En los últimos años, las declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos han despertado al empolvado nacionalismo revolucionario, generando espectaculares declaraciones de varios de nuestros políticos que van desde la indignación y molestia hasta el falso patriotismo. De inmediato, surge lo más recalcitrante de la demagogia y del discurso populista, para hacer sentir a los resignados mexicanos que están defendiendo el suelo patrio de los intereses mezquinos del vecino del norte.
En otros tiempos, varios de los ofendidos estarían llamando a la unidad nacional, convocando a la marcha por la defensa de la soberanía y no faltaría alguno que estuviera convocando a formar al ejército popular ante la eminente intervención de los norteamericanos. El populismo en su pleno esplendor. Afortunadamente las cosas han cambiado y esos exabruptos ya solo quedan en declaraciones sin sentido, carentes de valor y ya no convencen a nadie.
No son pocas las opiniones que coinciden que México es un Estado fallido; tampoco son pocas las que señalan que los grupos de narcotraficantes tienen el control de amplios sectores del territorio nacional. También son frecuentes las expresiones sobre la existencia de un narco-estado, narco-democracia o de la existencia de un estado paralelo.
Cada uno de los generadores de opinión trata de ofrecer argumentos sobre su posición, y es en la diversidad de razonamientos donde cada quien se forma un criterio sobre lo que está pasando en el país. Podemos diferir, pero el debate existe y quienes no salen bien librados son precisamente los responsables de tomar las mejores decisiones, de impulsar los acuerdos necesarios para combatir al crimen organizado: los políticos mexicanos; esos que enfurecen cuando son criticados por su inoperancia.
Tenemos una clase política indignada, pero ineficiente. En foros internacionales no salen bien librados; en cada evaluación de los acuerdos que firma el Estado Mexicano tampoco nos va mejor.
En un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos- aprobado para su publicación el 25 de noviembre del 2008 y dado a conocer en enero del 2009- ubicaron a México dentro del apartado “Estados Débiles y Fallidos” donde se dice que en términos de los peores escenarios que el Comando Conjunto pudiera enfrentar,… existen dos grandes estados que encaran la consideración de un colapso súbito: Pakistán y México.
En México -dice el documento- el gobierno, los políticos, las policías, y su infraestructura judicial están bajo asalto y presión continua por parte de las bandas criminales y los cárteles de la droga. La manera en que estos problemas internos se desarrollen tendrá un efecto mayor sobre la estabilidad del Estado mexicano. El informe concluye que si México llegara a caer en caos, la situación demandaría una respuesta estadounidense basándose en el peligro que esto representaría para su territorio.
Por su parte, la Señora Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, comentó que los cárteles de narcotráfico en México empiezan a parecer grupos insurgentes, al punto que considera que el vecino se está pareciendo “a la Colombia de hace 20 años donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país”. “Estos cárteles de la droga están mostrando cada vez más y más indicios de insurgencia”. México necesita “una combinación de mejoras de las capacidades institucionales junto a la voluntad política” para prevenir que el problema del narcotráfico y su potencial transformación en insurgencia se extienda.
Poco tiempo después Joseph W. Westphal, Subsecretario del Ejército de los Estados Unidos, señaló que “los cárteles del narcotráfico en México son una forma de insurgencia y potencialmente podrían tomar el control del gobierno mexicano; y, externó su preocupación porque la situación pueda provocar que Estados Unidos tenga que enviar soldados, tanto en la frontera como a través de ella para pelear contra esa insurgencia”.
Por su parte, Janet Napolitano, Secretaría de Seguridad Interna, dijo: “Hemos estado pensando a futuro durante algún tiempo sobre qué pasaría si, digamos, Al-Qaeda se aliara con los Zetas –uno de los cárteles de la droga”-.
A su vez, el Jefe de los Organismos de Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, apuntó que la violencia del crimen organizado es una “enorme preocupación” para su país y consideró inadecuada las capacidades del Ejército y la policía de México para contener a los cárteles.
Guardando las proporciones y aceptando las diversas interpretaciones que estas declaraciones pudieran derivar, México vive un momento crucial, de alto riesgo, donde la alternancia política ha resultado un fracaso y la democracia se consolida como un desencanto para los mexicanos. El gran problema es que los únicos que no se han percatado de ello son los líderes políticos que gozan del fuero constitucional, que cuentan con el marco legal y legítimo para actuar y no lo hacen. Se refugian en declaraciones justificantes, pero promueven acciones de alto desgaste ante el adversario que está en funciones de gobierno, para ganar elecciones y ejercer el poder que significa el control del erario público.
Un número importante de nuestros políticos están en funciones desde hace veinte, treinta cuarenta, o más años. Tal vez, por eso, su realidad vive en el pasado; lamentablemente para ellos y afortunadamente para las generaciones presentes ya no existe la manipulación extrema del aparato del Estado, tampoco de los medios de comunicación ni el control extremo sobre la libertad de expresión y el periodismo. El efecto de sus declaraciones termina en el momento que las expresan. No trascienden ni conmueven a nadie. La política exterior de cualquier país puede guiarse de la forma que considere viable para la defensa de sus intereses; México tiene que hacer lo propio, con sus medios, sus recursos, pero dando prioridad a los asuntos de mayor interés para la población, apoyándose en su política exterior cuando sea el caso.
Bueno sería que los actores de la política nacional tuvieran la voluntad -y con la misma demencia con que protestan las declaraciones provenientes del exterior-, se pusieran a trabajar en los acuerdos que requiere el país. No es necesario que alguien desde fuera nos diga que los criminales tienen el control de amplias zonas territoriales del país, que cobran impuestos en forma paralela al Estado, que tienen el control de varios sectores de las policías, que están mejor armados que las fuerzas locales y federales, que tienen una capacidad financiera capaz de corromper a los encargados de las instituciones de gobierno, que ejercen actividades lícitas e ilícitas en un contexto global, que cuentan con mejores medios de inteligencia que el aparato oficial, que son más ágiles en sus estrategias que los gobiernos, que no están sujetos por fronteras políticas, que logran acuerdos que las burocracias gubernamentales no pueden, etc.
Si los Estados Unidos piensan lo que sus funcionarios han declarado, lo que Wikileaks dio a conocer, más lo que los propios ciudadanos norteamericanos perciben de México, bien valdría la pena promover con mayor vigor una estrategia conjunta, con carácter multinacional que incluyera a los países centroamericanos que tienen menor capacidad que el nuestro, para enfrentar a los cárteles mexicanos. De poco serviría un acuerdo binacional si la frontera sur del país queda en las condiciones actuales. No se trata de ver el asunto exclusivamente del narcotráfico sino el conjunto de crímenes que integran y ejerce el crimen organizado.
Para no ir muy lejos, los mismos legisladores, funcionarios de gobierno y líderes de partidos políticos deben empezar por aclarar por qué México únicamente ha dado cumplimiento al 35 por ciento de las cláusulas de la Convención de Palermo que se refiere al combate de la delincuencia organizada trasnacional; y, al 25 por ciento de las cláusulas de la Convención de Mérida que hace referencia a la lucha contra la corrupción. Luego se enojan por lo que digan nuestros vecinos norteamericanos, ¿Tendrá algún sentido firmar tratados internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y no cumplirlos?, ¿Tendremos razón de enojarnos cuando desde el exterior nos dicen que somos un estado fallido o es pura simulación por nuestra incapacidad?, ¿Qué opinión tendrán los mexicanos que viven en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León? Valdría la pena preguntarles.
