CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La crisis sanitaria desatada por el COVID-19 nos demanda actuar con prudencia y determinación, el Estado debe atender de forma prioritaria el plazo corto, no obstante, las decisiones inmediatas no deben afectar las acciones que rinden frutos en los plazos mediano y largo, menos aún las materias de enfoque eminentemente social como la educación, la cultura, y particularmente la ciencia, tecnología e innovación.
El pasado 02 de abril, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un Decreto Presidencial que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal, para concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación y hacer frente al desafío que tenemos hoy en día.
En esta tesitura, y en apego a la fracción V del artículo 3 de nuestra Constitución, es un deber del Estado hacer un cuidadoso análisis de todos aquellos que tengan un fin social educativo, cultural y sobre todo de apoyo a la investigación científica y el desarrollo tecnológico; adicionalmente, la Ley de Ciencia y Tecnología faculta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para establecer y operar fondos, cumplir con los programas y actividades sustantivas de investigación, docencia, vinculación y divulgación en los tres órdenes de gobierno.
