluir a la otra parte que compone un acto de corrupción, o sea a los proveedores de servicios del gobierno, empresas constructoras, televisoras y bancos que tengan una relación comercial.
Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, destacó que la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe impactar en la impartición de justicia, en la gobernanza, en la convivencia pacífica, y éste debe contar con el mayor respaldo político para su correcto funcionamiento.
Con la concreción del sistema, añadió, se refuerza la gobernanza, se satisfacen las demandas sociales respecto a los gobiernos transparentes, pues el combate a la corrupción debe ser una tarea de autoridades y ciudadanía.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Armando Ríos Piter manifestó que es preocupante que no se haya querido avanzar en el tema de las declaraciones, a fin de saber cuántos recursos posee un servidor al comenzar el desempeño de su función pública.
