El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por 31.9 millones de pesos a diversos partidos políticos nacionales tras detectar irregularidades en el pago y reporte de impuestos. Esta medida surge de una auditoría especial realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) que abarcó ejercicios fiscales desde 2015 hasta 2022.
¿Qué motivó las multas del INE?
Las sanciones se derivan de:
- Saldos no enterados al SAT
- Pagos no registrados
- Discrepancias contables
- Omisiones en cuotas de seguridad social
Aunque no se trata de evasión fiscal directa, el INE considera que el uso de recursos públicos sin comprobación adecuada constituye financiamiento ilícito.
¿Qué partidos fueron multados y cuánto deben pagar?
Los partidos con las multas más altas son:
| Partido | Monto de la multa |
|---|---|
| Partido del Trabajo (PT) | $13.3 millones |
| Partido Revolucionario Institucional (PRI) | $12 millones |
| Partido Acción Nacional (PAN) | $4 millones |
| Partido Verde Ecologista (PVEM) | $283 mil |
| Movimiento Ciudadano (MC) | $11 mil |
| Partido de la Revolución Democrática (PRD) | $6 mil |
| Morena | $2 mil |
Morena fue el más beneficiado, con una reducción casi total de su sanción.
¿Por qué se redujeron las multas?
Las multas originalmente ascendían a 65.2 millones de pesos, pero fueron ajustadas tras la entrega de documentación de última hora por parte del SAT y los propios partidos. El PT logró reducir su sanción en 27.5 millones, y el PVEM en 7.6 millones.
Reacciones y controversia
- El PRI anunció que impugnará la multa ante el Tribunal Electoral, alegando falta de certeza en los cálculos del INE.
- La consejera Carla Humphrey criticó la práctica de entregar información extemporánea para modificar sanciones.
- Algunos partidos agradecieron al INE por permitirles regularizarse, mientras que otros cuestionaron la imparcialidad del proceso.
¿Qué sigue para los partidos?
Las multas deberán ser pagadas conforme al reglamento de fiscalización. El INE continuará monitoreando el cumplimiento de obligaciones fiscales para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
