TOLUCA, Méx.- El flujo de población migrante del Estado de México en la frontera norte del País con Estados Unidos, donde hasta 40 mil mexiquenses son deportados anualmente, hace indispensable la creación de leyes que resguarden los derechos humanos de los connacionales y sus familiares.
En conferencia de prensa el diputado panista David Domínguez Arellano, presidente de la Comisión Legislativa de Atención y Apoyo al Migrante de la LVII Legislatura, informó que la población mexiquense radicada en el país del norte es de los más activas en envío de remesas, que representan hasta mil 700 millones de pesos anuales, los que impactan en la economía regional de los municipios expulsores del Estado de México.
Explicó que según estudios UAEM, diariamente hasta 100 habitantes de alguno de los municipios de la entidad dejan sus lugares de origen para buscar el llamado “sueño americano”, con el objetivo de obtener una mejor forma de vida para ellos y sus familias.
En rueda de prensa, el legislador panista resaltó la importancia de hacer leyes para proteger a los migrantes mexiquenses, tras señalar que en la ciudad estadounidense de Illinois hay 17 mil migrantes procedentes del municipio de Tonatico, cuando actualmente la población de esa localidad del estado es de 16 mil personas.
Destacó que de 40 mil migrantes que llegan a los Estados Unidos anualmente para emplearse en diferentes áreas, hasta un 50 por ciento de son de origen indígena, “predominantemente mujeres mazahuas y otomíes, que deben enfrentar incluso la cruda discriminación, no sólo por el color de su piel, su fisonomía o indumentaria, sino también por su lengua original, ya que muchos de ellos no hablan español”.En ese sentido, calificó de urgente y necesario elaborar leyes tendientes a proteger los derechos humanos de los migrantes mexiquenses y sus familias, por lo que en el actual periodo ordinario de sesiones de la LVII Legislatura propondrá una iniciativa que otorgue derechos a los connacionales que emigran, pero también a sus descendientes, que en la mayoría de los casos se quedan en nuestro país y sufren la falta de apoyo del padre de familia.
Domínguez Arellano destacó que su iniciativa se basa en los riesgos múltiples que enfrentan los migrantes de la entidad mexiquense, y tiene el objetivo de apararlos jurídicamente y gocen de herramientas para su defensa en caso de alguna injusticia.
